La economía sumergida se dispara en Castilla y León: la inspección destapa 5.100 empleos ocultos

La economía sumergida se dispara en Castilla y León un 32%. Al menos así se desprende de los últimos datos facilitados por la Junta y la Inspección de Trabajo. En lo que va de año, la Inspección de Trabajo detecta 6.346 infracciones en Castilla y León entre enero y octubre de 2024. Infracciones que hacen aflorar 5.118 empleos ocultos y la conversión de 5.685 contratos indefinidos, según los datos facilitados por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio  a través de un comunicado remitido a los medios tras la reunión mantenida este miércoles por la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Reunión en la que se analizaban los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León en el año 2024, durante el periodo entre enero y octubre. Y es ahí donde se desvelaba que en estos diez meses de lo que va de año se contabilizaban 6.346 infracciones, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al año anterior.

En las materias competencia exclusiva de la Administración General del Estado, se realizaban 10.815 actuaciones para luchar contra el empleo irregular o sumergido, la conocida como economía sumergida. Fruto de dichas actuaciones han aflorado 5.118 empleos que estaban en situación irregular -ocultos sin declarar a la Seguridad Social-, lo que supone un aumento del 32 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la Inspección de Trabajo saca a la luz un 16% más de inmigrantes trabajando de forma irregular. "Respecto al número de infracciones empresariales relacionadas con personas de nacionalidad extranjera sin autorización para trabajar, se han detectado 457 frente a las 393 detectadas durante el 2023, lo que representa un incremento de más del 16%, siendo del 66 por ciento en 2023 con respecto al ejercicio anterior y del 85,9% en 2022 respecto al ejercicio de 2021", detalla la nota.

Dentro de este balance cabe destacar el incremento en el número de expedientes sancionadores en el campo de la seguridad y salud laboral, en concreto, en un 5%, con 1.898 infracciones. Además, se realizaban 14.551 requerimientos para subsanar las deficiencias o irregularidades detectadas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que supone un incremento de más del 30%.

En materia de relaciones laborales, cuya competencia inspectora corresponde a la Junta de Castilla y León, se lograba transformar en indefinidos 5.685 contratos que previamente estaban catalogados como temporales o fijos discontinuos.

A esto se le añadía que se detectaban 570 infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo, y en el programa de incumplimientos salariales. Esto hace que se hayan recuperado salarios debidos e impagados a los trabajadores por un valor de más de 2 millones de euros.

En la reunión celebrada este miércoles participaban la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; la directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, María Pita; y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios.

En ella se fijaba el plan de actuaciones que se llevará a cabo durante el próximo año 2025 y en el que se incluyen 40.164 inspecciones orientadas a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de Castilla y León.

El programa de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2025 contempla la realización de un total de 40.164 inspecciones, todas ellas orientadas a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores de Castilla y León. En este sentido, se incidirá de forma especial en las acciones encaminadas a reducir la siniestralidad y mejorar la salud laboral, así como en la lucha contra el trabajo sumergido o irregular, y en la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación en el seno de las empresas.

Novedades inspectoras en 2025

Entre las principales novedades para el próximo año destaca el aumento del peso de los programas de competencia autonómica, que alcanza el 50%, asignándose a la prevención de riesgos laborales el 55 por ciento de las acciones autonómicas programadas y el 45 por ciento restante a las relaciones laborales. Mientras, por parte de la Inspección de Trabajo se llevará a cabo un incremento en el número de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral.

En materia de prevención de riesgos laborales se ha planificado un aumento efectivo en el número de expedientes programados del 1,7%, hasta alcanzar las 9.877 actuaciones, a las que hay que sumar otras 1.054 no programadas.

En materia de empleo y relaciones laborales se programan 9.057 actuaciones, lo que representa un incremento cercano al 2% en actuaciones programadas con respecto al presente ejercicio. En este ámbito, las actuaciones se centrarán en la lucha contra el abuso y el fraude en la contratación, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, y la lucha contra la discriminación por razón de género u otras circunstancias.

En este capítulo cabe destacar, además, un incremento de más del 22% en las actuaciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la incorporación de dos nuevas campañas, una para controlar los abusos en el periodo de prueba y otra para luchar contra las condiciones discriminatorias de personas LGTBI.

En materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la economía irregular, en sus distintas versiones -falta de alta, cotizaciones, prestaciones, encuadramientos indebidos, etc.-, se planifican 9.928 actuaciones, con un incremento en las programadas del 1,78% respecto al año 2024.

Finalmente, en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, se programan 10.011 inspecciones. Éstas estarán centradas en las nuevas modalidades de prestación de trabajo y en las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, que incluyen actuaciones para detectar situaciones de falsos autónomo y falsos becarios, así como el fraude en la prestación de trabajo transnacional.