Mañueco lidera una misión económica a París y Bruselas para atraer inversiones a Castilla y León

Con una inversión de 95 millones y 400 nuevos empleos se impulsará la actividad industrial en la provincia de Segovia. Así quedó concretado este miércoles en una reunión celebrada en Bruselas entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los responsables de cuatro de las empresas belgas más importantes, Drylock Tecnnologies, Asistem, VPG y SOFINA.

«Allí donde no llega el sector privado, en el que todos creemos, es necesario que haya un primer paso del sector público. Y ahí estamos desde la Junta de Castilla y León poniendo todo a disposición», destacó inicialmente Mañueco, que usó la expresión «decisiones que transformar la realidad» para transmitir lo «fundamental» que es la colaboración público-privada desde su punto de vista.

A través de alianza entre gobierno y empresas se afianzó ayer la inyección económica junto a Drylock y Asistem. Un proyecto contempla la construcción de una nueva fábrica, ubicada en el Polígono de los Hitales, en la localidad segoviana de Bernuy de Porreros, a la que Drylock destinará 40 millones de euros y que supondrá la generación de cerca de 400 empleos directos, indirectos e inducidos, la mayoría de ellos femeninos. «Muchísimas gracias por tu aportación, tu apuesta por Segovia y por seguir creciendo, innovando, invirtiendo en Segovia», pronunció Mañueco en dirección a Miguel Ángel González, director general de la multinacional belga, pero con raíces en Castilla y León al ser natural de Ponferrada.

A esta iniciativa se sumará una plataforma logística, ya en curso con Asistem, que implica otros 30 millones de inversión directa y la creación de 40 nuevos empleos.

«Por tanto, es un buen ejemplo de que con la colaboración público privada se dan los pasos necesarios para que todos consigamos ese objetivo, que es generar oportunidades y poder decir Segovia funciona, Castilla y León funciona», expresó Mañueco tras ambos anuncios en la sede de la Cámara de Comercio en Bruselas.

Por su parte, atendiendo a esas necesidades de actividad económica de la empresa, la Junta invertirá 24,5 millones de euros en este enclave para desarrollar 108 hectáreas de suelo de calidad, con servicios industriales y logísticos, además, de medios energéticos renovables.

Fernández Mañueco señaló que esta iniciativa se incluye en el objeto del nuevo Plan Territorial de Fomento para Segovia y, a su vez, se enmarca en una estrategia de planificación e inversión en infraestructuras industriales del Ejecutivo autonómico, con el objetivo de poner a disposición de las empresas e industrias que quieran implantarse en la Comunidad, con ventajas para invertir gracias a su ubicación, infraestructuras, calidad de sus centros formativos, estabilidad institucional y clima laboral, así como por la política del Ejecutivo autonómico para facilitar suelo y atraer inversiones.

«Este es uno de los muchos pasos que estamos dando en Castilla y León. Siempre decimos y ponemos a disposición de las empresas suelo industrial a bajo precio, en buenas condiciones desde el punto de vista de la energía, energía verde, con buena conexión. También apostamos por las ayudas directas, por dar condiciones de financiación para que las empresas puedan invertir en nuestra tierra, en Castilla y León. Y también la apuesta por la internacionalización», afirmó el presidente del Gobierno regional, quien destacó su misión económica entre París y Bruselas desde el lunes hasta este miércoles con el fin de «ver las distintas posibilidades de inversión y de exportación en el ámbito agroalimentario, en el ámbito de automoción y hoy en el ámbito de la celulosa fundamentalmente. Yo creo que esa colaboración público privada es fundamental y con esa es con la idea que me quiero quedar yo hoy aquí».

A la vista de ofrecer suelo con servicios energéticos renovables y áreas de servicios logísticos que permitan desarrollar una actividad industrial capaz de crear empleo de calidad, Mañueco anunció que en los próximos años está prevista la creación y comercialización de más de 1 millón de metros cuadrados de superficie industrial.

Presencia de Drylock

La experiencia de Drylock en Castilla y León, y sus proyectos de futuro han servicio como una excelente carta de presentación de las líneas de colaboración público-privada impulsadas por la Junta de Castilla y León para tratar de dar respuesta a las necesidades de las empresas. Y a estas iniciativas habrá que sumarse en los próximos meses el impulso a la actividad industrial a través de desarrollo de más de 108 hectáreas de suelo en el Polígono de los Hitales, en Bernuy de Porreros, con servicios energéticos de origen renovable y a bajo precio, más la plataforma logística que se construirá con una inyección económica de 70 millones de euros.

«Drylock es un magnífico ejemplo de cómo en momentos complejos y difíciles hemos estado siempre codo con codo. Habéis apostado por nuestra tierra, nosotros hemos apostado por los empresarios que quieren crear riqueza, quieren crear oportunidades y quieren crear empleo. Y además, nuestro sistema de formación, nuestro sistema educativo genera muchos y muy buenos trabajadores con una formación que tendremos que seguir mejorando», se refirió al respecto Mañueco.

Concretamente en Soria, esta multinacional belga opera con una planta productiva integrada en el sector de los productos sanitarios de celulosa, la cual da empleo a más de 320 trabajadores.

Por su parte, VGP está especializada en la construcción de infraestructuras industriales y semiindustriales, mientras que SOFINA, fundada hace más de 125 años como un conglomerado de ingeniería, es hoy una compañía de inversión con participaciones accionariales en Europa, Asia y Estados Unidos.

Subvención en La Robla

Por otro lado, la Comisión Europea publicó ayer los 85 proyectos innovadores sobre energía limpia que se beneficiarán de las ayudas de la Unión Europea en este campo, que en total cuentan con un presupuesto de 4.800 millones de euros. Una de las iniciativas que fueron escogidas por ejecutivo comunitario fue la Robla Green, un proyecto se ubicará en el polígono industrial de El Crispín, en La Robla (León). De momento, Bruselas no informó de exactamente qué cantidad de dinero se va a destinar concretamente al proyecto de la Comunidad.

Según el mismo proyecto de La Robla Green, su iniciativa es una «pieza clave en el proceso de transición ecológica de la industria hacia modelos sostenibles economía circular y una respuesta contundente a la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles en el transporte a través del e-metanol verde». En este sentido, la entidad defiende que el proyecto incentiva el aprovechamiento de los recursos naturales renovables (restos agrícolas) y facilita su valorización para la generación de energía neutra en emisiones. Además, pretende incentivar la producción de un componente indispensable para la industria química como es el e-metanol verde.

El hecho de que el proyecto se encuentre en el municipio leonés de La Robla no es casualidad, ya que en 1970 se inauguró la central térmica de La Robla que, junto a la industria minera, supuso un motor económico para el municipio leonés durante varias décadas. Con los años, pero, estas actividades han ido disminuyendo y se ha producido una reducción substancial de la población, sobre todo derivado de la falta de empleos.

De hecho, más allá de generar energía verde, algunos de los objetivos del proyecto es impulsar proyectos que tengan atraigan otras inversiones en la economía local, frenar la despoblación que sufre desde hace años la zona y crear nuevos puestos de trabajo de forma directa y favorecer que se amplíe la oferta laboral de la zona de forma indirecta, informa Ical.

Por todos estos motivos, la Comisión Europea escogió subvencionar al proyecto a través del Fondo de Innovación, uno de los mayores programas mundiales de financiación de tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono. Este fondo comunitario se financia con los impuestos que la Unión Europea recauda de los contaminadores, que tienen que pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero a través del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE).

La Comisión Europea espera todos los proyectos seleccionados estén en marcha antes de 2030 y que, en sus primeros diez años de funcionamiento, reduzcan las emisiones en unos 476 millones de toneladas de CO2, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea mediante la reducción de las emisiones de efecto invernadero.