Indemnización de Sanidad por falta de vigilancia a una joven que se suicidó en el hospital de León

La Consejería de Sanidad reconoce que falló en la atención prestada a una joven de 29 años que accedió al servicio de urgencias del hospital de León y, una vez ingresada, se quitó la vida. La falta de medidas de control y vigilancia, al no aplicar el protocolo de suicidio pese al riesgo que presentaba la paciente al expresar «ideaciones autolíticas», supone una negligencia por parte de la Administración autonómica. Así lo admite Sacyl al aceptar resarcir a la familia con 358.000 euros.

«Es evidente, a la luz de la documentación obrante, que la Administración ha incumplido sus propios protocolos y manuales, con una inadecuada valoración del riesgo de suicidio, produciendo un claro quebranto de la lex artis y una culpa in vigilando», explica el Consejo Consultivo en su dictamen sobre el expediente de responsabilidad patrimonial presentado por la familia (el pronunciamiento del órgano consultivo es obligatorio en este tipo de procedimientos cuando el importe reclamado a la Junta supera los 6.000 euros).

En enero de 2021, la familia de la paciente presentó el escrito para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León «por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria que le fue prestada» a su hija, hermana y madre de dos menores.

El fallecimiento de la mujer había tenido lugar el año anterior, durante la pandemia. Según lo relatado por la familia en su reclamación, la paciente acudió en mayo de 2020 al hospital de León derivada desde otra clínica «y presentando ideas negativas, autolesivas e incluso autolíticas». Accedió al complejo asistencial público por el servicio de urgencias y luego fue ingresada en el hospital pero «no se adoptó ninguna medida de precaución que evitase» la consumación de esas ideaciones. Los protocolos establecen, entre otras pautas de prevención, retirar los cordones del calzado a pacientes de riesgo para evitar una muerte por ahorcamiento. En este caso no se tomó esa medida y aquella madrugada se quitó la vida.

La Consejería de Sanidad ha tardado más de tres años y medio en tramitar el expediente desde que recibió la reclamación en 2021 para solicitar la indemnización por mala praxis. El paso por el Consejo Consultivo es el penúltimo trámite antes de que la Consejería de Sanidad formule su propuesta de resolución. En su dictamen, el órgano presidido por Agustín Sánchez de Vega estima por unanimidad la propuesta de orden remitida desde Sacyl, al coincidir tanto en la exposición de los hechos como en la cuantía que procede en este caso para resarcir los daños ocasionados, que la propia Administración fija en 358.000 euros con el visto bueno de su asesoría jurídica.

«Sostienen los reclamantes que el fallecimiento de la paciente se debió a la falta de adopción, por parte de la Administración, de las medidas de control y vigilancia a las que vendría obligada, y todo ello a pesar de la manifestación de ideación autolítica que había manifestado en los días previos», sostiene el Consultivo, que analiza el asunto desde una perspectiva jurídica para determinar «si el intento de autolisis resultaba o no previsible a la vista de los antecedentes y sintomatología de la paciente, ya que en caso afirmativo hubiera sido necesario, efectivamente, adoptar medidas de control, atención y cuidado adicionales». Evalúa, así, si «debido a su estado psicológico, era previsible que se comportase creando riesgos para sí misma, pues si la situación es conocida por la Administración sanitaria, ésta tendría un mayor deber de vigilar el comportamiento de quien se encuentra privado de una capacidad normal de discernimiento».

«Resulta acreditada la existencia de nexo causal entre el fallecimiento de la paciente y la actuación administrativa», concluye en su dictamen el Consejo Consultivo

Tras repasar el expediente, el Consultivo concluye que «resulta acreditada la existencia de nexo causal entre el fallecimiento de la paciente y la actuación administrativa», estimando así la reclamación. «Tal nexo causal es reconocido por la propia Administración en su propuesta de orden», agrega.

Según se desprende de la documentación, el riesgo de suicidio sí había sido recogido en el informe de urgencias del hospital y en el del primer centro sanitario al que había acudido la paciente, desde donde fue derivada al complejo asistencial público de León. Sin embargo, no quedó bien recogido a la hora de indicar su ingreso hospitalario. La documentación para el ingreso en el servicio de psiquiatría hacía referencia «a la ideación suicida» pero «no quedó recogido el riesgo de suicidio de la paciente». Y, en consecuencia, no se adoptaron las medidas que hubieran sido exigibles en este caso.

Así lo constata la compañía aseguradora de la Administración en un informe que para el Consejo Consultivo resulta «sumamente contundente». Sostiene que «no se aplica el protocolo de suicidio de forma completa, ya que no se contacta con el facultativo responsable para reevaluar el riesgo al no haberse recogido en informe de ingreso». Y también recuerda, al respecto que, ante cualquier duda, «el personal de enfermería debe contactar al médico» si no está clara «cualquier eventualidad en la historia clínica o en el informe de ingreso».

En sus alegaciones, la familia mostró su conformidad con el cálculo de las indemnizaciones realizado por la Administración, «si bien consideran que no existe concurrencia de culpas y entienden que la única responsable del fallecimiento es la Administración».

Pedir ayuda

El suicidio es un importante problema de salud pública y, por tanto, se puede prevenir. En España se producen cada año alrededor de 4.000 muertes por suicidio (cerca de 200 en Castilla y León), unas cifras que los expertos sostienen que se pueden reducir con políticas y programas de prevención eficaces.

Los estudios estiman que «alrededor del 75% de las personas que consuman un suicidio hicieron alguna advertencia antes de llevar a cabo la acción». Los protocolos del Ministerio de Sanidad recuerdan que la mayor parte de las personas que anuncian sus intenciones están en algún punto de la cadena de comportamientos que comienzan con la ideación suicida, siguen con la planeación concreta y pueden concluir con la consumación de esa idea. «En muchas ocasiones se tiende a infravalorar esas advertencias» cuando en realidad «se deberían entender por regla general como peticiones de ayuda».

Los expertos recuerdan que la conducta suicida puede presentarse en múltiples procesos y confluir factores diversos: nunca es el resultado de un factor único o un acontecimiento, ni tampoco un diagnóstico de trastorno mental.

Existen varios teléfonos de atención a la consulta suicida, como la línea 024 o el teléfono de la esperanza.