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HUELGA

Más de un centenar de veterinarios de Castilla y León irán a la huelga por la pérdida de su empleo

UGT secundan las movilizaciones de 122 personas ante una decisión "injusta" de la Junta y señala que "por una decisión unilateral de la administración, no se la renueva ni se la permite optar a la nueva licitación"

Un veterinario examina a un ejemplar en una granja de vacuno. / ECB

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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Un total de 122 veterinarios que se quedarán sin trabajo en unos días en las nueve provincias por lo que se considera una decisión “unilateral” e “injusta” de la Junta de Castilla y León irán a la huelga. En concreto, la plantilla ya ha anunciado la convocatoria de huelga para los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre.

UGT trasladó su apoyo a estos trabajadores y explicó que una decisión tomada en el Consejo de Gobierno del pasado 31 de octubre en relación a la finalización del contrato con la adjudicataria de la erradicación de enfermedades, lleva a la empresa a acabar con los contratos de toda la plantilla. Según recuerda el sindicato, estos trabajadores venían prestando su servicio de forma continuada desde 2013 y estaban contratados como indefinidos, tanto de forma fija como discontinua, informa Ical.

La Junta de Castilla y León va a destinar 6,4 millones al Programa para la vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades en la cabaña Ganadera de Castilla y León durante un año, invirtiendo dos millones anuales más frente a los 4,4 millones anuales anteriores que abonaba a la empresa contratista a la que ahora, por “una decisión unilateral de la Administración, no se la renueva ni se la permite optar a la nueva licitación".

Ante ello, UGT tiene claro que no se va a modificar la naturaleza de la actividad que se presta, que existe una clara continuidad en la actividad profesional que se debe realizar antes y después del 30 de noviembre y que, por tanto, deberían haberse subrogado los contratos de los profesionales que se encuentran actualmente en activo.

No obstante, con su decisión, la administración deja en la calle a 122 familias para las que la realización de ese trabajo es imprescindible para afrontar el futuro con seguridad ya que llevan desempeñando su labor más de una década, denuncia.

Desde la organización sindical aseguran que parece que “la Administración no tiene en cuenta las consecuencias en las vidas de las personas trabajadoras cuando toma ciertas decisiones·.

De hecho, la actual empresa concesionaria del servicio, al recibir la noticia de la no continuidad ya ha iniciado los contactos con la representación de las personas trabajadoras para negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) con afectación para toda la plantilla debido a que el 1 de diciembre no tendrá actividad y no podrá dar una ocupación efectiva a los trabajadores.

Por eso, el sindicato aduce que la Junta de Castilla y León está asistiendo “como mero espectador, de forma impasible, a los cambios negativos que sus decisiones traerán a las personas trabajadoras”.

Al respecto, critica que se encargue a un medio propio de la Administración, al grupo Tragsa, que haga una selección de veterinarios para que sigan prestando el mismo servicio. Así que, tal y como denuncian en UGT, “hay, ahora mismo, personas trabajadoras negociando por un lado un ERE y, en paralelo, se realiza un proceso de selección para realizar una actividad que ya venían realizando y que se tiene que seguir prestando”.

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Es por ello que los sindicatos apoyan y secundan “todas las acciones que se inicien en adelante desde la plantilla y desde sus representantes sindicales”.