La nueva Autoridad ‘anticorrupción’ pide seis trabajadores para instruir los chivatazos

La nueva Autoridad Independiente en materia de corrupción (el órgano con sede en Palencia, creado en junio para investigar denuncias por irregularidades en el sector público autonómico y local) ha recibido los cuatro primeros ‘soplos’. Tres de ellos ya han sido instruidos y resueltos con la decisión de ser archivados (dos procedían de Palencia y otro, de León). Suponen el arranque de actividad de un órgano nuevo, aún desconocido por el público, que ha echado a andar sin apenas recursos, adscrito al Consejo de Cuentas. Para coger ritmo necesita conformar su propia plantilla de expertos dedicados a la investigación e instrucción de los chivatazos que reciba. De momento, ha solicitado seis trabajadores, según las fuentes consultadas por este periódico. Ese número ya ha sido negociado con los sindicatos y debe ser autorizado por la Mesa de las Cortes.

El letrado Luis Gracia tomó posesión el pasado mes de junio de este nuevo cargo. Desde entonces se están impulsando diversas actuaciones para su dotación en materia de personal e infraestructuras, así como en la definición del plan estratégico del naciente órgano, creado en Castilla y León para dar cumplimiento a un mandato europeo (la ‘directiva whistleblowing’, de 2019) y a la normativa estatal (Ley 2/2023).

De momento, ha recibido cuatro denuncias o comunicaciones de irregularidades. Desde la propia Autoridad recuerdan que los casos son confidenciales. Las informaciones que han originado los procedimientos son las áreas de función pública y entidades locales, y, fundamentalmente, asuntos en materia de presupuestos.

Una web propia

El trabajo preliminar también está consistiendo en desarrollar medidas para incentivar y facilitar la denuncia de irregularidades. De momento, ya se ha creado un canal externo de denuncias, provisionalmente alojado en la web del Consejo de Cuentas (está disponible en su sede electrónica), pero próximamente entrará en funcionamiento una página propia de la Autoridad Independiente.

También está elaborando el procedimiento de gestión de denuncias, es decir, las obligatorias instrucciones para la tramitación. Y estudia la implantación de la ISO 37002 para la creación de un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección.

De forma paralela, está realizando el registro paulatino de los canales internos de denuncia que se van creando (instituciones y empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a crear el suyo en virtud de la normativa) y a inscribir a las personas responsables en cada caso.

En estos cuatro meses de arranque, la Autoridad ha mantenido reuniones con la Agencia Valenciana Antifraude, una de las más avanzadas del país, y ha abierto contactos con otras oficinas autonómicas, para recabar información de cara a una rápida implantación en esta Comunidad.

Gracia es funcionario del Cuerpo de Letrados, desde 2014 en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Su trabajo como Autoridad ‘anticorrupción’ debe desarrollarse «con plena autonomía e independencia de los poderes públicos».

Su adscripción jurídica al Consejo de Cuentas no supone dependencia jerárquica o funcional respecto al órgano presidido por Mario Amilivia. De hecho, sus funciones abarcan, además del sector público autonómico y local de Castilla y León, las cuatro instituciones propias (el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el CES y el propio Consejo de Cuentas), así como el Parlamento autonómico si lo acuerda la Mesa de la Cámara en lo referente a su actividad administrativa y de gestión patrimonial.

Investigar y resolver los casos sospechosos de corrupción es sólo una de las patas de la actividad encomendada a este naciente organismo. Le corresponde también la potestad sancionadora de las infracciones contempladas.

Otro de los cometidos de la entidad es la protección de los informantes. Eso incluye la adopción, si procede, de medidas de apoyo a las personas que comuniquen o revelen infracciones. 

Asume también el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control, así como realización de propuestas y recomendaciones. Es decir, en su mano el desarrollo de una importante labor de pedagogía para «mejorar la cultura de la gobernanza para reducir los riesgos de irregularidades», explican desde el órgano ubicado en la ciudad palentina.

La creación de la Autoridad Independiente quedo dispuesta en la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. De su trabajo deberá informar cada año en las Cortes, aunque se da la paradoja de que no será Luis Gracia quien dé cuenta en sede parlamentaria de esa actividad, sino el presidente del Consejo de Cuentas.

La nueva herramienta para la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y prevención del fraude es una figura que cuenta con un gran desarrollo en la cultura anglosajona. Coloquialmente conocida como 'whistleblower' (soplador o denunciante), se refiere a la persona que alerta dentro de una organización cuando detecta alguna irregularidad en su funcionamiento. El objetivo es fomentar este tipo de ‘chivatazos’ para que sean investigados y tomar medidas, si procede, con garantías para evitar el temor a represalias que conduce al silencio de los ciudadanos.