«Puse un parte a un interno por insultarme y al día siguiente me pegó un tortazo»

Tareas de Atención Primaria, salud mental, observación a drogodependientes, cuidados paliativos, vacunaciones, servicios de urgencia y tratamiento de enfermedades infecciones. Diferentes ocupaciones que, a priori, se podría pensar que varios sanitarios penitenciarios se encargan de ellas, pero no, como relata una enfermera desde el anonimato. Con 25 años de experiencia como funcionaria en cárceles, 20 de ellos en una de Castilla y León que también prefiere mantener bajo secreto, ahora da el paso a mejorar su situación, tanto desde el punto de vista de condiciones hasta de seguridad, todo ello tras sufrir en su propia piel la agresión de un interno.

«Nuestra labor profesional se desarrolla siempre en el interior del centro penitenciario y, sin embargo, nos consideran personal de oficina, sin derecho a ningún complemento de peligrosidad, ni complemento específico de interior», comienza relatando esta enfermera, que asegura que la retribución que reciben estos profesionales es la «más baja» entre los profesionales que tienen contacto directo con los internos. Y todo ello pese a llevar año «reclamando» una actualización del complemento específico «acorde a nuestro trabajo real».

Sobre esa remuneración, ella misma enfoca el problema desde las funciones que están en vigor del Reglamento Penitenciario de 1981, concretamente del artículo 324, que «no ha sido derogado» pese a estar vigente la normativa del año 1996. «Las funciones que recoge están obsoletas y no nos identifican como profesionales de enfermería, ni recogen las labores que se realizan en el ejercicio de nuestra profesión», asegura la sanitaria.

Por otro lado, critica que la Junta de Castilla y León no asuma las competencias en materia sanitaria, como establecía en 2003 la aprobación de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que estipulaba que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud». Sin embargo, como apunta esta esta enfermera, solo el País Vasco y Cataluña tienen transferidas las competencias. «Llevamos 21 años reclamando que se cumpla la Ley de todas las formas posibles, incluso al defensor del pueblo. En algunas comunidades se ha conseguido comenzar a hablar, consiguiendo algún avance, pero en Castilla y León está totalmente cerrada la posibilidad de momento», afirma.

Sin médicos, más funciones

Con este contexto, la enfermera remata su denuncia con la «escasez de médicos», que provoca una sobrecarga laboral entre los enfermeros y enfermeros de las cárceles de Castilla y León al estar «solos» en la mayoría de centros.

«Con los medios actuales, es muy difícil trabajar», apunta al respecto Félix Alonso, del sindicato de prisiones Acaip, que apunta a que la «falta de médicos es un reflejo de la sociedad», con 40 vacantes en las cárceles de Castilla y León de 53 plazas disponibles. «Si faltan médicos fuera de las prisiones, ¿quién va a querer trabajar como médico aquí, que está peor remunerado y es más peligroso», plantea al respecto.

Si cada vez hay complejos penitenciarios sin médicos, o con un número muy escaso, los enfermeros son los grandes damnificados al tener que asumir funciones que no les corresponden. «Hay muchas tareas que se derivan de las situaciones regimentales del día a día, como agresiones o peleas, que necesitan la valoración de un médico, la realización de partes de lesiones al juez, la decisión de si puede un interno cumplir un aislamiento, si puede irse de conducción, etc. Y como no hay médico en el centro, nos lo piden a los enfermeros y eso es intrusismo», manifiesta, añadiendo a su vez que deben encargarse de atender urgencias vitales en muchas ocasiones.

Esta falta de atención de médica no solo perjudica los profesionales sanitarios con sobrecarga de trabajo, sino también a los propios internos que, además de no recibir la atención que le corresponden, generan más altercados por la situación. Y si muchas veces las disputas se producen entre reclusos, en otras ocasiones son los enfermeros quienes son objeto de amenazas y agresiones, como le ocurrió a esta enfermera anónima.

«Yo había puesto un parte a un interno por haberme insultado y ese parte se lo comunican con la sanción que corresponda. No le sentó muy bien y al día siguiente durante el reparto de metadona me pegó un tortazo», recuerda, con la ‘fortuna’ de sufrir lesiones graves, «pero sí me quitó el sueño durante unos días» hasta que el agresor fue trasladado a otra cárcel.

Lamentablemente, el suyo no es un caso excepcional ya que, como reflejan los datos, las agresiones aumentaron un 42,5% entre 2013 y 2023, hasta llegar a 57.

Si desde Acaip fijan las soluciones en mayor inversión para infraestructuas, formación y recursos humanos, como la figura de «agente de autoridad» y la transferencia de competencias a la comunidad de Castilla y León, la enfermera ve un futuro «negro» en las cárceles de la región. «Han dejado que la Sanidad Penitenciaria agonice, pero no por la seguridad en sí, sino por toda la problemática de escasez de personal y de las transferencias», concluye.