La tasa de delitos cometidos por menores dobla a la de adultos en Castilla y León

Cuando se habla de delitos, la lógica lleva a pensar que se trata de un acción castigada por la ley que es cometida por un adulto. Pero las estadísticas reflejan que son cada vez más los menores los que cometen esta infracciones, mientras en el caso de adultos desciende. Diferentes balances pero que de forma conjunta arrojan la cifra de 11.471 condenados en 2023, 722 de ellos menores y 10.749 adultos, lo que supone un descenso del 18,2% frente a los datos de un año anterior (14.039) y un incremento del 15,9% respecto a hace una década (9.895).

El tipo de delitos juega un papel importante para determinar la gravedad, clasificación y reglamentos con las que se estudia cada caso. De toda una variedad que diversifican estas infracciones cometidas en Castilla y León durante el año pasado, las más comunes fueron los que atentaron contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 4.739 delitos y entre ellos con gran predominio de hurtos, con 2.105, y aquellos contra la seguridad colectiva, donde el apartado de la seguridad vial fue el más repetido, con 3.698. Por debajo, en 2023 se cometieron 2.736 delitos de lesiones, 1.315 infracciones contra la libertad -989 relativos a amenazas- y 1.239 defraudaciones -1.040 correspondientes a estafas-, que junto a otras acciones, elevaron hasta 15.659 los delitos contabilizados en la Comunidad, un 16% menos que en 2022, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estadística, además del tipo de delitos, también ofrece resultados por sexo y edad de los condenados, así como la nacionalidad del implicado/a. Desprendiendo estos apartados se llega a la conclusión de que Castilla y León registró el año pasado la segunda menor tasa de personas adultas condenadas por sentencia firme, con 7,6 casos por cada 1.000 habitantes, solo por detrás de Castilla-La Mancha, que presentó 7,1 condenas. Además, se situó lejos de la media nacional, cuya tasa fue de siete puntos repartida entre 11,6 hombres de 18 años o más condenados por cada millar de vecinos y 2,6 en el caso de mujeres.

La misma tendencia en cuanto a los adultos condenados por sexo se mantuvo en Castilla y León el año pasado, ya que de las 10.749 personas procesados un 81,6% correspondieron a hombres (8.768) y el resto a mujeres (1.981).

Por edad, las personas de 41 a 50 años fueron los más condenados, con un total de 2.515, seguido de la franja entre los 51 y 60, con 1.501; de 21 y 25, con 1.335; de 36 a 40 (1.340); de 31 a 35 (1.278); de 26 a 30 (1.276); mientras que por debajo de las cuatro cifras se hallaron infractores de 18 a 20 años, con 703; de 61 a 70, con 581; y de 71 y más años, con 220.

Menores condenados

En el revés, la situación respectiva a los menores de edad deja a Castilla y León en peores posiciones dentro del conjunto nacional. Y es que si la tasa de adultos condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,6, aquella que incluye personas entre los 14 y 18 años fue de casi el doble, con 13,5. Una cifra que situó a la Comunidad 2,2 puntos por encima de la media nacional (11,3) y como sexta región con mayor tasa de menores condenados, por debajo de Aragón (18,5), Comunidad Valenciana (15,9), Asturias (15,6), Islas Baleares (15,3) y Canarias (15,2); mientras que se colocó por encima de La Rioja (12,1), Extremadura (11,8), Navarra (10,2), Cataluña (9,9), Castilla-La Mancha (9,2), Andalucía (9,1), Comunidad de Madrid (9), Galicia (8,8), Cantabria (8,2) y Región de Murcia (6,5).

En cuanto al sexo de los menores condenados, el reparto también reflejó un predominio de hombres con 538 infractores, lo que extrae un porcentaje del 74,5% frente a este género. Por edad, el reparto global fue más equitativo ya que entre los 722 menores condenados en 2023, 180 tenían 14 años, 159 realizaron delitos con a la edad de 15, 196 con 16 años y el resto, 187, con 17 años.

Con estos datos, sumados al de resto de regiones, durante 2023 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.022 menores condenados con sentencia firme, por todo tipo de delitos, lo que supuso una disminución del 7,2% respecto al año anterior.

Delitos sexuales

En el caso de menores de edad, la estadística del INE no especifica qué tipo de infracciones han cometido para ser condenados por sentencia firme. No obstante, si arroja el resultado de aquellos que fueron penados el año pasado por delitos sexuales, que fueron un total de 24, cinco menos que en 2022 (-17,2%) pero el doble que en 2017, el periodo más remoto con datos disponibles.

Por comunidades y cifras exactas, Castilla y León se posicionó como la sexta región -empatada con Aragón- con mayor cantidad de menores condenados por infracciones de índole sexual, por debajo de Andalucía (82), Comunidad Valenciana (62), Cataluña (55), Comunidad de Madrid (30) y Canarias (29).

Además, el INE informa que los menores cometieron hasta 27 delitos sexuales cometidos en 2023, un 34,1% que el año anterior cuando hubo 41. Al respecto, fueron hasta 52 las medidas adoptadas en Castilla y León ante los casos registrados en 2023.

Como es lógico, los datos son sumamente superiores si se extraen las cifras de adultos condenados por delitos contra libertad sexual. Así, fueron hasta 2.867 los penados a nivel nacional, según el Registro Central de Delincuentes Sexuales, el 97,2% de ellos hombres.

En el caso de Castilla y León fueron 117, frente a los 149 de 2022, y que colocaron a la región en el noveno puesto en la tabla por comunidades. De esta forma, Andalucía lideró con la cifra de adultos condenados por delitos sexuales, con 501, seguido de la Comunidad de Madrid (432), Cataluña (397), Comunidad Valenciana (361), País Vasco (172), Canarias (153), Islas Baleares (126) y Región de Murcia (120).

Por provincias

Por provincias y en lo que se refiere a condenas a adultos por delitos sexuales, Burgos lideró con diferencia los datos al registrar 41 infractores con sentencia firme, a la que siguió Valladolid, con 25, León (14), Palencia (10), Salamanca (7), Segovia y Zamora (ambas con 6), Ávila (5) y Soria (4).

Respecto a las penas dictadas, los resultados del INE también extrayeron el liderazgo de Burgos en este apartado, con 192, seguido de Valladolid (109), León (48), Palencia (33), Salamanca (24), Soria y Segovia (ambas con 23), Soria (20) y Ávila (18).

En el caso de los menores, fue Valladolid la que tuvo mayor infractores con menos de 18 años, con un total de seis, por encima de Ávila, con cuatro; Burgos, León y Zamora, todas ellas con tres; Soria, con dos; y Palencia, Salamanca y Segovia, con un único infractor por provincia.

Sin hacer distinción en el tipo de delitos, León lideró las cifras con 2.274 seguida por Valladolid (2.219), Burgos (1.916) y Salamanca (1.245). Por debajo del millar de condenas se situaron Palencia (911), Ávila (710), Zamora (533), Segovia (531) y Soria (410).

Penas a extranjeros

Entre la nacionalidad de la población, el INE refleja que del total de condenados adultos en Castilla y León, 1.884 fueron extranjeros, es decir, un 17,5%.

Sobre la tasa de adultos, la respectiva a la Comunidad se encuentra por debajo del nivel nacional, que durante el 2023 vio cómo el 72,3% de sus condenados tenían nacionalidad española, por lo que el resto, el 27,7% eran extranjeros, lo que supone diez puntos más que los resultados de la región castellano y leonesa.

En el caso de menores, el número se rebajó hasta 123, que englobó también un 17% del total de personas condenadas con menos de 18 años.

Al respecto, la estadística publicada por el INE especifica que, en términos absolutos, a mayoría de los menores condenados en el país tenía nacionalidad española (79,2%). En cambio, en la tasa por cada 1.000 habitantes de menores extranjeros condenados en España fue del 11,9, frente a los de nacionalidad española que anotó un 5,5; mientras que entre la población adulta, la tasa de la nacionalidad extranjera por cada 1.000 habitantes fue del 14,6, superior en 2,5 veces a la de los nacionalidad española (5,8).