Castilla y León, a la cabeza junto con Andalucía en el aumento de pobreza severa infantil

Cada vez hay menos niños pobres, pero son más pobres. Esa es una de las conclusiones extraídas por Débora Quiroga, técnica de pobreza infantil de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia en España, en la presentación del análisis de la Encuesta de las Condiciones de Vida con enfoque a la infancia en Castilla y León realizada este miércoles en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL). También han intervenido su presidente, Enrique Cabero, y el presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia en Castilla y León, Hugo Abel Díez.

La técnica de la organización ha presentado la metodología con la que han trabajado para elaborar el informe. Un informe en base a los datos ofrecidos por la tasa ERPE (o AROPE, según las siglas en inglés) que mide a un grupo de personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión social según el indicador Estrategia Europa 2020. Además, han tenido en cuenta la evolución de la carencia material severa infantil, es decir, aquellos menores que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos o que no pueden permitirse tener materiales como dispositivos móviles, televisores, etcétera. Sumado a ello, también han valorado el riesgo de pobreza severa infantil, que mide si los ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta mediana disponible equivalente.

Castilla y León cuenta, según datos del INE trasladados por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, con una renta media por unidad de consumo de 20.109 euros, lo que supone 567 euros menos que la media nacional. Por otro lado, la renta nacional se ha incrementado en el último año en 1.516 euros, mientras que la de la comunidad autónoma lo ha hecho en 992 euros. Cabe destacar que la región es un territorio con una población envejecida, con sólo 332.000 niños, niñas y adolescentes.

En Europa, con datos de 2023, la media de la tasa de pobreza infantil se encuentra en 19,4%, mientras que España es el segundo país con la cifra más alta, superando esa media con un 28,9%. En la Comunidad, el dato es de 22,6%, que en datos absolutos supone más de 74.000 menores.

Por su parte, en el ámbito ERPE (En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), Castilla y León es la cuarta comunidad con el porcentaje más bajo, un 25,5% que se traduce en 85.000 niños, niñas y adolescentes, mientras que la media nacional se encuentra en un 33,9%.

Históricamente, la infancia siempre ha tenido los porcentajes ERPE más altos. En el año 2022, este grupo poblacional se recuperó de las consecuencias del COVID gracias a las ayudas temporales que se dieron en ese momento. No obstante, según Quiroga, esa recuperación no se ha mantenido en el tiempo debido a factores como los bajos salarios o el alto coste de la vivienda. "Los hogares destinan un 40-50% de su salario en gastos de la vivienda y eso es algo que perjudica a los menores".

Respecto a la pobreza severa infantil, la tasa actual en Castilla y León alcanza el 14,1%, incrementándose en 3,5 puntos mientras que a nivel nacional apenas han existido modificaciones. En datos absolutos, equivale 47.000 niños, niñas y adolescentes, 10.000 más que en el 2022. Se convierte, por tanto, en la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido la pobreza severa infantil y es la tercera vez en la historia en el la que la tasa de Castilla y León es superior a la nacional (13,7%).

En cuanto a la evolución de la carencia material severa infantil, ésta ha aumentado 1,8 puntos en el último año, llegando al 7,9%, por debajo del 10,8% de la media nacional. Se trata de la cuarta tasa más baja de España, aunque es el segundo porcentaje más alto desde que se tiene registro. Además, tiene el segundo dato más bajo en las tasas de niños, niñas y adolescentes que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (3,5 %), en los que viven en hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (10,9 %) y los que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (13,2 %). Sin embargo, un 30% de los menores de Castilla y León viven en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos.

Con todo ello, se extrae que Castilla y León tiene el cuarto puesto con menor porcentaje en las tasas de ERPE y de carencia material severa en la infancia. Sin embargo, presenta una evolución irregular ya que, mientras que ha descendido en ERPE y pobreza, tiene fuertes incrementos, de 3,5 puntos en pobreza extrema y de 1,8 en la carencia material severa.

Al hilo de ello, Hugo Abel Díez ha presentado una serie de propuestas desde el organismo de la Comunidad. En primer lugar, implementar mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía: corregir el baremo del umbral, mejorar las ayudas orientadas a los hogares vulnerables, desarrollar protocolos transversales y configurar una red de apoyo en la que estén implicados tanto las administraciones públicas locales, como entidades del tercer sector y de la sociedad civil. También ha propuesto mejorar la coordinación entre las Administraciones públicas para vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la lucha contra el absentismo y temprano abandono escolar, recuperando así la vinculación que se hacía con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Garantizar espacios de ocio y juego al aire libre, así como la cobertura de actividades extraescolares, contando con el apoyo de las organizaciones de infancia especializadas en la temática es otra de sus propuestas, junto con la de desarrollar itinerarios de inclusión social y laboral que tengan en cuenta las necesidades de conciliación del familiar, en especial de aquellas que tienen hijos de 0 a 3 años.

Sumado a ello, Díez ha propuesto mejorar las ayudas de emergencia para las familias con hijos e hijas a su cargo, incrementar el parque de viviendas públicas para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en las zonas rurales o modificar las becas de los comedores escolares para que más niños, niñas y adolescentes puedan permitirse, al menos, una comida con proteínas cada dos días en entornos escolares que dispongan también de comedores propios para mejorar la calidad de la comida.