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VIVIENDA

La Junta convoca nuevas ayudas al alquiler de pisos con 19,5 millones

Contempla ampliarlo con 31 millones más / Suárez-Quiñones considera "insuficientes" los 11 millones del Gobierno del Bono Alquiler Joven y critica que lleguen a finales de año

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta la convocatoria de ayudas al alquiler.ICAL

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio convoca una nueva anualidad de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones, con un presupuesto inicial de 19,5 millones de euros, aunque las propias bases de la convocatoria, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), contemplan ampliarlo con 31 millones más. Por lo tanto, el desembolso podría alcanzar los 50,5 millones de euros. La convocatoria anterior, que se resolvió el pasado 6 de junio, benefició a 18.454 familias con escasos recursos económicos, con un montante de 40,6 millones. El plazo para la presentación de las solicitudes se amplía, entre el próximo 2 de diciembre y el 31 de enero de 2025.

Con motivo de la presentación de la convocatoria de ayudas al alquiler del año 2024, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció que se incluye la novedad por el que los solicitantes no tendrán la obligación de aportar el certificado o el volante de empadronamiento, como en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, este requisito se sustituirá por una casilla por el que el ciudadano podrá autorizar a la Junta a acceder a los datos de empadronamiento.

Acompañado de los representantes de CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, subrayó, según recogió la Agencia Ical, el “compromiso” del Gobierno autonómico de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplan los requisitos y los justifiquen. “Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal”, ensalzó el consejero.

Acompañado de los representantes de CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, subrayó, según recogió la Agencia Ical, el “compromiso” del Gobierno autonómico de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplan los requisitos y los justifiquen, ya que aseguró que será necesario hacer uso de esa ampliación de crédito. “Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal”, ensalzó el consejero.

Las ayudas, que se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda, se destina para mayores de edad, con residencia habitual y permanente en Castilla y León, y con ingresos de hasta tres veces el IPREM, que se eleva hasta cuatro para familias numerosas y víctimas del terrorismo, y hasta cinco para familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad igual o más del 33 por ciento.

La renta que se paga en la vivienda, para optar a la ayuda, cuenta con un límite de la renta entre 375 y 500 euros, que se amplía hasta 450 de mínimo y 550 de máximo, para Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Esos límites pueden llegar hasta los 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad del 33 por ciento o más, y familias con vulnerabilidad sobrevenida. Además, por segunda vez, se incluye el alquiler en habitación, con mínimo de 150 y máximo de 200 euros, en función de la población en que se encuentra.

En cuanto a la cuantía, se mantiene el incremento de la convocatoria anterior de la subvención del 40 al 50 por ciento de la renta, si bien para jóvenes menores de 36 años sube hasta el 60 por ciento; y si es en el medio rural, hasta el 75 por ciento, porcentaje igual del que se benefician las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. El consejero valoró el esfuerzo de la Junta para apoyar a jóvenes con las ayudas del alquiler, algo que justificó al precisar que en el año 2023 hubo casi 5.600 menores de 36 años que se beneficiaron de este programa, que supuso un desembolso de 14 millones de euros.

En presencia de la directora general de Vivienda, María Pardo, apostó por resolver las ayudas en el mismo plazo que en la convocatoria anterior. Pese a recordar que la norma obliga a resolver las ayudas en seis meses, subrayó que la Junta ha logrado bajar de ese periodo, gracias al esfuerzo en la contratación de personal en el servicio.

Apuesta por el Diálogo Social

La secretaria general de CEOE Castilla y León, María Teresa Cetulio, destacó que las ayudas al alquiler de la Junta son fruto de los acuerdos del Diálogo Social, ya que los agentes económicos y sociales defienden que los ciudadanos y los trabajadores tengan las mejores condiciones posibles. También valoró la “eficiencia” de la Consejería que ha dado pasos en la simplificación administrativa.

Por su parte, la secretaria autonómica de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de de CCOO, Yolanda Martín, y la secretaria ejecutiva de UGT Castilla y León, Sonia González, insistieron en la necesidad de avanzar para que las ayudas al alquiler de la vivienda sean un derecho subjetivo, de manera real y efectiva, tal y como está recogido en la Constitución.

Martín apostó por “explorar” en otras medidas de vivienda que su sindicado considera “muy necesarias” como es el incremento del parque público de viviendas en alquiler, mayores ayudas para la accesibilidad e impulsar el cohousing intergeneracional y las viviendas colaborativas para favorecer a los jóvenes y los mayores con pensiones más pequeñas, que suelen ser las que cobran las mujeres. Además, demandó más acciones que favorezcan el asentamiento de los jóvenes en el medio rural, sin olvidar la petición de la Junta cumpla la ley estatal de vivienda. Por último, pidió trabajar de forma “proactiva” y anticiparse a los problemas que se pueden dar en materia de vivienda, como ocurre en comunidades con zonas tensionadas.

Ayudas para la accesibilidad

El consejero aprovechó la presentación para recordar que el Bocyl publicó ayer las ayudas de accesibilidad a comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares o adosadas, correspondientes al año 2023, dotada con más de tres millones de euros, aunque las inversiones realizadas en los edificios o casas superan los ocho millones. En concreto, 590 viviendas se han beneficiado de esta convocatoria, de las que 554 son comunidades de propietarios y 36 viviendas de personas físicas con casas. Además, recordó que la Junta ya ha convocado las nuevas ayudas para el año 2024, dotadas con dos millones. Por lo tanto, señaló que la Junta ha destinado a esta materia 9,1 millones repartidas en cuatro años al precisar que en 2022 fueron 1,9 millones; en 2023, tres millones; dos millones en 2024 y otros tantos el próximo ejercicio

Suárez-Quiñones subrayó la política “potente” de la Junta con la vivienda, ya que la Comunidad ha destinado un total de 903 millones de euros en los últimos años, gracias a los 516 millones de la Junta (al incluir los beneficios fiscales), los 247 millones de los fondos europeos, los 109 millones del Gobierno de España y los 30 millones de las diputaciones provinciales.

Bono Alquiler Joven

Suárez-Quiñones reiteró que los 10,9 millones de euros de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven que recibirá Castilla y León del Gobierno de España son “insuficientes”, después de que en 2022 hiciera un desembolso inicial de 21,6 millones. Además, criticó que los fondos lleguen entre noviembre y diciembre.

El consejero recordó que ayer tuvo lugar la Conferencia Sectorial del Vivienda, con la presencia de las comunidades para ratificar el reparto y la distribución de los fondos del Bono Alquiler Joven, y aseguró que la mayor parte de las comunidades criticaron que los fondos llegarán a finales de año, además de ser escasos. No en vano, recordó que en 2022, la ayuda estatal solo llegó a uno de cada cuatro jóvenes de Castilla y León. “Demandamos que el Gobierno central tome nota de las ayudas al alquiler, que convoca y resuelve la Junta, que llegan a todas las personas que cumplen con los requisitos”, añadió. No en vano, calculó que el Bono Alquiler Joven solo beneficiará a 1.900 jóvenes, por lo que unos 10.000 quedarán sin esa ayuda.

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El consejero declaró que las comunidades también solicitaron ayer a los representantes del Ministerio, ante la ausencia de la ministra en la reunión, que hubiera una aportación de fondos para los gastos de funcionamiento. “Es una tramitación que se impone a las regiones, además que gestionar sus ayudas, y conlleva la contratación de más personal”, expuso.