La Junta de Personal de las Cortes descarta acoso laboral del letrado mayor a una funcionaria

No existe un delito de acoso laboral por parte del letrado mayor y secretario general de las Cortes, Marcos Herrero Martínez-Tutor, contra la funcionaria que ejercía como jefa del Servicio de Gestión Administrativa del Parlamento autonómico, Pilar Vaca. "A juicio de la Junta de Personal, no pueden entenderse constitutivos del delito" denunciado por la funcionaria, concluye el organismo en un informe interno.

Según fuentes consultadas por este periódico, la Junta de Personal defiende que la denunciante fue sustituida en el puesto de jefa de servicio de gestión administrativa que ocupaba a través de una «adscripción provisional» de otro compañero, en mayo de 2022 y que se había utilizado "el mismo sistema", por la que años atrás había asumido ese cargo que ahora le había retirado.

«Nunca nos ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso», recoge el informe a decir de las mismas fuentes. Es más, se insiste en que cuando llegó a ese cargo y se quitó a otro compañero nunca nadie pensó que hubiera acoso laboral. “Siendo impensable que nadie interpretara ese hecho, en aquel momento, como un supuesto acoso laboral”, detalla también la Junta de Personal según esas fuente que inciden en que el relevo de la funcionaria Pilar Vaca se había producido en un escenario “de falta de confianza”. Algo que señalan es habitual cuando se produce un cambio del letrado mayor. “No puede reconducirse a tipo penal alguno”, manifiestan en el informe.

«Esta Junta de Personal no ha encontrado evidencias que permitan afirmar que doña Pilar Vaca Rodríguez ha sido sometida a acoso laboral en las Cortes de Castilla y León conforme a la legislación vigente», concluye el informe de 44 páginas que firman el presidente de la Junta de Personal, José Carlos Álvarez, y la secretaria, Reyes Cubas. Informe que el propio presidente de la Junta de Personal registraba este martes día 19.

En su defensa de la actuación del letrado mayor y la ausencia de acoso laboral, a decir de la Junta de Personal, el informe defiende que en las relaciones que mantenían ambos, “perceptibles por el personal de la institución” nunca se había puesto de manifiesto “ser testigo de actos hostiles o humillantes”. “Más bien al contrario”, puntualiza el escrito. Una afirmación que explican al asegurar que el letrado mayor había informado de forma favorable sobre la compatibilidad que, en su momento, la funcionaria que ahora denuncia acoso laboral había solicitado para dar clase en la Universidad de Valladolid. Es más, indica que se había beneficiado de la adaptación de su horario en las Cortes para esta actividad.

El informe emitido por la Junta de Personal de las Cortes fue solicitado hace unos días por la propia Mesa del Parlamento que ahora ha recibido el documento. Además, como ya publicaba este periódico, la denunciante ya recurrió en su momento la revocación de su nombramiento por parte del investigado y logró que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en sentencia de fecha 22 de abril de 2024, anulara la misma por entender que, además de haberse dictado por órgano incompetente, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin motivación y justificación alguna, "vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo".

Pero además, la introducción del requisito de dos años de experiencia en el seno de las Cortes de Castilla y León para lograr la conversión de la plaza de la funcionaria denunciante en una plaza de Cuerpo Técnico, Escala Económico- Financiera, todo ello en el marco de una modificación de la RPT, también fue anulada por el mismo tribunal, en sentencia de 20 de julio de 2023.