Anticorrupción pide 8 años de cárcel para el leonés Alfredo Prada por el caso del Campus de la Justicia de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, el leonés Alfredo Prada y seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

Se les acusa, según una nota de prensa distribuida por la Fiscalía General del Estado, de los delitos continuados de prevaricación de los artículos 74 y 404 del Código Penal (CP) en concurso ideal del art. 77 con un delito continuado de malversación de caudales públicos de los arts. 74, 432 y 433 (alternativamente, con un delito continuado de fraude a la Administración Pública de los arts. 74 y 436), todos ellos del CP vigente al tiempo de los hechos.

Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación) dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

En relación con la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía solicita la remisión de testimonio de la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas, para su valoración.