El tercer sector de Castilla y León reclama un nuevo modelo de financiación alejado de las subvenciones

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo, reclamó hoy un nuevo modelo de financiación para este grupo de entidades alejado del actual sistema anual de subvenciones, así como incrementar las asignaciones tributarias de interés social que los contribuyentes pueden hacer en la declaración de la renta del 0,7 a 1%.

Cayo, que realizó estas declaraciones al inicio de una jornada organizada por la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León en colaboración con el Consejo Económico y Social (CES), en la que se analizó el pasado, presente y futuro de estas organizaciones, también puso en valor que este conjunto de entidades encauza el movimiento solidario de la ciudadanía y profundiza y extiende la democracia e intenta acercar el bienestar a grupos vulnerables. Además, aseguró que el Tercer Sector “legitima a las democracias y las hace más amables”, informa Ical.

Al mismo tiempo, también denunció que se pretenda entender al Tercer Sector como un “mero complemento” de la administración y un “apéndice” de lo público, ya que esta situación provoca que se mantenga una financiación a base de subvenciones, sistema que se puede exponer a un intervencionismo político desmedido en función de lo críticas o no que sean las entidades con la autoridad. Además, criticó que este modelo de financiación se puede convertir en una “coartada” para que los derechos sociales no tengan un reconocimiento legal y en una especie de “caridad ampliada”.

En el foro también participó el presidente de la Plataforma de Tercer Sector de Castilla y León, Francisco Sardón, resaltó la gran experiencia que acumula este colectivo en la atención a las personas vulnerables y con discapacidad y remarcó el papel que juegan estas entidades en una doble vertiente, por un lado como defensoras de los derechos sociales, “evitando que ningún colectivo social vulnerable o desfavorecido quede excluido de unos niveles suficientes de bienestar” y, por otro, “como prestadoras de servicios y entidades colaboradoras de la administración”.

En este sentido, resaltó que aunque la colaboración público-privada ha sido un camino de éxito en el que se debe seguir progresando, advirtió que es importante que las entidades que conforman el sector no pierdan su “esencia” fundacional y continúen siendo asociaciones que representan, defienden y denuncian públicamente situaciones de discriminación.

Además Sardón recordó que el Tercer Sector en Castilla y León está formado por seis federaciones: Cruz Roja, ONCE, Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN CyL), Cáritas, Plataforma del Voluntariado de Castilla y León (PVCyL) y Plataforma de Organizaciones de Infancia (Poicyl). En total, agrupan a 234 asociaciones, más de 34.000 voluntarios y presta atención a unas 680.000 personas.

Por su parte, el presidente del CES, Enrique Cabero, se refirió al Tercer Sector como uno de los grandes instrumentos del Estado social y democrático y recalcó que se trata de una herramienta básica que no sustituye la actividad de las administraciones, sino que las complementa y contribuye a la participación ciudadana en el diagnóstico de las necesidades y en las configuración de las políticas públicas. “En la actualidad no se podría entender la política social sin la intervención de las organizaciones del Tercer Sector, que han supuesto una de las grandes aportaciones de la democracia a la calidad de vida y a la igualdad de derechos”, aseveró.

Además, también resaltó su importancia desde el punto de vista económico, dado que a nivel nacional supone el 1,4% del PIB y genera 528.000 empleos, además de contar con un millón de voluntarios.

En la jornada, a la que también asistió la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta, Esperanza Álvarez, participaron en diferentes mesas redondas representantes de los sindicatos, patronal, universidades y administraciones públicas.