Crecen las interrupciones del embarazo en el ‘exilio’: 401 mujeres viajan a otra autonomía

El Tribunal Constitucional condenó en 2023 a Murcia por derivar a una mujer a otra autonomía para interrumpir su embarazo alegando que los ginecólogos del servicio público de salud eran objetores. Esa doctrina no ha impedido que cientos de mujeres sigan desplazándose a un territorio distinto al de su residencia para poder recibir una prestación que está incluida en la cartera de servicios del sistema nacional de salud.

Aquí fueron 401 las castellanas y leonesas que el año pasado recorrieron cientos de kilómetros para poner fin a su embarazo. Principalmente para ir a Madrid, que es donde se encuentra la clínica Isadora, adjudicataria de distintos contratos de las gerencias de Soria, Segovia y Palencia, prorrogados en los últimos meses. Se acaban de unir este año otros dos contratos en las gerencias de León y Bierzo, cuya actividad figurará en próximo balance con los datos del ejercicio 2024.

En el resto de áreas de salud se externalizan con Ginemédica, en Valladolid, adonde llegan pacientes de otras provincias de Castilla y León. Sólo algunas mujeres de Burgos y Miranda fueron atendidas en su hospital en 2023, al ser los únicos acreditados hasta ahora por Sacyl (a los que se suman en 2024 los de Salamanca y Aranda).

Esas 401 mujeres suponen el 13% del total, un aumento de tres puntos respecto respecto al año anterior. En 2022 habían sido 277 las pacientes que fueron a otras comunidades, en 2021 otras 278... En la última década la cifra venía disminuyendo desde 2017, cuando se alcanzó el pico: 734 pacientes fueron atendidas entonces fuera de Castilla y León, el 29% de los 2.531 abortos registrados ese año.

Sumando las cifras disponibles, desde 2013 son más de 5.500 las mujeres que tuvieron que salir de la Comunidad para abortar, el 19% de las 29.600 interrupciones contabilizadas en esos once años.