‘Sprint’ en la Unión Europea para lograr «una PAC justa y sostenible»

España hace sprint en Europa para lograr que no haya recorte en el nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) que se negocia en Bruselas. Es mucho lo que se juega Castilla y León, por ello el Gobierno autonómico se ha adherido a un manifiesto europeo ‘por una PAC justa y sostenible’ impulsado por 15 regiones agrícolas de la UE. Mientras, la Organización Profesional Agraria Coag calcula en 875 millones de euros las pérdidas que sufriría la Comunidad autónoma con la rebaja del presupuesto que hay sobre la mesa.

Según esos cálculos, los agricultores y ganaderos de Castilla y León sufrirían ese recorte de fondos de la PAC de 875 millones en el periodo 2021-2027 –lo que se traduce en la cantiad de 125 millones al año–, en caso de aplicarse la propuesta que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realizó el pasado 14 de febrero frente a la elaboración del Marco Financiero Plurianual.

La propuesta de Michel reduciría los fondos de las ayudas directas un 10,1% mientras que los de desarrollo rural serían cercenados un 25,1. Por tanto, según la estimación de Coag en una nota de prensa remitida a los medios hace pocos días, el campo de Castilla y León dejaría de percibir del Fondo de Garantía Agraria, es decir, de ayudas directas, 92,84 millones de euros al año tomando como referencia la media del periodo 2014-2019, que es de 919, 2 millones de euros anuales.

Asimismo, en el Fondo de Desarrollo Rural, el «tijeretazo» sería de 30,25 millones de euros anuales si se aplica la intención de la Comisión de bajar un 25,1% la partida de 120,5 millones de euros anuales que Castilla y León percibió de media en el periodo 2014-2019.

De momento, la propuesta de Charles Michel, recodó Coag, «no es la más severa de todas las que se han puesto sobre la mesa, puesto que los denominados países frugales, Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos proponen un recorte aún más drástico hasta dejar el presupuesto europeo en un 1% del PIB de la UE».

Países 'amigos'

En el otro extremo, están los denominados países «amigos de la cohesión», entre los que se encuentra España, que proponen mantener el actual presupuesto comunitario. Todo apunta que al margen de las cantidades propuestas por los grupos antes de sentarse en las mesas de negociación, el Presupuesto de la Unión Europea «sufrirá un recorte considerable», afirmó la Opa, que «consciente de esta realidad, insiste en que la cuestión clave será cómo se distribuye el fondo y entre qué perceptores se reparte».

En ese marco, el Gobierno autonómico, por mediación de la Delegación de Castilla y León ante la Unión Europea, se ha sumado en Bruselas a las reivindicaciones plasmadas en el manifiesto impulsado la pasada semana por Coalición Rural –ocho colectivos profesionales sectoriales, vinculados al medio rural– y la Coalición de Agriregiones Europeas –catorce regiones europeas, más Castilla y León–. Los firmantes demandan a la Unión Europea una estrategia ambiciosa para el desarrollo de áreas rurales en la Política Agraria Común más allá del año 2020, contar con un presupuesto adecuado dentro del próximo Marco Financiero Plurianual y no relegar al medio rural en el diseño del denominado ‘Green Deal Europeo’.

La Junta de Castilla y León se suma a esta petición colectiva y pública, a nivel europeo, para que en el presupuesto futuro para la Unión Europea se considere la Política Agraria Común como pilar esencial para el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y, en consecuencia, el presente y el futuro del medio rural. Las organizaciones profesionales y los representantes de las administraciones regionales sostienen que una PAC justa y sostenible es vital para hacer frente a los retos demográficos en las áreas rurales, y que estas sean sostenibles a largo plazo.

Tal y como también se recoge en el documento suscrito, el apoyo público para las áreas rurales «debe mantenerse al menos en el mismo nivel que el fijado en el periodo 2014-2020». Al mismo tiempo, este manifiesto hace mención a poder compaginar los futuros recursos de la PAC con fondos europeos que han de ser mejorados, en alusión a los fondos Feder y Fondo Social Europeo. En el manifiesto se acentúa la necesidad de esta financiación para disponer de infraestructuras adecuadas y apoyar la prestación de servicios básicos. Al tiempo, se hace hincapié en poder facilitar el emprendimiento, el empleo joven y potenciar el papel de la mujer en el medio rural.

La ‘Carta abierta’ de la Coalición Rural y la Coalición de Agriregiones Europeas, pide a la UE que apoye «la diversidad de sus áreas rurales». Según el texto, eso requerirá «establecer una estrategia ambiciosa en la PAC posterior a 2020, proporcionar un presupuesto adecuado en el próximo Marco Financiero Plurianual y no dejar atrás a las comunidades rurales en el Acuerdo Verde Europeo».

Más de 3,5 millones asignados a 579 beneficiarios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, ha resuelto la asignación de la reserva nacional del Régimen de Pago Básico de la campaña 2019, de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional sobre la asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común (PAC).

Castilla y León es la Comunidad con mayor número de beneficiarios y de importe ya que en total son 579 los beneficiarios que van a percibir 3,5 millones de euros (26,5% del total nacional) lo que supone una asignación media de 6.803 euros por agricultor, según informó la Consejería.

Del total de beneficiarios 489 son jóvenes agricultores que recibirán 2,9 millones que supone una asignación media de 6.037 euros por joven agricultor en concepto de pago básico. Además, podrán beneficiarse de un pago complementario, que a partir de esta campaña 2019 supone el 50 % del importe medio de sus derechos activados, hasta un máximo de noventa derechos.

La reserva nacional de pago básico ha concedido a otros agricultores que comienzan la actividad agraria un total de 570.000 euros, a repartir entre noventa beneficiarios, lo que supone una asignación media de 6.332 euros por beneficiario.