CSIF saldrá a la calle en Valladolid para exigir salarios dignos de los funcionarios

El sindicato CSIF saldrá a la calle el próximo 17 de octubre en una manifestación por unos salarios dignos y contra la ‘parálisis’ negociadora de Gobierno y Junta. La manifestación, que se celebrará en Valladolid, lleva por lema ‘Sin presupuestos, sin negociación, derecho a un sueldo digno’.

El presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, recalcó este miércoles que sin presupuestos, sin negociación y sin un salario digno, "sobran las razones para salir a la calle a alzar la voz contra el Gobierno y contra la Junta". "Es hora de actuar contra la parálisis negociadora del Gobierno y de la Junta, contra el inmovilismo de sus dirigentes y contra la falta de presupuestos generales y autonómicos", expuso.

Castro consideró que sin cuentas se asistirá a un progresivo hundimiento en la calidad de los servicios públicos que se prestan, no habrá ofertas de empleo público para reforzar plantillas, se acentuará la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y privados de Castilla y León y no habrá políticas que generen crecimiento económico y empleo en la Comunidad, informa Ical.

"Si el Gobierno y la Junta se niegan a escucharnos en los despachos, nos oirán en la calle", expresó Castro quien, además, aludió a que existe cierto "hartazgo de juegos de artificio, de promesas vacías", mientras se asiste en Castilla y León a acuerdos del Diálogo Social que "ni se tratan ni se acuerdan en las mesas de negociación correspondientes", y a leyes que blindan los servicios públicos olvidándose de ‘blindar’ a unas plantillas que cada vez "están más mermadas y tensionadas por la sobrecarga de trabajo, que son unas de las peor pagadas del país y que sufren una elevada temporalidad".

Asimismo, subrayó que en España se asiste a acuerdos parlamentarios que "no benefician", en referencia a la primacía de los convenios colectivos autonómicos sobre los nacionales que, según sostiene, "rompe el mercado laboral" o el "concierto catalán que rompe con el principio de solidaridad interterritorial e imposibilita la financiación de los servicios públicos, y con ello la igualdad entre territorios".

Ante esta situación, el sindicalista advirtió que no permitirán que los castellanos y leoneses sean "ciudadanos de segunda". Para terminar con el "limbo" en el que Gobierno y Junta mantienen a España y a Castilla y León, CSIF exige que la negociación comience con un acuerdo que garantice "salarios dignos", una vez que ha caducado el suscrito con los sindicatos de clase y que, en palabras de Castro, "tanto empobreció a los empleados públicos".

En la Comunidad, también pidió que se avance en los complementos autonómicos para limar ese "agravio comparativo" que sufren los empleados públicos de Castilla y León, y se abra la negociación colectiva en entes públicos en empresas.

Además de la urgente equiparación salarial entre administraciones y territorios, CSIF reivindicó nuevas leyes de la Función Pública, de carácter nacional y autonómico; que se recupere la estructura salarial previa a 2010, que se acabe con las tasas de reposición, se negocien las ofertas de empleo público, se refuercen las plantillas y se recuperen efectivos para así asegurar la prestación de los servicios y se implante la carrera profesional, allí donde aún no se ha hecho.

En su opinión, sólo se logrará retener y atraer talento a Castilla y León si se producen unas sustanciales mejoras salariales, se establecen medidas de conciliación familiar, así como posibilidades de promoción y ascenso, se mejoran las condiciones de los puestos de difícil cobertura. "No hay nada que vertebre más la Comunidad, que asiente población y promueva la actividad económica, que el despliegue de unos servicios públicos de calidad".

Castro realizó un llamamiento no sólo a los empleados públicos, sino a toda la sociedad castellano y leonesa para que se sume a esta movilización. "La defensa de los servicios públicos es la defensa de una sociedad más justa e igualitaria. No podemos permitir que se sigan deteriorando los servicios de Sanidad, Educación o Servicios Sociales, entre otros, por la falta de inversión y de compromiso político", concluyó.