Radiografía de las cárceles de Castilla y León: más agresiones y menos médicos y funcionarios

En los últimos años, el déficit de médicos en Castilla y León ha sonado de forma repetida. Si los hospitales parecían ser los principales damnificados de esta situación, los datos reflejan que estos profesionales también escasean en las cárceles de la región, donde las vacantes por cubrir no paran de crecer al ritmo que lo hace la oferta de puestos de trabajo, y no solo en cuanto a personal sanitario sino también en el apartado de funcionarios, cuya plantilla está lejos de completarse. Entre faltas y carencias, la seguridad queda comprometida en los centros penitenciarios, repuntando con ello las agresiones de internos a profesionales, lo que provoca que las plazas pierdan atracción y, en consecuencias, una sobrecarga laboral de aquellos que deciden permanecer en una de las ocho cárceles de la Comunidad.

Los últimos datos ofrecidos por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) permiten radiografiar la situación penitenciaria en Castilla y León, con unos resultados de un 21,3% de puestos de funcionarios por cubrir, que corresponden a 649 de 3.005, y un 75,5% en el caso de médicos, con 40 vacantes de 53 plazas que en algunas cárceles no llegan a presentar ni un profesional sanitario, como ocurre en Ávila y Soria.

La comparativa a nivel nacional muestra con más alarmismo la situación en la Comunidad ya que, solo en el caso de puestos de funcionarios por cubrir, se sitúa como la tercera región con más plazas disponibles a junio de 2024, por detrás de Asturias, que tiene desiertas 134 vacantes de 556 empleos (24,1%), y La Rioja, con 47 de 196 (24%). No obstante, hay que tener en cuenta que ambas regiones solo cuentan con una única cárcel en sus territorios, la de El Dueso en Cantabria y la de Logroño en La Rioja, mientras que Castilla y León cuenta ocho repartidas por Ávila, Burgos, Palencia (Dueñas), León, Segovia, Soria, Salamanca (Topas) y Valladolid, lo que conlleva la diferencia entre RPT (relación de puestos de trabajo) y vacantes pueda ser considerada como la peor de España ya que en otras comunidades con mayor cantidad de centros, como Andalucía (20) o Madrid (10), la proporción desciende hasta un 10,2% y 16,8%, respectivamente.

El resto de regiones varía desde el 17,8% de empleos por completar en Cantabria (57 de 320); 17,5% en Extremadura (105 de 594); 15% en Castilla-La Mancha (156 de 1.035); 14,8% en Navarra (28 de 189); 14% en Galicia (245 de 1.751); 13,8% en Aragón (122 de 864); 12,8% en la Comunidad Valenciana (360 de 2.809); 11,4% en Murcia (87 de 762); 10,1% en Baleares (76 de 751); y 7,1% en Canarias (107 de 1.498).

León y Topas, a la cabeza

Con siete puntos por encima del déficit medio de España (14,1%), el reparto provincial refleja que la cárcel de León tiene la peor estadística porcentual con un 23,9% de vacantes por cubrir, seguido de Valladolid, con un 23,5%, y Topas, en Salamanca, con un 23,2%, todas ellas únicamente superadas por la cárcel de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, donde sus puestos de trabajo están por completarse en un 38,3%; la de Villabona, en Asturias, que están al 24,1%; y la de Logroño, en La Rioja, con un 24% de plazas por cubrir.

Por debajo, la palentina Dueñas tiene actualmente un 20,1% de plazas de funcionarios por cubrir, seguido de Burgos, con un 19,5%, Segovia (15,5%) y Ávila (15%), que, no obstante, están muy por encima del resto de centros penitenciarios del país ya que sus estadísticas únicamente son superadas por la cárcel de Murcia (19,7%), Herrera de la Mancha (18,8%), en Ciudad Real, Granada (18%), Ibiza (16,8%), y Ocaña II (15,8%), en Toledo.

La situación cambia si se extraen los datos absolutos, entre los que destaca negativamente el panorama en la salmantina Topas que, junto a la prisión ubicada en Valencia (163), es la que más vacantes de funcionarios tiene disponibles con un total de 152. Y justo detrás de ambas cárceles se hallan la de León, con 138 plazas por cubrir, y Dueñas, con 105.

El Centro Penitenciario de Valladolid, popularmente conocido como cárcel de Villanubla, es el siguiente con más vacantes, con 75, una cifra alta si se compara con el resto de España ya que únicamente es superada por las anteriores prisiones cuatro complejos situados en Madrid -Madrid II (82), III (91), IV (90) y V (93)-, y por el de Albolote, en Granada, que tiene 85.

El resto de cuatro cárceles de Castilla y León, con menores dimensiones, presentan una mejor posición en la relación de sus puestos de funcionario. Así, la penitenciaría de Soria cuenta con 57 empleos sin cubrir, seguido de Burgos (49), Segovia (48) y Ávila (25).

'Huida' de médicos

Si la falta de funcionarios penitenciarios en la Comunidad resulta preocupante, los datos ofrecidos por Acaip a este periódicos en relación al RPT de médicos aún son más pesimistas, lo que influye en la atención a los internos y, por ende, en un posible descontrol de la seguridad.

Entre las ocho prisiones de Castilla y León, la estadística refleja que debería 53 sanitarios repartidos entre ellas, con diez plazas en Topas, nueve en Dueñas y León, siete en Valladolid y Segovia, cinco en Burgos y tres en Ávila. Sin embargo, existe un déficit de profesionales cifrado en un 75,5% al tener 40 vacantes para titulados en Medicina, la cuarta mayor cantidad tras Andalucía (77), la Comunidad de Madrid (50) y la Comunidad Valenciana (47) que, en cambio, tienen plantillas más completas al faltarlas por cubrir un 58, 59 y 72%, respectivamente.

Lo que resulta evidente teniendo en cuenta el resto de la perspectiva nacional es hay más falta de médicos que de funcionarios en las cárceles, con datos que se separan desde el 66% de vacantes para sanitarios hasta el 14% para carcelarios. Y aunque los datos de Castilla y León son deficientes también en este aspecto, hay regiones que empeoran con mayor gravedad, como en La Rioja (3 vacantes para 3 plazas) o Navarra (1 de 1), donde no se cubre ninguna plaza para médicos; en Baleares, con una plantilla que está por cubrir al 82,3% (14 de 17); en Murcia, con un 83,3% (15 de 18); en Aragón, con un 77,7% (14 de 18); y en Extremadura, con un 76,9% (47 de 65).

Por debajo de Castilla y León se hallarían Galicia, con 21 plazas para médicos desierta de 32, es decir, un 65,6%; Canarias, con 20 de 31 (64,5%); Asturias, con seis de diez (60%); y Cantabria, con tres de ocho (37,5%).

Por provincias, los mayores déficits se presentan en las cárceles de Soria y Ávila, donde no hay ningún médico entre sus plantillas cuando deberían tener como máximo tres, como ocurre en otros trece centros complejos de España -A Coruña, Huelva, Málaga, Murcia, Mallorca, Algeciras, Granada, Alcalá de Henares, Tenerife, Valencia, Cuenca, Logroño y Victoria Kent-.

A continuación, la prisión de Topas, con ocho de diez plazas sin cubrir, y en Burgos, con cuatro de cinco, dejan un 80% de su equipo sanitario por completar; seguidas de Valladolid, con seis vacantes de siete (85,7%); Dueñas, con siete de nueve (77,7%); Segovia, con cuatro de siete (57,1%); y León, con cinco de nueve (55,5%).

Una situación, la de los centros de Castilla y León, que solo se ve mejorada por la cárcel de Algeciras, Las Palmas, Melilla, Teruel y Castellón (todas ellas a un 50%), Albolote (45,5%), El Dueso (37,5%), Córdoba (33,3%), el Psiquiátrico Penicentario de Sevilla (30%), Ourense (25%) y Alcalá de Henares (14,3%).

Más agresiones

El rechazo a las plazas de médicos de prisiones pueden conllevar diversos motivos, desde las retribuciones que tienen sus puestos hasta las propias condiciones laborales al estar expuestos continuamente a agresiones, insultos y otro tipo de acciones violentas. Y es que, como se extrae de los datos de Acaip, las agresiones siguen creciendo en las cárceles de Castilla y León, llegando hasta 57 en el año 2023, lo que supone un 42,5% más que hace una década.

Por centros, es Dueñas la que más conflictos acaparó el año pasado, con 20, cuya falta de seguridad siempre sale a escena con trifulcas entre presos y donde parece que la conflictividad recae en los trabajadores de la cárcel palentina. Así, acaparó un 35% de las agresiones producidas en los centros de Castilla y León.

Con la mitad menos, la prisión de León registró diez agresiones a funcionarios, cerca de las nueve que tuvieron lugar en Topas, dos más que en la cárcel de Segovia. Por debajo de ellas, Ávila (5), Burgos (3), Valladolid (2) y Soria (1) se repartieron el resto de actos contra profesionales que elevaron hasta 508 la cifra nacional, un 12,1% que el año anterior.

Una radiografía completa que vuelve a rescatar las medidas necesarias para mejorar la situación penitenciaria de Castilla y León.

Cifras que evidencian una realidad de las cárceles de la Comunidad que hace que se estime necesario la existencia de protocolos de seguridad para estos casos, pero como reseña Félix Alonso, de Acaip, solo existe el PEAFA, un procedimiento «con muchas carencias» que se abre para cualquier trabajador cuando se produce una agresión, pero no funciona para evitarla. Además, como apunta Alonso, tampoco existe «formación» para estas situaciones «ni apoyo psicológico». «Solemos estar acompañados del funcionario de vigilancia», razona al respecto la enfermera agredida, que explica que este tipo de incidentes quedan «en un mero expediente disciplinario con una sanción que en muchas ocasiones ni se cumple por el perfil psiquiátrico de los internos».