El AVE de Palencia y el hospital de Aranda encabezan la inversión en obra pública

No resulta extraño que durante una travesía por Castilla y León alguna grúa sobresalga en el horizonte. Renovadas carreteras, modernos edificios, mejoras en hospitales y nuevas conexiones ferroviarias reflejan que el sector de la construcción no solo sigue en crecimiento sino que acapara prácticamente los mejores datos de su historia. Una tendencia que se representa a la perfección a través de las cifras, situando la licitación de obras en la Comunidad en un montante de 2.419 millones de euros, cuya inversión principal proviene del Gobierno de España, con 1.195 millones, frente al presupuesto de 707 millones de las arcas de la Junta de Castilla y León.

La evolución de la licitación recogida en la Memoria Anual desarrollada por la Cámara de Contratistas de Castilla y León refleja que la región sigue recibiendo jugosas inversiones para cubrir las demandas de administraciones y gobiernos. Una de las más recurrentes suele estar relaciones con el impulso de la Alta Velocidad entre territorios, con el fin de reducir los tiempos en los desplazamientos con mayor seguridad. En Palencia pueden dar buena cuenta de ello ya que la plataforma de la nueva línea de Alta Velocidad Palencia – Aguilar de Campoo acaparó el año pasado el mayor presupuesto de licitación del Gobierno, concretamente del Ministerio de Transportes, con más de 132,4 millones.

De hecho, fue Transportes el que mayor inversión realizó en Castilla y León en obra pública con 903,9 millones, lo que supone un 75,6% de la inversión de la Administración Central. Así, por provincias, Palencia fue la que más dinero recibió para licitar obras, con 213,3 millones; seguido de Burgos, con 202,3 millones, donde destacó el proyecto de construcción de la A-73 para el tramo Quintanaortuño-Montorio, para la que recibió 126,9 millones; Soria, con más de 166 millones, 116 de ellos destinados a las obras de la A-15; o Valladolid, con 108 millones, repartidos entre la construcción del nuevo complejo ferroviario (72 millones), la variante este (15,8) y conservación de carreteras del sector VA-02 (11,6).

En el resto de provincias, la inversión baja de las tres cifras, como en Zamora, que tuvo a disposición 72 millones que se repartieron para la rehabilitación del firme en la A-6 (14,3) o la mejora en vías como la ZA-20 (9,9) o ZA-12 (9,7); en Ávila, donde el Gobierno licitó obras por 24,1 millones, trece de ellos dirigidos a la conversación de carreteras; en León, con poco más de 14 millones, la mitad de ellos destinados a la construcción de un paso a nivel en la línea León-Matallana; y en Salamanca, que solamente licitó obras por 1,7 millones.

En menor medida, el reparto de presupuestos por Ministerios para licitar obras en Castilla y León fijó una inversión de 104 millones del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacando la construcción de la nueva sede del centro de procesos de datos para la gerencia de Informática de la Seguridad Social en Soria; 35,2 por el de Agricultura, Pesca y Alimentación; 20,3 millones por el de Justicia; 17,8 de Interior; 16,7 de Transición Ecológica y Reto Demográfico; 15,3 de Defensa; 11,9 de Ciencia e Innovación; y 2,3 del de Deporte e Inclusión, mientras que en el resto de ministerios no se supera el millón de inversión que, conjuntamente, situaron en un crecimiento del 144,3% el presupuesto licitación de la Administración Central tras pasar de 489 millones en 2022 a 1.195 en 2023, con un cumplimiento de adjudicación un punto por encima del 100%.

Apuesta en la sanidad

A diferencia del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León derivó gran parte de su inversión de 707 millones en obras relativas a la sanidad regional, con un total de 216 millones para licitar proyectos.

El principal, sin duda, fue la construcción del hospital de Aranda de Duero, en Burgos, al cual el Ejecutivo autonómico destinó poco más de 118 millones que, sumados los 70 millones distribuidas para la primera fase del bloque técnico del nuevo Hospital Río Carrión, en Palencia, representaron un 26,7% de la inversión de la Junta en Castilla y León.

En menor medida, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio fue la que mayor presupuesto usó en obras públicas de la Comunidad, entre las que destacaron las obras de ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, en León, con más de 34 millones que se integraron dentro del 203,9 millones dirigidos por este departamento.

Por debajo, la Consejería de Educación invirtió 72,3 millones, con un remarcado peso de casi 20 millones para la construcción para un edificio de usos múltiples en la Universidad de León, o el centro de Formación Profesional ‘Pico Frentes’ en Soria, con 12,2 millones; la de Movilidad y Transformación Digital, que desembolsó 69,5 millones para obras como las de la A-231, donde destinó 11,8 muillones a la conservación integral de la autovía; la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 67 millones, con los que Itacyl se responsabilizó de avanzar el proyecto en la comarca segoviana de ‘El Carracillo’, con más de 18 millones, y las obras para modernizar los regadíos de zona leonesa de Llamas de La Ribera, con prácticamente 15 millones; mientas que la Consejería de Familia invirtió 62,9 millones, casi un un tercio de este montante destinado a la construcción de un centro para personas mayores en Zamora.

Administración local

Un 21,4% del presupuesto para licitar obras públicas en Castilla y León correspondió a las administraciones locales, que elevó de 500 a 517 millones su inversión.

El dato más llamativo es que León recibió más inversión de ayuntamientos y diputaciones para encauzar proyectos que por parte del Gobierno. No obstante, entre los 110,3 millones que consiguió no figura ninguna obra destacada, al contrario que en Salamanca, que recibió 77,7 millones y donde destaca la construcciones de la plataforma intermodal ferroviaria, o Valladolid, con 91 millones que utilizó para reformar el Parque Tecnológico de Boecillo (6,9 millones) o para la rehabilitación del Ayuntamiento de la capital vallisoletana (6,3).

Una de las inversiones más destacas por parte de las diputaciones provinciales fue en Ávila, que contó con más de 32 millones y casi diez de ellos se destinaron a conservar carreteras de la ‘Zona 1’. O en Palencia, donde se licitaron obras por 39,7 millones y 7,5 se utilizaron para reformar la Escuela Universitaria de Enfermería.

El resto de los 517 millones suministrados por administraciones locales de la Comunidad se repartieron con 64,8 en Burgos; 39,9 en Zamora; 39,5 en Soria y 21,5 en Segovia, donde destacó la construcción de un nuevo parque de bomberos por 3,5 millones.

La construcción gana 5.000 ocupados pese a la desaparición de 46 empresas

Entre insolvencia y mayor creación de empleo. Es una paradoja que sigue estando presente en el sector de la construcción en Castilla y León, donde la desaparición de empresas es cada vez mayor que deriva en una falta de obra y, en consecuencia, que muchas obras terminen desiertas.

Los últimos datos ofrecidos por la Memoria Anual desarrollada por la Cámara de Contratistas de Castilla y León refleja que solo entre 2022 y 2023 un total de 46 empresas fueron disueltas, lo que cifró al término de ese año en 9.187 las compañías activas con asalariados en el sector, la menor cifra desde 2011 por los datos disponibles, cuando hubo contabilizadas 14.812 empresas.

Las tendencias, en cambio, reflejan un crecimiento en el número de ocupados y activos, superando incluso las cifras anteriores a la pandemia con hubo 72.000 y 66.000 personas, respectivamente. Y al cierre de 2023, ambas estadísticas aumentaron en uno y cuatro millares, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística.

Con todo ello, la Comunidad terminó 5.000 ocupados respecto a 2022, tras pasar de 65.000 a 70.000, el mayor número desde 2012, lo que ha permitido seguir creando valor en el territorio con nuevos proyectos licitados por 2.419 millones solo en 2023.

No obstante, muy lejos quedan las 127.000 personas activas buscando empleo en la construcción en Castilla y León que se registraron en 2009, cuando había un volumen de negocio cifrado en 15.674 millones de euros. Pero ese año marcó un paulatino descenso, ya que adentrada la anterior década, ese volumen descendió en más de 6.000 millones y, con un descenso constante, se llegó a los 5.861 millones en 2022.

Esa caída en el volumen de negocio, justificada en la disolución de empresas, no significó que hubiese más parados sino al contrario, ya que de los 22.000 personas que había en esta situación laboral en Castilla y León se fueron reduciendo en consonancia con el paso de los años hasta llegar a 3.000 en 2023.