Sanidad cuenta con un instrumento nunca utilizado para cubrir la falta de médicos en Castilla y León

Mismo caos, distinto escenario e idénticos perjudicados: los pacientes oncológicos... Y 16 años de diferencia. Una crisis en el servicio de oncología en Ávila, que estalló en 2008 con multitud de similitudes a la actual del Bierzo, derivó en que el entonces consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, impulsara un decreto de movilidad temporal que regulaba el traslado forzoso de médicos especialistas. Desde entonces, la Junta dispone de un instrumento normativo para obligar a especialistas a trasladarse al centro sanitario que lo requiera por un máximo de seis meses y reordenar así el personal para cubrir la falta de médicos.

El Bocyl lo publicó el 13 de mayo de 2009 y su aplicación, según recoge el propio Boletín Oficial, «procederá cuando sea apreciada una situación de inaplazable y urgente cobertura de la asistencia sanitaria de la población en alguno de los centros o instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León y hayan sido agotadas las posibilidades para la cobertura de dicha contingencia». Sin embargo, no se ha aplicado nunca.

El origen de esa norma parte de una situación caótica y desesperada para los pacientes oncológicos abulenses. De octubre a diciembre de 2008, el departamento de oncología del hospital Nuestra Señora de Sonsoles se quedó sin ningún especialista en plantilla. Ninguno. Y desde la Junta articularon una solución provisional parecida a la que han puesto en marcha en El Bierzo. Los pacientes eran atendidos por un especialista de Valladolid de lunes a jueves, por uno de Madrid, cuatro días salvo el martes, y los martes y viernes por uno de Salamanca.

Esos usuarios abulenses denunciaban «la inestabilidad y el perjuicio» que suponían estos refuerzos y protestaban por lo mismo que hoy se quejan desde el centro hospitalario ponferradino: «La falta de estabilidad y que cada día hay un médico distinto».

En la actualidad, en El Bierzo sólo hay dos de las cuatro plazas de oncólogos cubiertas. Uno de ellos permanece de baja y cuando el otro titular estuvo de vacaciones las consultas corrieron a cargo de facultativos de otras provincias y la planta la pasaron los internistas. El consejero ya ha anunciado otras dos plazas más para reforzar el servicio y evitar que la historia se repita.

Aunque median 16 años entre ambas crisis, desde la Consejería se lanzaba un mensaje casi idéntico al actual: «La atención está garantizada». Pero ni entonces ni ahora las protestas van referidas a una suspensión de la atención, sino a la calidad de esa atención recibida en la que «a un paciente con cáncer le vea un médico hoy y otro en la siguiente visita». Una persona que ya de por sí atraviesa una complicada etapa debido a la enfermedad y que espera recibir al menos una continuidad, además de una especial sensibilidad en el trato.

En aquel otoño de 2008, el revuelo alcanzó a varios estamentos de la vida pública castellana y leonesa. El Procurador del Común actuó de oficio para poner el foco en las «serias deficiencias y la carencia de personal», e instaba a la Junta a adoptar medidas, y la Fiscalía de Ávila abrió diligencias informativas por «el mal funcionamiento» del departamento.

El ejecutivo autonómico lanzó entonces un convenio de colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha del que se beneficiaron los enfermos de cáncer del Valle del Tiétar, y en diciembre se incorporó el primer oncólogo «estable» a la plantilla. Al poco, se sumó otro.

La crisis parecía resuelta, pero el titular de Sanidad quería evitar que el problema volviera a ocurrir y aprobó una medida para el desplazamiento de especialistas «de manera voluntaria y, de no conseguirlo, de manera obligatoria», como así lo reflejaron todos los medios de comunicación de la época.

El decreto sobre movilidad temporal del «personal estatutario fijo sanitario que trabaja en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud» recoge la figura de un traslado «de carácter excepcional que servirá para prestar una asistencia sanitaria de calidad en aquellos centros donde no se hayan podido cubrir las necesidades por los sistemas ordinarios».

Establece criterios también para promover de forma voluntaria esos desplazamientos para cubrir plazas, «buscando en todo caso incentivar la movilidad voluntaria a través de un aumento en el complemento de productividad», y la norma es de aplicación a los médicos, los diplomados en enfermería y los diplomados sanitarios.

El tiempo máximo que permite el traslado forzoso es de seis meses, en previsión de que este es tiempo suficiente para encontrar una cobertura estable. Pero de no ser así, se «nombraría a continuación a otro profesional». Y no recibirían una compensación extra como sí sucede en el caso de ser voluntaria cuando perciben 600 euros brutos diarios si trabajan mañana y tarde y 150 si sólo de mañana.

El punto dos del artículo siete del decreto, el que ahonda en la movilidad temporal forzosa, refleja que «se designará al personal estatutario en función de su menor antigüedad», es decir, el último en incorporarse. En caso de empate, «el criterio de desempate se establecerá en atención a los méritos curriculares, de menor a mayor mérito, de acuerdo con la baremación prevista en el último concurso de traslados publicado». Excluidos quedan, tal y como recoge la norma en el punto tres de dicho artículo, quienes «ocupen jefaturas de servicio o unidad, a los que sólo les será de aplicación agostados los criterios anteriores y en orden inverso a su rango».

Ese decreto por el que se podría reordenar las plantillas para cubrir aquellos departamentos que adolecen de falta de personal en más de un hospital permanece vigente y no conlleva incentivo económico alguno, pero la Consejería nunca ha echado mano de él en ninguna etapa, consciente quizá de que no tiene muy buena acogida entre los facultativos.

De hecho, cuando se aprobó, el propio sindicato mayoritario de médicos, el CESM, se opuso por tratarse de «una medida impuesta en vez de la incentivación».

Ante el nuevo panorama, el presidente del colegio de médicos y también del CESM, José Luis Díaz Villarig, no toma partido por si Sanidad debiera o no aplicar esta herramienta que permitiría ocupar las plazas en aquellos servicios deficitarios de profesionales. «El médico tiene derecho a decidir voluntariamente dónde quiere ir a trabajar. Y ante una situación límite, de extrema gravedad en la que se pone en peligro la salud del ciudadano, quien dirige tendría que tomar medidas drásticas para salvaguardar la salud y contar con los representantes de los médicos para ello. Ya lo hablaríamos y veríamos si se da».

El déficit de profesionales sanitarios que sacude a Castilla y León no se limita a los oncólogos ponferradinos. Para Villarig, «la situación del Hospital del Bierzo es la de una zona de difícil cobertura y tiene problemas gravísimos hasta el punto de que médicos renuncian a las plazas en propiedad por diferentes factores». Destaca entre ellos «que se ha creado una mala imagen y no se encuentra a quien quiera ir», pero insiste en que «no es sólo problema de oncología, sino de radiología, pediatría, ginecología...»

Hay multitud de unidades y servicios a lo largo y ancho de la Comunidad en una situación tan precaria que cuando un profesional coge una baja médica o disfruta de unos días de vacaciones no encuentran a otro especialista para cubrirlo y la sobrecarga en el resto de la plantilla se acentúa.

Esto sucede en servicios como Cardiología o Medicina Interna en el propio Bierzo, esta última sobrecargada, según denuncian las centrales sindicales, con pacientes de paliativos y geriatría; también en varias unidades del Hospital de Burgos (HUBU) como oftalmología, cirugía plástica y traumatología, que a principios de año alertaban de la alta presión asistencial soportada. Los sindicatos informaron en junio además de «la falta de profesionales», precisamente de oncología, del Complejo Asistencial de Zamora.

La diferencia entre hospitales son muy significativas y acentúan los desequilibrios que más tarde se plasman, entre otros aspectos, en las listas de espera tan diferentes según en qué área sanitaria se esté. Villarig señala que «en varios hospitales falta personal»: «A los de Valladolid y Salamanca no les falta, no tienen problemas. Luego ya están Burgos y León, y luego el resto. Los más pequeños tienen problemas en varios servicios y hay especialidades donde hacen falta profesionales», apunta.

Para el representante de los médicos de Castilla y León, el anuncio por parte de la Consejería de Sanidad de la aplicación de los incentivos de 6.000 euros anuales a los oncólogos que cubran las plazas del Bierzo «no incentiva». «La parte económica sola no sirve. No es suficiente porque el dinero solo no motiva». Sin embargo, sí tiene esperanza en la proposición no de ley que plantearon y registraron PP y Vox cuando eran socios de gobierno. «Habrá que ver qué medidas contempla y si mejoran las cosas».