Sanidad pagará a Castilla y León sólo la mitad del coste de los heredados de Muface

El Ministerio de Sanidad soltó este lunes la bomba: pretende desmantelar Muface y que el Sistema Nacional de Salud asuma la cobertura sanitaria de los funcionarios mutualistas, después de que las aseguradoras plantaran a la administración y dejaran desierto el contrato para prestar esta asistencia a un millón y medio de funcionarios del país a partir de 2025. En Castilla y León estos ascienden a casi 77.000 (76.682) porque otros 33.454 ya están incorporados en el sistema público autonómico.

Que Sacyl asuma este volumen de cartillas tendrá múltiples efectos ya que, para empezar, según el cálculo realizado por Castilla y León, el Ministerio tan sólo pagará la mitad del coste medio por tarjeta sanitaria de los ‘heredados’ de Muface. Cada tarjeta sanitaria de esta Comunidad tiene un coste medio de 2.100 euros, mientras el departamento de Sanidad que dirige la ministra Mónica García tan sólo pretende abonar 1.200 euros de media por funcionario que se pase de Muface a Sacyl.

Y es que no cuesta lo mismo atender a un paciente en unas comunidades que en otras, como así lo recuerda el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que subraya que en Castilla y León entran en juego factores como «el envejecimiento», que eleva la factura por la cronicidad de las enfermedades, o «la dispersión», que implica desplazamientos y la apertura de más consultorios y centros de salud que en otros territorios del país.

De hecho, la distribución porcentual de la población mutualista de Muface con aseguradora sanitaria privada en la actualidad refleja cómo el 36% de la correspondiente a Castilla y León es mayor de 65 años y otro 37% se encuentra entre los 35 y los 64 años. Del resto, un 19,5% tiene entre 15 y 34 años y apenas un 7% es menor de catorce, según los datos del Ministerio.

Vázquez: "Atascará el sistema, ya tensionado"

Vázquez se opone rotundamente a la intención de Sanidad y lo califica en declaraciones a este periódico como «un alarde de irresponsabilidad y un dislate espeluznante». Advierte de las repercusiones para el conjunto de los pacientes, profesionales y servicios de Castilla y León. Sostiene que, de consumarse el trasvase al sistema público de la población mutualista de Muface que hasta ahora recibía asistencia sanitaria por medio de aseguradoras privadas, «va a atascar el sistema, que ya está muy tensionado, y va a repercutir en las listas de espera porque además no hay profesionales». Ya se recurría a conciertos privados, pues ahora aún más, lamenta.

Nueve meses de transición

El desmantelamiento de Muface, «un sistema de aseguramiento público en el que puede realizarse elección de entidad sanitaria optando por sistema sanitario público (INSS) o privado a través de entidades concertadas» –según define el propio Ministerio– tiene un plazo previsto de nueve meses, tal y como consta en el informe en el que Sanidad plantea su nueva estrategia para estos funcionarios. Lleva por título: ‘Muface, el seguro privado al Sistema Nacional de Salud’ y concluye que «Muface es un organismo insostenible» y acusa a las aseguradoras de «prácticas de selección de riesgos». «No es sostenible ni siquiera con un aumento importante de la cápita porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacer un uso menos intenso», defiende el escrito de 18 folios.

El consejero carga además contra el trasfondo de este documento elaborado por el Gobierno. «Es hacer un informe para ejercer una ideología», sostiene Alejandro Vázquez, y reclama al Partido Socialista que intervenga y ataje este plan. «Sería una irresponsabilidad por parte del PSOE permitir que le metieran este gol sus socios de Sumar», asevera el consejero, que llama la atención a que «Óscar López, como responsable de la Función Pública, no se ha pronunciado».

Los sindicatos ya amenazaron el lunes con movilizaciones si Función Pública no hacía dar marcha atrás a Sanidad, mientras la falta de comunicación de la ministra con los consejeros es una batalla que viene de atrás y que con los temas de calado parece repetirse una y otra vez. El titular de la Sanidad de Castilla y León critica que no hayan tenido en cuenta a las comunidades en la elaboración del informe y que tampoco haya habido una comunicación de ningún tipo: «No han consultado a nadie y nos hemos encontrado un tuit del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla», protesta.

También en la sesión de control del pleno de las Cortes de este martes, el consejero culpaba a Mónica García de «desguazar Muface confabulada con el ministro de la Función Pública, Óscar López, con el fin de menoscabar los derechos de los funcionarios». Apunta que no se ponen de acuerdo entre ambos departamentos, «mientras desde Sanidad se trabaja para suprimir desde Función Pública se apuesta por una licitación exprés», según declaraciones recogidas por Europa Press. Y critica, además, que desde ambos ministerios «se desprecie a las comunidades mientras se hace un ejercicio de trilerismo financiero en Muface». «Superponen la ideología a las necesidades de las personas», incide.

Impacto en Castilla y León

Respecto al impacto en el conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, el informe de la Secretaría de Estado de Sanidad cifra en el 3,12% el porcentaje que representa la población mutualista de Muface que recibe asistencia por medio de una aseguradora privada sobre el total de la población del Sistema Nacional de Salud en Castilla y León. Pero disgregado por franjas de edad queda de manifiesto la repercusión en los pacientes mayores de 65 años, al elevar esa proporción al 4,19% en ese tramo.

El informe publicado por Sanidad reconoce que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor impacto por la propuesta del trasvase a lo público en este grupo de población, sólo por detrás de Andalucía.

Otro de los datos que se extrae del informe es que los funcionarios más jóvenes optan mayoritariamente por la sanidad pública, ya que dos de cada tres nuevos mutualistas rechazan los seguros médicos privados.

El desembarco de esas casi 80.000 cartillas sanitarias repercutirá en las áreas de salud de forma heterogénea. La suma del área este y oste de Valladolid es la que tendría que absorber más población mutualista: 15.446 funcionarios pasarían de golpe al sistema público, mientras otros 6.809 funcionarios ya los estaba atendiendo Sacyl porque así lo habían elegido.

La siguiente provincia con más personas no es curiosamente la que registra un padrón más abultado, sino la abulense, que cuenta con 13.975 funcionarios que pasarían a tener tarjeta de la Seguridad Social. Por detrás, como tercera con mayor volumen de nuevas cartillas, sería León, con 12.684 puesto que otros casi 6.000 funcionarios de la provincia leonesa ya los había asumido el sistema público.

La siguiente en volumen es Salamanca, donde, de materializarse la propuesta del Gobierno, afectaría a 11.295 personas. En Burgos, sin embargo, las nuevas incorporaciones se fijan en menor cantidad de usuarios. En concreto, en 6.361. En el resto de provincias, el total no resulta tan elevado, pero el efecto sí lo será porque el conjunto de población es sustancialmente menor al de Valladolid o Salamanca, por ejemplo. En Segovia suman 4.609 los funcionarios pendientes de lo que suceda con Muface, y en Palencia se cifran en 4.359. Por último, Sanidad debería incorporar al sistema público a 3.131 sorianos.

Ofensiva del PP en las Cortes

Desde el PP de Mañueco en las Cortes también lanzan la ofensiva para exigir al Ejecutivo de Sánchez que dé marcha atrás en esta idea y mantenga como hasta el sistema de atención para los funcionarios mutualistas. El PP de Castilla y León presenta este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes para «instar a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que cumpla lo establecido en el Real Decreto legislativo [...] y dote de los recursos suficientes a Muface para el mantenimiento de los conciertos sanitarios que viene realizando con entidades aseguradoras, a los efectos de garantizar los derechos de los funcionarios civiles del Estado».

Justifican esta petición recordando que la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado «establece el mutualismo administrativo como mecanismo de cobertura del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado integrado en el Sistema de la Seguridad Social, que se gestionará y prestará a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas».

Acusan al Gobierno de presentar a las aseguradoras «una propuesta claramente insuficiente» y a eso atribuyen que las entidades de seguro de asistencia sanitaria no concurrieran a la licitación y plantaran a Muface dejando en el aire la atención a 77.000 mutualistas de Castilla y León. El PPCyL hace hincapié en que esta situación, «además de afectar a los derechos de los funcionarios civiles del Estado, podría agravar los problemas que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud de insuficiente financiación y déficit de profesionales».