Los municipios más incumplidores en la rendición de cuentas en Castilla y León alegan falta de medios

Los municipios que más incumplen en la rendición de cuentas en Castilla y León aluden a la falta de medios personales y materiales, al retraso en la llevanza de la contabilidad y a la acumulación y exceso de tareas por parte de funcionarios municipales como secretarios, interventores o tesoreros, para justificar su retraso a la hora de presentar las cuentas generales.

Y es que los 32 ayuntamientos analizados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León suman un total de 410 cuentas generales sin presentar a 31 de octubre de 2022, en un análisis que abarca desde el inicio de la actividad del Consejo de Cuentas, en el año 2003.

Las causas por las que estos ayuntamientos justificaron su falta de rendición incluyen, entre la falta de medios materiales, tanto la ausencia de programas informáticos como los problemas de conexión a internet, así como problemas con la generación de los ficheros de la cuenta general derivados de la aplicación contable de la propia entidad. Esa falta de medios materiales fue reseñada por el 28 por ciento de los municipios analizados, mientras que la falta de medios personales fue la causa del retraso en el 59 por ciento de los ayuntamientos.

Son algunos de los argumentos que las administraciones locales remitieron al Consejo de Cuentas en su análisis de la situación de los municipios más incumplidores, presentada hoy por el presidente del órgano propio de la Comunidad, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

En su intervención inicial, recogida por Ical, Amilivia sostuvo que la realización de este informe “deja constancia de los esfuerzos que viene realizando el Consejo de Cuentas para lograr un mayor nivel de rendición”, especialmente en los 83 municipios que, entre 2003 y 2020, dejaron sus cuentas pendientes de rendir en una decena o más de ejercicios, de los que se escogieron 32 para el informe realizado.

De hecho, en el ejercicio 2023, nueve de los 32 ayuntamientos fiscalizados “ya han rendido sus cuentas”. Una muestra de la “mejora experimentada” de la que quiso hacer gala Amilivia en su comparecencia y que se explica, según el presidente del Consejo de Cuentas, por la vinculación que la Junta estableció desde 2021 entre la rendición de cuentas y la recepción de ayudas del Fondo de Cooperación Local, y por “el efecto positivo de la fiscalización realizada sobre los ayuntamientos incumplidores” por parte del propio Consejo de Cuentas.

No obstante, Amilivia destacó que, con los datos sobre la rendición en plazo de las cuentas de 2023, realizado sobre las 4.741 entidades locales de la Comunidad, se llega ya al 60,2 por ciento, mejorando las ratios en siete de las nueve provincias. Una mejora que el presidente del Consejo de Cuentas volvió a atribuir a la propia fiscalización realizada y a la vinculación de la presentación de las cuentas en plazo para optar a las ayudas del Fondo de Cooperación Local.

Mayor incumplimiento en ayuntamientos más pequeños

En relación a la evolución general de la rendición de cuentas por parte de los 2.248 ayuntamientos existentes en Castilla y León durante el periodo estudiado (2003-2020), a 31 de octubre de 2022 se habían rendido 36.064 cuentas generales, lo que supone el 89 por ciento de las correspondientes a los 18 ejercicios mencionados, mientras que el 11 por ciento restante se refiere a 4.400 cuentas sin presentar.

El informe refleja que el índice de incumplimiento más elevado se da en los ayuntamientos más pequeños, con un 12 por ciento en los que tienen menos de 1.000 habitantes, por apenas entre un cero y un seis por ciento en los municipios con mayor población. Y es que de los 793 ayuntamientos que tenían pendiente rendir sus cuentas a 31 de octubre de 2022, el 95 por ciento (756) tienen menos de 1.000 habitantes.

Los valores más elevados corresponden, según expuso Amilivia, a las provincias de Burgos y Salamanca, con 135 y 134 ayuntamientos respectivamente, aunque en relación a los 32 consistorios fiscalizados en el informe, son las provincias de Zamora y Ávila las que más ayuntamientos presentan, con once y siete, respectivamente.

Uno de los problemas que también presentó el 56 por ciento de los 32 ayuntamientos fiscalizados en el informe es que no reciben la asistencia técnica de su diputación provincial mediante el suministro de programas informáticos para la contabilidad, aunque las diputaciones de Salamanca y Segovia “informaron en sentido contrario”. De hecho, de los once municipios que solicitaron asistencia y cooperación de sus diputaciones o entidades equivalentes, los tres de Salamanca recibieron una respuesta negativa.

Mayor seguimiento y asistencia de las diputaciones

Para solventar estos problemas, el Consejo de Cuentas emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la necesidad de que los plenos municipales de las corporaciones que no rinden cuentas intensifiquen sus acciones de control para el “cumplimiento puntual” de los plazos establecidos en el ciclo presupuestario y contable.

La entidad presidida por Mario Amilivia también señala que las ocho diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo deben acometer medidas de seguimiento específicas e incrementar su nivel asistencial, para que las entidades afectadas cumplan con la rendición de cuentas.

Por último, y en relación a la Junta, Amilivia pidió que revise las autorizaciones de acumulaciones conferidas a los funcionarios de habilitación nacional en aquellos supuestos en los que la entidad principal o el ayuntamiento dejen de rendir cuentas durante más de un ejercicio, para evitar la sobrecarga de trabajo de estos funcionarios y también su posible implicación en el incumplimiento.

Antes de la presentación del informe, Amilivia señaló que la de hoy es su decimocuarta comparecencia del año, lo que supone “un hito” al superar el récord fijado el pasado año con 13. Además, en lo que va de mandato, las comparecencias realizadas ante las Cortes por Mario Amilivia ascienden a 58 para rendir cuentas de 133 de los 293 informes aprobados por el Consejo en toda su serie histórica, lo que supone el 45 por ciento del total.