‘Zonas vulnerables’, más escollos al campo

Nuevo escollo para los agricultores y ganaderos por la consagración de criterios de movimientos conservacionistas en la normativa de Castilla y León . El sector agrario de la Comunidad autónoma perderá competitividad si sale adelante el ‘Decreto de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos’ y el ‘Código de buenas prácticas agrarias’, ahora en fase de proyecto. 

Un proyecto que aprobó el pasado jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de buenas prácticas Agrarias. El decreto declara 24 zonas vulnerables integradas por 387 municipios, lo que supone un aumento de más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie a proteger, según informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El Código de buenas prácticas agrarias tiene carácter obligatorio en esas zonas y es voluntario en el resto.

La Administración autonómica justifica las medidas en que la contaminación por nitratos de las aguas «es un problema de salud pública, ya que limita el abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas y obliga a disponer de costosos sistemas de depuración; además, desde el punto de vista medioambiental se produce una eutrofización de las aguas –contaminación por exceso de nutrientes-, provocando con ello pérdidas de biodiversidad en los ecosistemas». El origen de este nitrógeno que contamina las aguas «deriva, al menos en parte, de los excesos de aportes nitrogenados a los cultivos con fines de fertilización realizados con abonos químicos y abonos orgánicos», una interpretación con la que no están totalmente de acuerdo agricultores y ganaderos.

El texto del Decreto aprobado el jueves declara 24 zonas vulnerables integradas por 387 municipios, frente a las 10 zonas y 67 municipios que contenía el decreto anterior 40/2009. «Es una propuesta muy ambiciosa, que aumenta en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340 kilómetros cuadrados a 14.414», explicó el área del consejero Suárez-Quiñones. Esto supone «tener una figura de protección sobre el 15% de la superficie de la Comunidad, que representa el 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León».

Las 24 zonas vulnerables incluidas en el anexo I del Decreto, que afectan 387 municipios, se distribuirán, de aprobarse finalmente el Decreto, por  provincias, de la siguiente manera, según especificó Fomento y Medio Ambiente: Ávila, la Moraña; Burgos, zonas de Aranda de Duero, Aluvial Miranda de Ebro, Aluvial del Oca, Aluvial del Tirón, Castrojériz-Villadiego, Ibeas de Juarros y algún municipio de la zona de Páramo de Esgueva; León, la zona Páramos de León; Palencia, zona Campos-Astudillo, Páramo de Esgueva y Páramo de Torozos; en la provincia de Salamanca, las zonas vulnerables son Armuña - Peñaranda, Armuña - Salamanca y Campo Charro; en Segovia, están incluidas las zonas Churrería, Arenales y Cantimpalos-Segovia; en Soria, las zonas Ágrada-Ólvega, Almazán y Fuentes Cantos; Valladolid presenta la zona de Arenales, Churrería, Medina, Páramo de Esgueva, Páramo de Torozos y Tordesillas; y finalmente Zamora, cuenta como zonas vulnerables Villafáfila y Zamora.

Las zonas vulnerables incluyen no solamente a aquellos municipios donde se detecta la contaminación, sino que incluye otros municipios próximos, «ya que la contaminación puede estar introduciéndose en un sitio y detectándose en otro» , justificó el organismo autonómico.

Exigencia de la UE

La elaboración del texto , que revisa el Decreto 40/2009, de 25 de junio, «ha sido fruto de un largo proceso que ha pretendido recoger todas las evidencias científicas detectadas, así como los intereses y sensibilidades de todos los sectores de la Comunidad. El decreto es exigencia europea, de conformidad con la ‘Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991’, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura».

Este nuevo decreto «da un paso más en la protección del medio ambiente que debe ser un elemento esencial para la consecución de una calidad ambiental adecuada y compatible con el desarrollo sostenible», reafirma Fomento y Medio Ambiente. Para agricultores y ganaderos, sin embargo, la norma da un paso atrás en la sostenibilidad de las explotaciones y en la competitividad de los productos agrícolas y ganaderos de Castilla y León.

Por si fuera poco, con el Decreto se aprobará también el denominado ‘Código de buenas prácticas agrarias (CBPA)’ , cuyo objetivo, según la Administración autonómica, «es poner a disposición del sector agrario la información necesaria para que la actividad que se desarrolle no perjudique la capacidad edáfica de los suelos –es decir su naturaleza y composición, como su  pH, humedad, contenido de nutrientes, composición química, etcétera- , y mantenga la calidad de los mismos, mejore la productividad de los cultivos, adopte medidas preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas; en definitiva, para que realice una actividad agrícola racional».

Otra vez el ‘Green Deal’

Para los profesionales del sector, por contra, es un paso más en las políticas del Green Deal de la Unión Europea que, con estrategias como la recién presentada ‘De la granja a la mesa’, terminarán por imposibilitar la producción masiva de alimentos que se necesita cultivar y criar en Europa, y conducirán a la entrada incontrolada en el mercado de productos de terceros países a los que no se les exige ese sinfín de requisitos para producir. 

La implicación para los agricultores afectados es básicamente, según la Consejería, que deberán desarrollar planes de fertilización que tengan en cuenta todos los aportes de nitrógeno que tiene el cultivo, como por ejemplo, los nitratos en las aguas de riego, restos de las cosechas anteriores o de anteriores aportes, entre otros, «todo ello con la finalidad de evitar aportar excesos de nitrógeno en los cultivos, que son los que provocan esta contaminación».

El CBPA incluido en el Proyecto de Decreto en su Anexo II «debe ser el marco de referencia para el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, en consonancia con una utilización racional de los fertilizantes nitrogenados y, además, será la base para el desarrollo de los programas de actuación mucho más concretos y específicos para cada una de las zonas vulnerables designadas».

El CBPA tiene carácter obligatorio en esas zonas y voluntario en el resto, aunque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dispondrá de un plazo de un año para tras la publicación de la Orden que apruebe el programa de actuación para las zonas designadas como vulnerables, que estará basado en las directrices establecidas en el Código de buenas prácticas agrarias, y que será de obligado cumplimiento en esas zonas de Castilla y León. El Consejo Agrario de Castilla y León conoció el texto del decreto en su reunión del pasado mes de mayo.

RECELO

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) miran con recelo la normativa y consideran que la Administración pone otra vez piedras en el camino al sector. Así, Asaja salió al paso de la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta para criticar el incremento de 67 a 387 municipios de Castilla y León considerados especialmente vulnerables, una subida con la que la Opa expresó su disconformidad «por no compartir los criterios que se han tenido en cuenta ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación».

Según la organización, los mismos estudios oficiales reconocen que, aún en el caso de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación ‘difusa’, que no obedece a un patrón único identificable. «Por ejemplo, se incluyen zonas en las que abunda la ganadería y otras en las que no, zonas en las que existe una agricultura más intensiva y otras en las que no. Por lo tanto, la propia Administración reconoce que no hay relación directa entre la contaminación por nitratos y la ganadería o la agricultura más intensiva», explicó Asaja.

La Opa mayoritaria en la Comunidad tampoco está de acuerdo con muchas de las medidas correctoras, que «resultan cuando menos de eficacia dudosa y que supondrán un freno a la productividad de las explotaciones», y apunta también a «un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas».

Y es que la propuesta aumenta en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340,62 kilómetros cuadrados a 14.414,11 kilómetros cuadrados, puso de manifiesto Asaja.  Esto supone «tener una figura de protección de las aguas sobre el 15% de la superficie de la Comunidad. Pero mucho más significativo es que se extiende hasta el 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León». 

Asaja señaló que la actividad agrícola es «la única actividad económica en la mayor parte de nuestro territorio» . En general es poco productiva, lo que exige optimizar los recursos empleados, por lo que «el ahorro de costes es un factor determinante». Por ello, «el agricultor no hace aportaciones de abonado por encima de lo necesario, porque sería un lastre para su productividad y menos cuando hay sequía, porque perjudica agronómicamente y en regadío la modernización es continua, sustituyendo sistemas obsoletos para evitar escorrentías y pérdidas de nutrientes».

BAJA CARGA GANADERA

Por todo ello, la organización hizo una defensa especial de la ganadería, «actividad que es fundamental para la economía y que es la que más población fija todo el año». Castilla y León tiene una baja carga ganadera, y el uso del abono orgánico en la amplia superficie agrícola de la Comunidad Autónoma «no tiene por qué suponer un problema medioambiental», subrayó. «Por ejemplo, la carga ganadera de porcino en Cataluña es de 240 cerdos por kilómetro cuadrado, en Aragón de 166, mientras que en Castilla y León es de 42 cerdos por kilómetro cuadrado». Además de la gran extensión de la Comunidad, «hay ya unas exigentes normas de gestión de residuos».

También la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) lamentó el proyecto de Decreto. «Es otra exigencia de Bruselas que va a suponer una bajada de producción y una pérdida de competitividad repecto a países terceros», señaló su coordinador, Jesús Manuel González Palacín. «Y seguimos sin exigir esos mismos compromisos a los productos importandos», lamentó.

La semana se cerró con otro gran enfrentamiento entre los intereses del sector agrario y las tesis ecologistas: la agilización de trámites para abrir explotaciones en el marco de la crisis post Covid-19. Así, Ecologistas en Acción pidió a los grupos parlamentarios que no convalidaran el que denominaron ‘Decretazo’ del Gobierno autonómico que permite, en determinados casos, una declaración responsable en vez de un estudio de impacto ambiental para la apertura de explotaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero , defendió el pasado martes en el Pleno de las Cortes la concesión de licencias a proyectos si son proyectos viables y sostenibles desde los principios ambientales y de legalidad. También recordó que el Ejecutivo mantiene el límite de 720 unidades de ganado mayor para las explotaciones porcinas y que se sustituye la licencia por una comunicación, «pero con controles y el cumplimiento de los requisitos».