El TSJ de Castilla y León declara "ilegal" la caza de 339 lobos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado "ilegal" la caza de 339 lobos que autorizó la Junta en el trienio 2019-2022 dentro del 'Plan de Aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León', según la organización Asociación para la Conservación y estudio de Lobo Ibérico (Ascel).

Según ha informado a Europa Press la misma organización, tras dos decisiones, primero del Tribunal Constitucional (2022) y recientemente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Julio de 2024), esta última como consecuencia de este proceso, el TSJCyL sentencia y anula dicho "plan de caza".

"La Sentencia del TSJCyL implica el fin de un período ambiental trágico, por empecinamiento de la Junta de Castilla y León que desde el año 2008, atendiendo a intereses particulares, autorizó matar 1.847 lobos como única herramienta de gestión", han señalado desde Ascel, desde donde se ha considerado que "es difícil encontrar un gobierno con trayectoria ambiental tan negativa, y un triste e inaceptable despilfarro de dinero público empleado contra la biodiversidad".

De este modo, tras esta sentencia, el colectivo ha solicitado a la Junta que asuma su responsabilidad y reconozcan su "deuda" con los ciudadanos por "mentir sistemáticamente" sobre el estado de conservación del lobo, al tiempo que exige la dimisión, en concreto, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Quiñones: "El Gobierno falseó los datos"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido que la sentencia todavía no es firme, carece de "eficacia práctica" y se basa en un informe "notoriamente erróneo" que deriva de la actuación "irresponsable" del Gobierno central que "falseó" los datos de las poblaciones.

El titular de Medio Ambiente ha indicado, en declaraciones difundidas a los medios, que al no ser firme queda reservado el estudio de la sentencia para su posible recurso de casación, y constituye una resolución que "no tiene una eficacia práctica", puesto que se refiere a temporadas de caza pasadas, incluso una no ejecutada siquiera, porque la del 2021-22 no iba a ejecutarse porque fue cuando se catalogó el lobo en el ESPE por una orden ministerial del 2021 y, por tanto, no se ejecutó.

Precisamente, ha señalado que los informes técnicos que están en el expediente de la orden de inclusión del lobo en el ESPE de dicho año figuran datos sobre que el lobo estaba en conservación favorable y se fundamentaba la ponencia técnica que justificó la orden del ESPE en razones culturales y de biodiversidad ajenas al estado de conservación.

Esto, ha incidido, porque "contradiciendo el propio informe del Gobierno del 2019, manifestaban esos informes que el lobo estaba en España en estado de conservación favorable".

En la misma línea, Suárez-Quiñones ha apuntado que la propia sentencia estima sólo parcialmente el recurso planteado por Ascel porque pedía también una indemnización por parte de la Junta de los lobos abatidos, que ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia por falta de legitimación.

Suárez-Quiñones ha asegurado que se entienden los razonamientos de esta sentencia, que al igual que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su base en un informe que remitió el Gobierno de España a la Unión Europea en el que puso de manifiesto que el lobo estaba en un estado de conservación "desfavorable en el país".

"Un informe con el que nosotros estamos radicalmente en contra con datos sobre la mesa", ha subrayado el titular de Medio Ambiente, en la medida en que se ha basado en una aplicación de criterios técnicos "erróneos y que no eran los adecuados" porque es un informe de coordinación de datos autonómicos y tenía que basarse en una estructura técnica "que no respetó".

De igual forma, ha explicado que se hizo sin consultar a las comunidades autónomas, ya que "solo se consultó los datos de Galicia y no los de Castilla y León, por ejemplo". También es un informe "notoriamente erróneo" porque el estado de conservación del lobo en la comunidad autónoma y en España es "totalmente favorable, así lo hemos dicho todas las comunidades autónomas".

"Y así se lo hicimos a ver al propio comisario europeo en 2022 cuando fuimos a verle las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León y le llevamos un documento poniendo de manifiesto que aquel informe del año 19 era totalmente erróneo", ha profundizado Suárez-Quiñones.

Por todo ello, si se parte de la base de que los tribunales han tenido en cuenta el informe "erróneo", ha sostenido, resulta "lógico" que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considere que no debió darse lugar a las resoluciones de caza de esas temporadas porque, según el Gobierno central, el lobo estaba en un estado de conservación desfavorable.

Para el consejero de Medio Ambiente esto "no es así", puesto que cuando la Administración autonómica dictó esas resoluciones "tenía un aval jurídico ya que se dictaban para el norte del río Duero, donde era permitida la caza, y tenía un aval técnico de los funcionarios de la Junta que determinaron previamente la población en todas las comarcas para ver si estaban en un estado de conservación favorable o desfavorable".

Las Cortes exigen un censo del lobo 

Todos los grupos con representación en las Cortes, a excepción del PSOE y Unidas Podemos, han aprobado una moción presentada por Vox a través de la que se exige elaborar con urgencia un censo actualizado de la población de lobo en Castilla y León, al tiempo que, entre otras medidas, reclaman al Gobierno central que le elimine de la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El procurador de Vox José Antonio Palomo ha sido el encargado de defender esta iniciativa ante la Cámara que tiene un único objetivo: "Intentar que las víctimas reales de esta problemática vean algo de luz a final del túnel, un túnel creado por personas que no han tenido en cuenta las consecuencias posteriores que sufrirían los propietarios de explotaciones de extensivo, dado que los ataques del lobo que sufren se sufren cada vez con mayor frecuencia y en todo tipo de situaciones".

En su intervención ante la Cámara, el procurador de Vox ha detallado que las manadas de lobo no tienen problemas a la hora de acercarse ahora a núcleos urbanos, "han perdido el miedo a ser vistos y no temen la presencia del ser humano".

Palomo ha insistido en que, pese a que es difícil encontrar una solución a corto plazo, las normativas deben ser "lo más prudentes posibles" ante los ganaderos que pierden animales constantemente. "Lo justo es no crearles más problemas y añadirles más tareas burocráticas absurdas".

"Tenemos un número de lobos en Castilla y León superior al que tienen en toda Francia, nuestro ganadero sufre, año tras año, un aumento de ataques de lobo constantes, lo que nos lleva, por desgracia, a ser los más perjudicados de toda España", ha lamentado Palomo, quien, ante esta situación, ha urgido a la presentación de un censo "por responsabilidad".

Del mismo modo, Vox reclama que se realicen campañas informativas y formaciones para que los ganaderos tengan un conocimiento real de las gestiones que tienen que realizar y, a través de esta moción, piden que se "inste nuevamente" al Gobierno de la Nación a que establezca una protección "racional" del lobo compatible con los intereses de los ganaderos y proceda a eliminar al lobo del Lespre.

La iniciativa ha sido secundada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien ha defendido que la provincia a la que representa es de las más perjudicadas por los ataques de lobo, y por Francisco Igea quien ha logrado introducir una enmienda en el texto definitivo. No obstante, ha contado con la abstención de UPL-Soria Ya, cuya procuradora, Leila Vanessa Macarrón ha urgido a tomar medidas en este sentido.

Por su parte, el procurador socialista José Luis Vázquez ha defendido que el PSOE ha estado "siempre" del lado de los ganaderos. "Tenemos que concebir de una vez por todas la absoluta compatibilidad de la protección de la persistencia del lobo con la garantía de la protección de nuestros ganaderos y ganaderas en nuestro medio rural, es fundamental", ha defendido, tras lo que ha considerado que Vox "desgraciadamente" se ha "utilizado al lobo y a los ganaderos para desviar el foco de donde está verdaderamente el problema del asunto" que, a su juicio, es la "incompetencia de la Junta" para gestionar esta situación.

Tras lamentar que Vox no haya aprovechado su labor en el Gobierno de la Junta para abordar esta situación y ha señalado que es fruto de la "incompetencia e insensibilidad", tras lo que ha urgido a elaborar el censo, ya que "es imposible poder conocer cuál es la dimensión de ese problema.

No obstante, ha considerado que a Vox "sólo le interesa la polémica" dada su petición al Gobierno central de que elimine al lobo de Lespre. "Pero si no sabemos realmente cuál es la realidad de la presencia del lobo en nuestro territorio, lo más sensato es que, de una vez por todas, la Junta de Castilla y León tome cartas en el asunto y adopte las medidas suficientes y necesarias para que la persistencia del lobo y la cabaña ganadería extensiva sean absolutamente compatibles", ha zanjado Vázquez.

Finalmente, el procurador del PP Antonio Jaime Mendoza ha destacado que el equilibrio entre el lobo y la cabaña ganadera "no es cosa fácil" y ha defendido la labor que se desarrollaba desde la Junta en este sentido "antes de que el PSOE, de la noche a la mañana, prohibiera su caza".

"Cuando en el año 21 el PSOE nos cerró totalmente la gestión del lobo, creíamos que era un mal sueño o mejor, una pesadilla en la que esperábamos despertarnos, pero no, el PSOE no quiere entender que con esta medida ha generado un problema de grandes dimensiones para el medio rural", ha lamentado Mendoza.

Finalmente, el procurador 'popular', tras asegurar su respaldo a la iniciativa de Vox, ha defendido que la Junta "ha sido ejemplar" en la gestión de este asunto y ha alabado la gestión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien, a su juicio, ha liderado esta defensa ante el Gobierno y ante Europa.