Ponferrada tendrá que devolver 2,5 millones por el crédito del Mundial de Ciclismo

El Ayuntamiento de Ponferrada deberá devolver 2,5 millones de euros al Banco Santander, correspondientes al crédito otorgado para la celebración del Mundial de Ciclismo de 2014 durante el mandato del exalcalde Samuel Folgueral. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien estima la reclamación que presentó esta entidad bancaria. El Consistorio también tendrá que pagar los intereses generados en estos años y las costas procesales.

El Banco Santander formuló un recurso contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en la que se había dado la razón al Ayuntamiento de Ponferrada, quien no tendría que abonar ese dinero a la entidad bancaria. Ahora el Alto Tribunal de Castilla y León estima que el Consistorio sí debe hacer frente a esa deuda.

El crédito se había concertado a través de la Fundación de Deportes, organismo que eliminó posteriormente la alcaldesa ‘popular’ Gloria Fernández Merayo. Precisamente la sentencia del TSJCyL recrimina esa disolución sin que antes se hiciera efectivo el pago de las deudas contraídas, como ésta con el Banco Santander.

El Ayuntamiento de Ponferrada estudia ahora presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta decisión judicial.

La teniente de alcalde de Ponferrada, Lidia Coca, reconoce que esta sentencia es un “varapalo” para el municipio, ya que esa gran cantidad de dinero es necesaria para afrontar las necesidades de la ciudad y sus habitantes, como por ejemplo la mejora de las infraestructuras o la revitalización de la actividad económica. “La proyección hacia este momento de decisiones anteriores que provienen, en este caso, de hace una década, tiene un impacto muy importante, por lo que hay que analizar sus consecuencias financieras y sobre todo las posibilidades jurídicas que tiene un recurso contra esta resolución”, añadió.

“Los servicios jurídicos están analizando la conveniencia de iniciar una nueva fase judicial, que llevaría a la presentación de un recuso de casación, y por otro lado su viabilidad jurídica", explicó.

Coca recordó que iniciar otro proceso judicial también podría conllevar un incremento en los gastos del procedimiento, en caso de que finalmente el Ayuntamiento tenga que asumirlos, como dicta la sentencia del TSJCyL. “Tenemos que ser muy prudentes y hacer lo mejor para la ciudad”, concluyó.