Sanidad también envía a mujeres de León a abortar a Madrid pese a la condena a Murcia por hacerlo

Ni la reforma de la ley nacional el año pasado (regulando que las interrupciones del embarazo se realicen por norma en centros públicos) ni la sentencia del Constitucional, también de 2023, condenando a Murcia por derivar a sus pacientes a abortar a otra autonomía, han servido para cambiar las cosas en Castilla y León. La mayoría de las mujeres tiene que pasar ese trance en centros privados y lejos de casa. A partir de ahora también pacientes leonesas serán enviadas a Madrid. Dos nuevos contratos de las gerencias de salud de León y Bierzo acaban de concertar esta prestación con clínica Isadora, la misma adonde ya están siendo derivadas las usuarias de Soria, Palencia y Segovia. Este sábado se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Por un lado, León formalizó el 20 de septiembre el contrato para externalizar un procedimiento que nunca se ha realizado en el complejo asistencial público porque sus ginecólogos se acogen a la objeción de conciencia. Está dividido en dos lotes. El primero, para gestaciones de hasta doce semanas, se contrata con la citada clínica madrileña. El otro lote, a partir de las doce semanas, se lo adjudica Ginemédica en Valladolid, el único centro privado de Castilla y León con quien la Administración autonómica concierta interrupciones.

Por otro lado, la gerencia del Bierzo adjudicó a Isadora las interrupciones de más de doce semanas de gestación. Fue antes del verano y tras un procedimiento anterior que había quedado desierto. Eso supone que algunas mujeres tendrán que recorrer los 400 kilómetros que separan Ponferrada de Madrid para recibir esta prestación financiada.

En Castilla y León, sólo dos hospitales públicos (el de Miranda de Ebro y el HUBU en Burgos) realizan abortos. En el resto nunca se han hecho por que sus ginecólogos están acogidos a su derecho de objeción de conciencia. De los los 216 ginecólogos que hay en Sacyl, sólo 40 están disponibles para intervenir en estos procedimientos: los 176 restantes son objetores, según los datos que la Comisión de Transparencia obligó a la Consejería de Sanidad a facilitar a este periódico.

En su nueva redacción, la ley 1/2023 reforzó la obligatoriedad de que los servicios públicos se organicen para garantizar «el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo». Según los últimos datos disponibles, del año 2022, de los 2.839 abortos registrados en la Comunidad, sólo 248 fueron atendidos en los dos hospitales públicos de Sacyl, mientras las casi 2.600 restantes tuvieron que acudir a un centro privado. La mayoría, además, son atendidas en otra provincia. Ginemédica en Valladolid es la única que mantiene conciertos con Sacyl. Otros tres centros privados (Buenavista, en León, Multimédica-Centro y Mencía en Salamanca,) también están autorizados para realizar las interrupciones para quien quiera o pueda pagarlo de su bolsillo. No consta que estas empresas concurran a las licitaciones de las gerencias sanitarias de Castilla y León.

La modificación de la ley introdujo el año pasado también la obligación de las autonomías de tener un registro de objetores específico. Castilla y León –donde el aborto es un asunto espinoso en el seno del PP y del Gobierno autonómico, donde se llegó a anunciar un polémico protocolo fantasma para obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal y hacerse ecografías 3D durante la anterior coalición con VOX– no ha dado ningún paso. La Consejería de Sanidad se escuda en que está «pendiente» de que el Consejo Interterritorial de Salud regule su funcionamiento. La ausencia de esa regulación, sin embargo, no ha impedido a cinco autonomías (La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias) crear sus respectivos registros.