El alcalde del PP de Cabañas Raras en León se enfrenta a 5 años de cárcel por prevaricación, fraude y malversación
Juan Marcos López Gutiérrez será juzgado por adjudicar una parcela del polígono a una empresa de la que es propietario junto a su mujer para un crematorio de perros
El alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López Gutiérrez (PP), comparecerá en la Audiencia Provincial de León los días 27 y 28 de marzo acusado de presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias tras la denuncia formulada por el concejal socialista Antonio Puerto González.
La acusación se refiere a la adjudicación de una parcela del Polígono Industrial de Cabañas Raras en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del regidor y su esposa, construyó un crematorio de mascotas , informa Ical.
Según un auto del Juzgado número 8 de Ponferrada, López Gutiérrez , alcalde y a su vez administrador de la entidad Mercantil Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, “ a sabiendas de su ilegalidad y del deber que tenía de abstenerse , tanto para solicitar las ayudas para proyectos de inversión para el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 2014, como para firmar como autoridad en el procedimiento de la licencia de construcción y licencia ambiental de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras, al igual que presidir la comisión que abrió las plicas el 11 de mayo de 2016 en la cual se incluía la plica de Clínica Veterinaria Bierzoo SLP con su oferta, siendo el único postor, e igualmente emitir su voto en el acto del pleno extraordinario del día 12 de mayo de 2016, en la cual se aprobó por unanimidad la adjudicación definitiva de la parcela 97, consiguió obtener una ayuda para Clínica Veterinaria Bierzoo SLP por importe de 53.819,92 euros".
Se da la circunstancia, informa el PSOE, de que el regidor popular se adjudicó la parcela por debajo del precio mínimo de licitación y que, al contrario de lo exigido para el resto de licitadores, no pagó el importe de la parcela hasta haber sido notificado de la denuncia interpuesta por el concejal socialista.
Las penas íntegras solicitadas por la acusación particular y la fiscalía alcanzan los cinco años de prisión, multa de 18 meses e inhabilitación especial y pérdida del derecho de sufragio pasivo durante ocho años .