Más ginecólogos no objetores permiten ya abortar en los hospitales públicos de Salamanca y Aranda

Los hospitales públicos de Salamanca y Aranda de Duero han empezado a practicar abortos, poniendo fin así a la sistemática derivación de este procedimiento a clínicas privadas. Ambos se suman a los de Burgos y Miranda, los únicos dos centros de la red pública que hasta ahora ofrecían esta prestación en Castilla y León. En el resto siguen sin realizarse al estar sus ginecólogos (todos o la mayoría, según sus gerencias) acogidos a la objeción de conciencia, un derecho que colisiona con otro derecho, el de las mujeres a ser atendidas cerca de casa para poner fin a una gestación dentro de los plazos legales (hablamos tanto de embarazos no deseados como de aquellos que suponen un riesgo grave para su propia vida o tras detectarse anomalías en el feto).

La Consejería de Sanidad acaba de autorizar a esos dos nuevos hospitales de Salamanca y Aranda de Duero, que habían solicitado esa acreditación al disponer de los recursos humanos necesarios para poder asumir con medios propios este procedimiento. Así consta en la última actualización del listado de centros acreditados por Sacyl para la interrupción voluntaria del embarazo.

Además de los cuatro hospitales mencionados de la red pública, se mantienen tres centros de titularidad privada que ya estaban en años anteriores. Son las clínicas Buenavista (León), Hipatia (antes llamada Mencía, en Salamanca) y Ginemédica (Valladolid), esta última la adjudicataria habitual de los contratos de varias gerencias de salud de Castilla y León para externalizar el procedimiento.

Desaparece de ese listado Multimédica-Centro, que hasta el año pasado también estaba autorizado para realizar interrupciones voluntarias en Salamanca. La clínica no solicitó esta vez la acreditación para esta práctica, explican fuentes sanitarias. Su salida coincide con la entrada del hospital público de Salamanca.

Desde la Consejería de Sanidad confirman que en el último año ha aumentado la disponibilidad de ginecólogos en Castilla y León. En la actualidad hay 168 objetores de conciencia, precisan. Eso representa el 74% de los 226 especialistas contratados, según su última lista de efectivos. Se desprende así que ya hay 58 ginecólogos en la Comunidad dispuestos a realizar interrupciones. Hace un año eran 40 porque entonces 176 alegaban razones de conciencia para no realizar el procedimiento (sobre un total de 216 ginecólogos en plantilla, los objetores representaban el 81% del total).

La falta de ginecólogos por una generalizada objeción de conciencia es la razón esgrimida por las administraciones –aquí y en el resto de autonomías– para no implementar esta prestación en los hospitales públicos.

El último balance recién publicado por la Consejería de Sanidad señala que el año pasado se practicaron 3.096 interrupciones en Castilla y León, de las cuales sólo 277 fueron en hospitales públicos (en los de Burgos y Miranda, porque en el resto no se practican). Eso supone que sólo el 9% de todos los abortos se registró en instalaciones públicas, la misma proporción que en 2022.

Hasta ese año (que es cuando se autorizó al hospital de Burgos) el porcentaje apenas llegaba al 2% (correspondiente a las interrupciones registradas en Miranda de Ebro, que fue el primero, en 2011, en asumir el procedimiento en la red de Sacyl).

Ese peso mayoritario de los centros privados es generalizado en toda España, pero en otros territorios la proporción va disminuyendo. Frente al 9% de Castilla y León, la media nacional es el doble: el 18% se los 103.097 abortos registrados en España en 2023 se realizó en instalaciones públicas, lo que supone haber arañado dos puntos en los dos últimos ejercicios.

El aborto es legal en España desde 1985 pero ni aquella ‘ley de supuestos’ ni la posterior ‘ley de plazos’, que en 2010 lo consolidó como un derecho de las mujeres han conseguido que las españolas accedan a esta prestación en su hospital público. En 2023, la reforma de la ley del aborto reforzó la obligación de las administraciones de asumir la prestación dentro de la red pública. La nueva redacción de la ley 1/2023 emplaza de forma expresa a los servicios públicos a organizarse para garantizar «el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo».

El anterior Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el actual de Ana Redondo vienen exigiendo a las comunidades que activen medidas para garantizar esa cobertura y que la prestación se realice gratis, con todas las garantías y en igualdad de condiciones para todas las mujeres el país, un reto que encuentra su escollo en esa objeción de conciencia de los profesionales implicados.

La última modificación legal introdujo también el año pasado la obligación de las autonomías de tener un registro específico de objetores para las interrupciones. Castilla y León –donde el aborto es un asunto espinoso en el seno del PP y del Gobierno autonómico, que durante su etapa de coalición con VOX llegó a anunciar un polémico protocolo fantasma para obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal y hacerse ecografías 3D– no ha dado pasos para la creación de ese registro. Desde hace un año, la Consejería de Sanidad coloca esta patata caliente sobre el tejado del Ministerio, argumentando que está «pendiente» de que el Consejo Interterritorial de Salud regule su funcionamiento. En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que tiene ya avanzado ese protocolo para impulsar los registros en todas las autonomías. Entretanto, varias autonomías ya han mostrado su proactividad regulando sus propios ‘censos’ de objetores, sin esperar a ese marco estatal. Se tata de La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias.

Al no poder ser atendidas en su hospital público, muchas mujeres optan por adelantar o pagar de su bolsillo la asistencia en una clínica privada de su elección. Es lo que sucede en la práctica: que rechazan ese desplazamiento a un centro concertado lejos de casa y optan por otro en su propia provincia, si lo hay, o en otra más próxima aunque eso suponga correr con los gastos de un procedimiento que cuesta entre 400 y 1.600 euros (la intervención varía en función del método y las semanas de gestación), según la información disponible en las web de las clínicas que lo ofrecen.

Así se explica que León y Salamanca sean las únicas de Castilla y León con un mayor porcentaje de interrupciones no financiadas por Sacyl en 2023;ambas son precisamente las únicas que cuentan con clínicas privadas autorizadas pero sin conciertos con las gerencias sanitarias.

No consta que ninguna clínica de Salamanca ni de León concurra a los procedimientos de adjudicación cuando la administración pública los licita. Y se da la paradoja de que estos centros sí encuentran ginecólogos disponibles mientras las gerencias de ambas provincias justifican que no hay profesionales porque son objetores. Lo mismo sucede en Valladolid, donde Ginemédica no tiene problemas para contratar a sanitarios no objetores mientras no los hay ni en el Río Hortega ni en el Clínico.

En total, de las 3.096 interrupciones contabilizadas el año pasado en Castilla y León, sólo 1.800 fueron financiadas por Sacyl, mientras las 1.296 restantes (el 42%) fueron apoquinadas por las propias pacientes, que asumieron los gastos de un procedimiento cuya gratuidad tendrían garantizada al estar incluido dentro la cartera nacional de servicios.

En la España vaciada

El número de interrupciones voluntarias del embarazo creció el año pasado un 5% en toda España, hasta las 103.097. En Castilla y León el aumento fue mayor, del 9%, hasta las 3.096.

Por provincias, la mayor subida porcentual del país corresponde a Castellón (976, un 59%). A continuación se sitúan dos paradigmas de la España vaciada, como son Soria y Ávila, con un aumento del 35% (161 abortos en Soria) y del 25% (197 en Ávila), respectivamente. Les sigue Logroño (446, un 25% más) y luego aparece León (613, 21% más).

La siguiente provincia de Castilla y León en el ranking es Valladolid (705 abortos de residentes en esta provincia , un 10% más).

Por debajo de la media autonómica se sitúan Burgos (440, +2%) y Salamanca (396, 1% más). La cifra no varía en Zamora (205) y Palencia (170) y disminuye en Segovia (209, un 3% menos).