Cinco funcionarios y un asesor formarán la plantilla del 'vigilante anticorrupción', aprobada con el voto en contra del PSOE

Seis personas integrarán la plantilla de la nueva Autoridad ‘anticorrupción’, el órgano independiente con sede en Palencia creado para investigar y resolver presuntas irregularidades dentro del sector público autonómico y local. El Boletín Oficial de las Cortes publicó este jueves la relación de puestos de trabajo de la naciente entidad: estará compuesta por cinco funcionarios de libre designación y un asesor contratado como personal eventual. Así lo acordó la Mesa del parlamento el pasado 24 de octubre, con el visto bueno de PP y VOX y el voto en contra del grupo socialista, disconforme con la forma de provisión de plazas.

La relación de puestos de trabajo incluye, por un lado, cinco plazas de funcionarios de otras administraciones que serán elegidos por libre designación. En concreto, se trata de un letrado y de dos técnicos superiores del grupo A1 y nivel 29 que serán los encargados de realizar los informes jurídicos y propuestas de resolución de los ‘soplos’ que lleguen a la Autoridad. Completan el staff aprobado un técnico (grupo A1/A2 y nivel 26) y un gestor administrativo (A2/C1, nivel 22). Por otro lado, el acuerdo incluye la contratación de un asesor como personal eventual, que será elegido por la Autoridad, con adscripción al grupo A1 y nivel salarial 28. En total, seis trabajadores, que son los que había solicitado el propio Consejo de Cuentas, al que está adscrito la nueva Autoridad.

La forma de provisión de estos puestos de trabajo es lo que justifica el voto en contra del PSOE. Fuentes del grupo socialista exponen que el acceso a este tipo de plazas debería realizarse mediante pruebas de oposición en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, como así proceden en otras autonomías con agencias independientes ya consolidadas.

La creación a creación de la ‘Autoridad Independiente en materia de corrupción’ quedó dispuesta en la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. El letrado Luis Gracia Romero tomó posesión el pasado mes de junio al frente de la entidad y desde entonces funciona sin apenas recursos adscrito al Consejo de Cuentas.

Para cubrir las seis plazas aprobadas ahora por las Cortes, la Autoridad anticorrupción necesita disponibilidad presupuestaria, ya que esta vez no se contempla el funcionamiento de las nuevas competencias a coste cero, como sucedió en 2012 con la adscripción del Tribunal de Recursos Contractuales al Consejo Consultivo. La previsión es que pueda convocarse alguna plaza con cargo al remanente de esta institución propia palentina, pero completar la cobertura de las seis plazas autorizadas está supeditado a la aprobación de un nuevo presupuesto con el conveniente incremento en la partida de gastos de personal.

Fuentes del Consejo de Cuentas explican que la nueva Autoridad anticorrupción necesita contratar personal propio y formado en materias específicas, con expertos dedicados a la investigación e instrucción de las denuncias que reciba. De hecho, entre los requisitos de la plantilla aprobada figura una experiencia mínima de entre cuatro y diez años en esas funciones.

En estos primeros cuatro meses desde su creación, la Autoridad ha recibido cuatro comunicaciones o soplos de procedimientos sospechosos, de los cuales tres han sido archivados.

Desde entonces se están impulsando diversas actuaciones para el funcionamiento de esta Autoridad, creada para cumplir con la llamada ‘directiva whistleblowing’ europea (de 2019) y la normativa estatal (Ley 2/2023).

Una web propia

El trabajo preliminar también está consistiendo en desarrollar medidas para incentivar y facilitar la denuncia de irregularidades. De momento, ya se ha creado un canal externo de denuncias, provisionalmente alojado en la web del Consejo de Cuentas (está disponible en su sede electrónica), pero próximamente entrará en funcionamiento una página propia de la Autoridad Independiente.

También está elaborando el procedimiento de gestión de denuncias, es decir, las obligatorias instrucciones para la tramitación.

De forma paralela, está realizando el registro paulatino de los canales internos de denuncia que se van creando en Castilla y León (instituciones y empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a crear el suyo en virtud de la normativa) y a inscribir a las personas responsables en cada caso.

En estos cuatro meses de arranque, la Autoridad ha mantenido reuniones con la Agencia Valenciana Antifraude, una de las más avanzadas del país, y ha abierto contactos con otras oficinas autonómicas, para recabar información de cara a una rápida implantación en esta Comunidad.

Gracia es funcionario del Cuerpo de Letrados, desde 2014 en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Su trabajo como Autoridad ‘anticorrupción’ debe desarrollarse «con plena autonomía e independencia de los poderes públicos».

Su adscripción jurídica al Consejo de Cuentas no supone dependencia jerárquica o funcional respecto al órgano presidido por Mario Amilivia. De hecho, sus funciones abarcan, además del sector público autonómico y local de Castilla y León, las cuatro instituciones propias (Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el CES y el propio Consejo de Cuentas), así como el Parlamento autonómico si lo acuerda la Mesa de la Cámara en lo referente a su actividad administrativa y de gestión patrimonial.

Investigar y resolver los casos sospechosos de corrupción es sólo una de las patas de la actividad encomendada a este naciente organismo. Le corresponde también la potestad sancionadora de las infracciones contempladas.

Otro de los cometidos de la entidad es la protección de los informantes. Eso incluye la adopción, si procede, de medidas de apoyo a las personas que comuniquen o revelen infracciones.

Asume también el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control, así como realización de propuestas y recomendaciones. Es decir, en su mano el desarrollo de una importante labor de pedagogía para «mejorar la cultura de la gobernanza para reducir los riesgos de irregularidades», explican desde el órgano ubicado en la ciudad palentina.

La nueva herramienta para la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y prevención del fraude es una figura que cuenta con un gran desarrollo en la cultura anglosajona. Coloquialmente conocida como 'whistleblower' (soplador o denunciante), se refiere a la persona que alerta dentro de una organización cuando detecta alguna irregularidad en su funcionamiento. El objetivo es fomentar este tipo de ‘chivatazos’ para que sean investigados y tomar medidas, si procede, con garantías para evitar el temor a represalias que conduce al silencio de los ciudadanos.

De su trabajo deberá informar cada año en las Cortes, aunque se da la paradoja de que no será Luis Gracia quien dé cuenta en sede parlamentaria de esa actividad, sino el presidente del Consejo de Cuentas.