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CSIF exige una «solución inmediata» para la asistencia en Muface, mejoras salariales y más plantilla

La organización sindical se concentra ante las subdelegaciones del Gobierno para reclamar al Ejecutivo que «se siente a negociar»

El presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro en la concentración. ICAL

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La movilización de los empleados públicos continúa. El presidente de la Unión Autonómica de CSIF, Benjamín Castro, exigió este lunes una «solución inmediata» para la asistencia sanitaria en Muface, desde su punto de vista, «seriamente comprometida», después de que las empresas aseguradoras hayan renunciado a presentarse al concierto por una oferta económica «insuficiente» del Gobierno. Además, la organización sindical, concentrada este mediodía ante las distintas subdelegaciones gubernamentales reclamó mejoras salarias y un aumento de las plantillas públicas.

En cuanto a Muface, Castro recordó que en Castilla y León, más de 100.000 personas reciben asistencia sanitaria de las mutuas y están esperando que se alcance un nuevo concierto, «que asegure a los afectados un derecho adquirido y evite un colapso en la sanidad pública». «Nuestro sistema público de salud, también en Sacyl, tiene una tensión insoportable por una falta evidente de efectivos y ello hace imposible que de un plumazo todas esas personas de pronto entren en el sistema público de salud», reflexionó.

Según ejemplificó el responsable autonómico de CSIF, supondría que «una ciudad de la envergadura de un León, de un plumazo, entre en un sistema de salud de un día para otro», algo que consideró «inasumible», por lo que exigió «soluciones de forma inmediata». «A partir del 1 de enero, esas personas no tendrán dónde acudir, no tienen una cartilla sanitaria si tienen una consulta, algún problema sanitario».

Por otro lado, la concentración, en la que se llevó a cabo un homenaje a los afectados por la trágica DANA y a los trabajadores que han actuado en la zona del desastre, también sirvió para exigir al Gobierno que se «desbloquee la negociación» de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones, ya que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, «no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas», según denunció CSIF.

«Hemos acumulado un 20% de pérdida de poder adquisitivo desde el 2010 para acá. Así, en el 2010 se nos recortó el sueldo, pero además se destruyó la estructura salarial de los funcionarios públicos. Bueno, pues exigimos al Gobierno sentarnos a negociar para alcanzar un acuerdo salarial en ese camino pero además, como digo, reconstruir ese salario», insistió Benjamín Castro.

El sindicato reclamó hoy unos presupuestos que incluyan «un nuevo acuerdo de incremento retributivo, equiparación salarial, una oferta de empleo público sin tasa de reposición, facilitar el teletrabajo, culminar el proceso de estabilización o mejoras de la jubilación», entre las reivindicaciones prioritarias.

El actual acuerdo salarial, firmado por CCOO y UGT, concluye a finales de diciembre, con el que los empleados públicos han perdido un 5% desde la firma del acuerdo y casi un 20% desde los recortes de 2010. CSIF recordó que se necesita un acuerdo sobre financiación autonómica, porque «existen conflictos laborales en SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria o en la Inspección de Trabajo que requieren una solución».

Por ultimo, Castro insistió en que el refuerzo de plantillas es imperativo. «Nuestros servicios públicos están diezmados. En los últimos años, las tasas de reposición no han repuesto todos los efectivos que entendemos necesarios, como digo para reforzar esos servicios públicos que recibimos los ciudadanos, y por tanto exigimos acabar con esa tasa de reposición y alcanzar un acuerdo de una oferta de empleo público capaz y ambiciosa para el año 2025», manifestó.

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Las movilizaciones continuarán el próximo 16 de diciembre, y CSIF no descarta nuevas medidas «más contundentes» si el Gobierno continúa sin convocar a los representantes de los empleados públicos para negociar una mejora de sus condiciones laborales.