Los escándalos acechan a las Cortes de Castilla y León

De escándalo en escándalo. Así es como viven últimamente las Cortes de Castilla y León, bajo el azote de una serie de escándalos que acechan al parlamento autonómico. El último tiene que ver con  el secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, quien declarará este jueves, 14 de noviembre, como investigado por un caso de acoso laboral, que eso sí él niega "rotundamente", según transmiten desde el gabinete de las Cortes, dado que Marcos Herrero rechaza realizar declaraciones, tal y como había solicitado este periódico.

Escándalo que viene a sumarse a otros, los más recientes los de los ex procuradores socialistas, el soriano Ángel Hernández y el salmantino Juan Luis Cepa, investigado por violencia machista contra su pareja, el primero, y agresión sexual a un menor, el segundo.

Eso sin olvidar el caso de la hoy parlamentaria socialista por Zamora, Inmaculada García, quien se veía obligada a dimitir la legislatura pasada tras dar positivo en un control de alcoholemia. Eso sí, Inmaculada García regresaba a las listas del PSOE por Zamora en las elecciones autonómicas de febrero de 2022. Un caso que recuerda al de otra procuradora por Zamora y ex vicepresidenta de la Junta, la ‘popular’ Rosa Valdeón.

La realidad es que ahora, en este nuevo escándalo, el letrado mayor de las Cortes de Castilla y León tendrá que declarar tras la denuncia de una funcionaria, concretamente la jefa del Servicio de Gestión Administrativa hasta que en mayo de 2022 era apartada de dicho cometido y desde entonces sometida a actuaciones que, según ella, estaban dirigidas a buscar su humillación y aislamiento laboral.

Conviene recordar que Marcos Herrero Martínez-Tutor tomaba posesión como secretario general y letrado mayor el 28 de marzo de 2022, con Carlos Pollán recién llegado al Presidencia de las Cortes y y tras la renuncia al cargo del anterior letrado, Carlos Ortega, tal y como consta en la web de las Cortes.

La denuncia de los hechos ante la Fiscalía de Valladolid era interpuesta por la funcionaria, estando ya de baja laboral psicológica como consecuencia de estos supuestos hechos. La misma llevaba a la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, a ponerlos en manos de un juzgado de instrucción para que incoe las correspondientes diligencias por si fueran constitutivos de un delito de acoso laboral en el ámbito funcionarial.

Era a partir de finales del mes de mayo de 2022, al poco de que el nuevo secretario general tomase posesión de su cargo, cuando se revocaba la adscripción provisional de la funcionaria como jefa del Servicio de Gestión Administrativa en una decisión que le era comunicada por el letrado mayor vía telefónica y cuando ella se encontraba de vacaciones

Desde ese momento, según recoge la denuncia, era privada de todos los permisos informáticos, aplicaciones, accesos a unidades de red y certificados de firma electrónica, de forma que no podía siquiera recibir la resolución de cese, de fecha 26 de mayo de 2022, que se le mandaba por correo electrónico.

Conviene recordar que la denunciante ya recurría en su momento la revocación de su nombramiento y lograba que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en sentencia de fecha 22 de abril de 2024, anulara la misma por entender que, además de haberse dictado por órgano incompetente, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin motivación y justificación alguna, "vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo".

Otros escándalos

El escándalo de la investigación del letrado mayor de las Cortes por un caso de acoso laboral a una funcionaria es el más reciente, pero no el único que ha sacudido al Parlamento. Ahí están los casos de los ya ex procuradores del PSOE, el soriano Ángel Hernández y el salmantino Juan Luis Cepa, hombres de confianza de su portavoz en el grupo y secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca.

Ángel Hernández, viceportavoz del grupo, se veía obligado a dimitir  en febrero de este año tras un caso de violencia machista con su pareja. Un caso por el que el juez le imputa al que fuera número tres de Tudanca en las Cortes cinco delitos, entre ellos el de violencia de género. Además, le prohibe el aproximarse a menos de 300 metros de su pareja, así como de comunicarse con ella, que además es policía nacional, por cualquier medio.

Meses después, estallaba el escándalo del ya ex procurador socialista por Salamanca, Juan Luis Cepa, tras su implicación en un caso de agresión sexual a un menor. Eso sí, dimisión para la que alegaba "motivos personales" y desde el PSOE, con Luis Tudanca a la cabeza no se daban más explicaciones. La realidad es que dimitía tras levantarse el secretro de sumario y salir su nombre en un caso de agresión sexual a un menor. Investigación que se iniciaba en un Juzgado de Ciudad Rodrigo, que tras practicar diligencias, elevaba la causa al TSJ por ser el órgano competente para investigar a aforados.

El TSJ designaba magistrado instructor, que requiría a las Cortes para que acreditara la condición de diputado del investigado. Además, declaró secreta la causa mientras practicaba algunas diligencias. Cumplimentadas las mismas, levantaba el secreto y citaba a declarar en calidad de investigado al entonces parlamentario socialista.

Un Juan Luis Cepa que, como en el caso de Ángel Hernández, no era un cualquiera en el partido. Se trataba de una de las personas de confianza de Tudanca en el grupo socialista en las Cortes de Castilla y León, no en vano era hasta el portavoz de Agricultura y Ganadería del grupo en el Parlamento autonómico.