INCERTIDUMBRE
Los remolacheros de Miranda, ante la caída de la producción y el precio
PREOCUPACIÓN La alcaldesa logró el compromiso ministerial de que se trabajará por un acuerdo de precios justos que asiente «un sector primordial» que da trabajo a 70 mirandeses y a más 200 durante la campaña
La planta mirandesa recibe producto de otras muchas regiones españolas. / ECB
La remolacha se ha convertido en la nueva pelea en la que se encuentra inmersa la sociedad mirandesa, siendo el primero de sus ‘guerreros’ el propio Ayuntamiento. De hecho, su responsable, la alcaldesa Aitana Hernando, no dudó en solicitar una reunión con los responsables del Ministerio de Agricultura, ante el remarcado descenso de la producción de estos años y la incertidumbre que esto ha generado sobre el futuro de la actividad en la ciudad, sobre todo por la falta de acuerdo con Azucarera, una de las empresas que la moltura ubicada en la localidad.
De ahí que viajara la pasada semana a la capital donde mantuvo un encuentro con el secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, y la directora general de Producción y Mercados Agrarios del Ministerio, Esperanza Orellana. Y en la que también estuvieron el concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián, miembros del comité de empresa y de los sindicatos UGT y CCOO, ya que Hernando remarcó la importancia que para Miranda tiene la planta azucarera, al formar parte de la vida industrial de la ciudad y mantener muchos empleos, tanto durante la campaña de recogida de remolacha como durante el resto del año.
La reunión coincidió casi en el tiempo con el cierre de la campaña en Miranda, con 272.463 toneladas de remolacha molturadas desde que a finales de octubre comenzaran a llegar los primeros camiones, extraídas de las 3.110 hectáreas de plantación (de las que 1.412 están en Álava; 929, en La Rioja; 360, en Navarra; 336, en Burgos y 64, en Palencia). Y que suponen casi 400 menos (cerca de un 30% menos de superficie de remolacha cultivada frente a años anteriores), debido según entienden las agrupaciones agrarias, por el conflicto que mantiene la empresa con los agricultores por el precio por el productos.
Diversos orígenes del producto que ha llevado a exigir un acuerdo que logre al menos resarcir a quienes siguen trabajando en este producto a pesar de los altibajos, no sólo desde el Consistorio y la ciudadanía mirandesa sino también de las vecinas regiones de La Rioja y Navarra, cuyos remolacheros también llevan su producto a esta planta. «Porque evidentemente es una cuestión en la que no se trata de fronteras sino de un sector que involucra a muchos profesionales y con ellos a sus familias», recuerda el gerente de Asaja Burgos, Rafael Díaz.
«Y por ello la voz de queja ha sido unánime en la reunión que tuvimos hace apenas dos semanas de la mesa zonal que se celebra al concluir la recogida -al igual que se celebra otra al inicio-, donde seguimos planteando que se retomen los precios existentes hasta el pasado año a través del acuerdo existente entre las partes -el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI)-, y que Azucarera rompió de forma unilateral excusándose en los bajos precios mundiales».
Acuerdo que como recuerda, recogía que el precio por tonelada de remolacha se le pagaría al productor a 42 euros, de los que 26 euros eran el precio base, 10 de ayuda de la UE y 6 por complementos como el transporte o la cercanía. «Pero Azucarera rompió el acuerdo que tenía 2019 como año de conclusión, y decidió restar esos 6 euros dejando el precio en 36 euros, que al agricultora apenas le compensa».
Postura que, como recuerda, ya hizo que el pasado año muchos de los remolacheros decidieran vender su producto a la segunda gran empresa molturadora, Acor, la cual ha asegurado que mantendrá los 42 euros acordados.
«Pero también fueron muchos los que decidieron dejarlo todo y abandonar el cultivo, lo que dio como resultado un descenso de un 20-30% en la recogida de toneladas de remolacha».
Y es que la empresa recibía hasta el pasado año la remolacha de más de 3.226 agricultores individuales y asociados en unidades de producción de Castilla y León, Andalucía, País Vasco, La Rioja y Navarra, los cuales sin embargo quedaron reducidos casi a la mitad tras el cambio de postura de Azucarera.
Situación que podría volver a repetirse -advierte- al estar ahora negociándose el contenido del nuevo AMI tras haber concluido el anterior. «Porque si muchos se quedaron fue porque se habían comprometido a ello y lo han mantenido hasta ahora en que al no haber ya acuerdo no tienen ningún compromiso», advierte.
Los agricultores piden que el precio de la remolacha que se acuerde les permita equilibrar gastos y beneficios. / EC
Y es que a pesar de ser Miranda y su entorno una de las zonas más afectadas -por tener la doble vinculación de sus agricultores y de la plantilla que de forma continuada o esporádica durante la campaña trabaja en la Azucarera-, este vaivén también ha quedado patente en otros puntos de la provincia del propio campo burgalés, a la par que en otras provincias de Castilla y León
Así lo confiesan también en algunos puntos de la comarca de la Ribera, «donde se ha podido ver cómo muchos de los agricultores que antes estaban vinculados a este mundo, y han querido mantenerse pero con algo de seguridad, se decantaron por Acor, ya que mantenía el precio», explica por ejemplo el alcalde de Quemada, Javier Núñez.
Y es que tras llevarse años atrás la planta de Aranda a Peñafiel para acabar cerrando también ésta poco después y tener que trasladarlo todo a la planta de Miranda, «a muchos de esta zona comenzaba a no compensarles al ser el transporte un gasto más», recuerda Núñez.