La Junta desautoriza a Gallardo en inmigración

La llegada de 169 refugiados de Canarias a la Comunidad ha traído consigo un doble criterio en el seno de la Junta de Castilla y León. El vicepresidente, Juan García-Gallardo de VOX, cargó contra la llegada de estos inmigrantes: "Que los acoja la ministra en su casa o billete de vuelta a su país". Unas palabras que fueron desautorizadas por el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo del PP: "La posición de la Junta en materia de migración es la que manifestó la consejera de Familia. Castilla y León es una tierra de acogida".

Así pues, la Junta desautoriza las palabras del vicepresidente y su portavoz señala en reiteradas ocasiones que la posición de la Junta es "la que manifestó la consejera de Familia". Isabel Blanco, la titular de Familia, señaló el miércoles que Castilla y León "es una tierra de acogida y solidaria y va a continuar siéndolo, lo cual ha venido demostrando ante las graves crisis migratorias de los últimos años, tales como la de Ucrania, Afganistán y la constante llegada de migrantes a Canarias". "La respuesta de la Comunidad ha sido, en cada una de estas situaciones, la de recibir y atender a estas personas, que precisan de asistencia a muchos niveles", señaló Blanco. 

Un discurso totalmente opuesto al que defiende García-Gallardo que este mismo jueves ha criticado al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, por indicar que "VOX defiende un proyecto del siglo XIX". "Los emigrantes españoles iban a con contrato de trabajo, voluntad de integración y esperanza de regreso a su patria. Los moros vienen, en demasiadas ocasiones, a cobrar ayudas sociales, queriendo imponer sus costumbres y sin voluntad de regresar a sus países. No es lo mismo", manifestó en un post de la red social X, antes Twitter. 

El portavoz autonómico fue preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre las declaraciones de Gallardo y señaló que hay que "discernir de la posición de una persona cuando ejerce en su cargo institucional de la que puede tener, que puede tenerla, a título personal o a título de un partido político". "Hay responsables políticos que tienen actos públicos de sus partidos, acceden a mítines, eso está previsto dentro de la normativa española y pueden manifestar sus opiniones en libertad. A veces no siempre son las que institucionalmente están en condiciones de manifestar".

Por otro lado, Fernández Carriedo también se dirigió al delegado del Gabierno y señaló que la Junta se enteró de la llegada de estos inmigrantes por la prensa, al igual que la consejera de Familia el miércoles: "No es la primera vez. La otra vez era otra delegada del Gobierno y pidió disculpas, esperamos también las disculpas", sostuvo. 

De esta forma, exigió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "tendría que dar información a la Junta para poder dar la prestación". "Se tiene que contar con las comunidades autónomas y ONGs porque podríamos anticiparnos para tener previsto el servicio para estas personas", criticó. Por ello, el portavoz pidió al Gobierno que "cambié de actitud" para mejorar la atención a estas personas llegadas de Canarias. "Si no nos dan toda la información, a las personas no las podemos atender como nos gustaría".