Enfermería se planta y demandará a los médicos que tachen de «riesgo» sus recetas

La guerra entre médicos y enfermeros a cuenta de la prescripción de recetas ha sumado un nuevo capítulo en el que estos últimos se han plantado y amenazan con demandar a los representantes que argumenten que esta medida supone un «riesgo» para la salud de los pacientes.

Después de que el Ministerio de Sanidad emitiera unas guías con las que se permitía al personal de Enfermería recetar paracetamol e ibuprofeno, así como otra para hacer lo propio con medicamentos contra la cistitis, organizaciones médicas se pronunciaron en contra de la medida.

Ahora, sin embargo, ha sido el Consejo General de Enfermería el que ha dado un golpe sobre la mesa anunciando, a través de un comunicado emitido ayer, con el que anuncia «acciones legales -demanda en defensa del derecho al honor- contra todos aquellos representantes de estamentos médicos que atacan, con injurias y otras manifestaciones públicas, diciendo que la prescripción enfermera de medicamentos, aprobada y amparada por la legislación española, supone un ‘riesgo’ para el paciente».

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, es quien afirma que «no tolerará ningún menoscabo de la capacidad de las 345.000 enfermeras y enfermeros para ejercer una atención sanitaria más eficaz y beneficiosa para el sistema público de salud».

«Tomaremos todas las medidas jurídicas para hacer valer nuestros derechos y nuestro desarrollo profesional. Parece que hay estamentos médicos que quieren retroceder no ya al siglo XX, sino al XIX, con tal de mantener sus privilegios», afirma Pérez Raya. «Basta ya de negar el sentido común y de no conocer la realidad de la práctica clínica. Basta ya de insultar y denigrar a unas enfermeras que se ganan cada día el respeto de profesionales y pacientes», apostilla.

Precisamente fue el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León uno de esos organismos que criticó la decisión del Ministerio de Sanidad de habilitar a los profesionales de enfermería para recetar paracetamol e ibuprofeno, medicamentos contra la fiebre y otras dolencias leves que se pueden adquirir en las farmacias sin el descuento que implica su prescripción, así como el correspondiente tratamiento contra la infección de orina.

A través de un comunicado emitido el pasado 29 de agosto el CCOMCYL, presidido por el doctor José Luis Díaz Villarig, arremetía contra las «mal denominadas guías de prescripción enfermera de medicamentos sujetos a prescripción médica», ya que consideraban que eso supone «un grave riesgo para la seguridad de los pacientes».

«La reciente publicación por parte del Ministerio de Sanidad de la ‘Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica poar parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas’, junto con algunas de otras guías publicadas recientemente», aludiendo así a las que se refieren al paracetamol y al ibuprofeno, «supone una vulneración flagrante de estos principios que deben presidir la práctica clínica a la que tienen derecho los pacientes», argumentaba el CCOMCYL.

En la misma línea, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León recordaba que «tanto la legislación europea, como la española, reservan en exclusiva a médicos, odontólogos o podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica». «Y todo ello en base a proteger y garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes», apostillaba.

«Una supuesta falta de médicos», apuntaba también el organismo dirigido por Díaz Villarig, «no se consigue trasladando competencias médicas a otras profesiones, sino con una correcta planificación de los recursos humanos, facilitando el acceso al médico, dotándole del tiempo necesario para la asistencia y de los recursos técnicos necesarios para hacerle más resolutivo y, a la vez, descargándole de las tareas que no le son propias».

Continuaban los médicos castellanos y leoneses instando al Ministerio de Sanidad «a que cese en la publicación de nuevas guías y retire las ya publicadas». Asimismo, instaba a la Consejería de Sanidad de Castilla y León «a que tome las medidas necesarias para que estas guías no se desarrollen en Castilla y León», motivo por el cual anunciaban la solitud de una reunión urgente con el consejero Alejandro Vázquez.

Días después, sin embargo, ha llegado la respuesta del Consejo General de Enfermería con ese comunicado en el que también señalan que «las guías que marcan las actuaciones de las enfermeras con fármacos de prescripción médica las aprueba el Ministerio de Sanidad, en una comisión de la que forman parte la Organización Médica Colegial -que después las recurre-, las comunidades autónomas, Fuerzas Armadas, mutuas de trabajo y representantes prestigiosos de la profesión farmacéutica de diferentes comunidades autónomas». «Y todo ello en cumplimiento de la Ley del Medicamento y el Real Decreto sobre prescripción enfermera», añade también el CGE.

En relación con los médicos, Pérez Raya afirma que «da pena que esos mismos representantes no sean capaces de asumir lo que la Organización Médica pactó. Las guías de prescripción enfermera fueron consensuadas entre todos los actores sanitarios -médicos, enfermeros, farmacéuticos, Administraciones Públicas...- y los pactos se cumplen por coherencia profesional y democrática. Lo que están haciendo algunos representantes colegiales de los médicos y los sindicatos del ramo es indigno e impropio de instituciones sanitarias serias».

En este contexto, no obstante, el Consejo General de Enfermería arremete directamente contra Castilla y León y señala al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Así, el comunicado recoge que «sorprende, además, que algunos representantes de los médicos a nivel regional, como el señor Villarig en Castilla y León, se atreva, muy ufano, a manifestar que tiene la palabra del consejero de Sanidad de la región de que las guías de prescripción no llegarán a aplicarse en su territorio». «¿Un consejero de Sanidad se niega a aplicar una legislación estatal, arriesgándose a incurrir en responsabilidad penal?», se pregunta al respecto el Consejo General de Enfermería.

Por todo lo anterior, trasladan también que «el CGE hará un requerimiento previo al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, para que manifieste si es cierto lo que afirma el señor Villarig. Se incluirá la advertencia de posibles acciones penales para depurar las responsabilidades en las que podría incidir en tal caso».

Más allá de esta cuestión, que afecta directamente a Castilla y León, el Consejo General de enfermería aprovecha el mismo comunicado para mostrar su apoyo al Ministerio de Sanidad y refrendar la postura del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha expresado en sus declaraciones que «la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos. Adecuar y compatibilizar las funciones a las capacidades de unos profesionales cada vez más y mejor formados no es para sustituir a otras profesiones, es, sobre todo, para mejorar la atención a los pacientes. Este avance competencial es imparable porque no es algo sanitario, sino una dinámica que lo excede, un factor de estímulo para todas las categorías profesionales y el lugar donde surgen formas mejores de hacer las cosas».

«Es preciso preguntarse también», continúa el amplio comunicado emitido por el órgano más alto de representación de la Enfermería en España, «si la judicialización de las guías que regulan la prescripción enfermera, junto a las declaraciones alarmistas e indecentes sobre el ‘peligro’ para los pacientes que supone el trabajo de las enfermeras en este terreno, lo que pretende es generar un cóctel de miedo e incertidumbre y, en general, urdir una campaña para presionar a los jueces con el fin de revertir algo que, en la vía política, no tiene visos de frenarse ante su indudable repercusión positiva en el sistema sanitario».

Para Pérez Raya, «hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al Sistema Nacional de Salud y por dar seguridad jurídica a las enfermeras/os en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente», añade el presidente del Consejo General de Enfermería.

«Cómo puede nadie pensar que todo un Ministerio de Sanidad sea capaz de promulgar una legislación que perjudique la atención sanitaria a los ciudadanos, tal y como se está manifestando públicamente. El daño puede ser irreparable», concluye Pérez Raya.