PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN 2025
Vox envía sus exigencias a la Junta para aprobar los presupuestos de Castilla y León
El PP ha recibido ya la documentación del exsocio de gobierno junto a las de PSOE, Soria Ya y Por Ávila / Los de Abascal y Podemos avanzan una enmienda a la totalidad si las cuentas se aprueban y registran
La negociación de los presupuestos de Castilla y León para el año 2025 avanza paso a paso. Los últimos avances ha sido la remisión a la Junta por parte de varios partidos de la documentación que incluye sus exigencias para respaldar las cuentas y lograr su aprobación en las Cortes, una paso fundamental e imposible sin apoyos para un PP en minoría desde la ruptura del pacto de gobierno por parte de Vox.
Precisamente es el partido de Santiago Abascal uno de los que ya han entregado al Ejecutivo castellano y leonés las exigencias que deberá cumplir si pretende contar con su voto favorable. Según fuentes consultadas por este periódico, la información fue trasladada el pasado 14 de noviembre, el mismo día que estaba prevista la reunión entre Vox y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y a la que los primeros no acudieron.
A decir de las mismas fuentes, los planteamientos de la formación que en Castilla y León encabeza Juan García-Gallardo no son muy distintos a varios de los puntos del pacto de gobierno que suscribieron con el PP. Algo que, por otra parte, ya habían venido anunciando en las últimas semanas al mismo tiempo que criticaban a la Junta por presentar el anteproyecto de unos presupuestos que no tiene intención de aporbar.
En cualquier caso, las exigencias de Vox pasan por que las cuentas autonómicas para 2025 incluyan partidas dirigidas a frenar la inmigración ilegal, recortes en las ayudas que reciben sindicatos y en general los agentes del Diálogo Social, y acciones encaminadas a acabar con la Memoria Democrática. En definitiva, cuestiones que la formación ha llevado por bandera tanto en su etapa en el gobierno autonómico como una vez que pasó a la oposición en las Cortes.
Por parte del resto de partidos que ya han dado a conocer sus exigencias para abordar la negociación de los presupuestos, el PSOE también las entregó el pasado 14 de noviembre, a pesar de que su reunión con Carriedo se produjo unos días antes. Junto a los de Luis Tudanca, Soria Ya y Por Ávila las hicieron llegar este martes.
Según las fuentes consultadas, desde la Unión del Pueblo Leonés también tienen previsto enviar una serie de exigencias cuyo cumplimiento les llevaría a apoyar los presupuestos. No obstante, la formación esperará a que se produzca un acuerdo mayoritario antes de remitir la información.
Este miércoles también se conocía que el Grupo Parlamentario Vox presentará enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2025 si finalmente la Junta de Castilla y León aprueba en Consejo de Gobierno el actual anteproyecto para su posterior registro en las Cortes, pasos necesarios para la tramitación parlamentaria de las cuentas.
El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha confirmado también que pediría la devolución de las cuentas autonómicas para 2025, de plasmarse finalmente en proyecto de ley, en línea en este caso con lo que ha hecho con los presupuestos anteriores que el político de la formación morada siempre ha rechazado en su totalidad "por coherencia política" ante unas cuentas que ve "en las antípodas" de su ideología y por "coherencia", además, con su reciente voto en contra al techo de gasto no financiero.
Pablo Fernández y el Grupo Vox pedirían de este modo la devolución de las cuentas autonómicas para 2025 aunque por distintos motivos, a diferencia de la decisión del resto de los grupos en la oposición que en esta ocasión se han mostrado partidarios de no enmendar a la totalidad las cuentas para dialogar y negociar partidas vía enmiendas parciales en las distintas comisiones, algo que agradeció este martes el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su 'cara a cara' con el leonesista Luis Mariano Santos, informa Europa Press.
Se da la circunstancia de que el Grupo Parlamentario Vox ha sido el único que ha rehusado acudir a la reunión convocada por el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda para dialogar sobre el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad -el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, estaba convocado el lunes cuando se comunicó por teléfono con el portavoz-.
Vox tampoco asistió a la anterior ronda de reuniones convocada por Fernández Carriedo para dialogar y buscar el apoyo entonces al techo de gasto no financiero que salió adelante finalmente en el pleno del 6 de noviembre con el único voto favorable del PP y con la abstención del PSOE y de los procuradores en el Grupo Mixto Francisco Igea y Pedro Pascual Muñoz, este último procurador de Por Ávila.
Pablo Fernández tampoco acudió a esa reunión con el portavoz sobre el techo de gasto para la que puso "cuatro condiciones muy sencillas" para sentarse a dialogar sobre el techo de gasto y sobre el "presupuesto fake", entre ellas que se reviertan todos los recortes a los servicios públicos y todas las privatizaciones que ha llevado a cabo el PP en Castilla y León y destinar "al menos" 3.000 millones de euros para implementar un parque público de vivienda "a precios razonables y asequibles".
Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha puesto como condición antes de establecer cualquier tipo de negociación con la Junta que se registre el proyecto de ley de Presupuestos, exigencia que ha realizado el resto de los partidos que han rechazado acudir a más reuniones con el portavoz si no se aprueban las cuentas en el Consejo de Gobierno.
Los que fueron socios de Gobierno del PP hasta el pasado mes de julio también han condicionado su participación en las reuniones a que se acepten previamente las premisas que han puesto sobre la mesa para sacar adelante las cuentas autonómicas, entre ellas un rechazo "claro y explícito" a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Ejecutivo central y que incluya "planes efectivos de retorno" de estas personas, dentro del margen que permitan las competencias autonómicas.
A esto añadieron recuperar las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los gobiernos que coalición en julio, entre ellos el de Castilla y León.