Castilla y León garantiza más fondos para las entidades locales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció hoy que la Junta garantiza un aumento del tres por ciento del fondo de impuestos propios a las entidades locales en 2025, con algo más de 15 millones de euros. Se trata de uno de los puntos incluidos en el orden del día del Consejo de Cooperación Local, celebrado hoy en Valladolid, en el que se abordó cómo afecta la aprobación de la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, por el que suprime el tributo a los vertederos, uno de los dos impuestos autonómicos propios, y que pasará a ingresar el Estado en lugar de la Comunidad, para luego transferir a la Administración.

González Gago recordó que, pese a esta rebaja por la eliminación de este gravamen, la Junta aplicará esta mejora, que supondrá un total de 15 millones de euros para las administraciones locales, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, que deberán superar la tramitación parlamentaria, según informa Ical.

El consejero destacó que esta medida se incardina en la “voluntad” del Gobierno autonómico de “garantizar los fondos que las corporaciones locales reciben incondicionadamente cada año en el concepto de impuestos propios autonómicos, que es lo que se llama participación en los ingresos autonómicos”. Desde 2015, cuando se implantó este nuevo sistema de financiación, este fondo abarcaba dos impuestos: el de afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y el de la eliminación de residuos en vertederos.

Ahora, la aprobación de esta ley nacional en 2022 ha creado el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, un nuevo tributo estatal que recae sobre el mismo hecho imponible que el tributo propio autonómico de residuos en vertederos, y lo deja sin efecto desde 1 enero de 2023.

La creación de este impuesto estatal responde a una “decisión unilateral” del Gobierno de España, sin contar con las comunidades, y se aplica en todo el territorio del Estado español, por lo que su creación afecta “directa y económicamente a las entidades locales de Castilla y León, en cuanto interfiere en el modelo de financiación local autonómico”. Esto provoca, continuó González Gago, que el hecho imponible “afecte al impuesto autonómico, de tal manera que, de cara al año 2025, ese impuesto autonómico propio ya no existe”, lo que supone una “merma, una rebaja en los fondos globales que la Junta aporta anualmente a las corporaciones locales”. “Pero nuestra idea es proteger esos fondos”, comentó González Gago, quien insistió en que “se intenta llevar” en la Ley de Medidas de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de este año una modificación legal en virtud del cual se garantiza que el fondo por impuestos propios autonómicos “tenga la misma cuantía que este año, incrementado en un 3%”.

Así, prosiguió, “aunque se suprime uno de esos dos impuestos propios, el volumen global de lo que venían percibiendo las corporaciones locales sigue siendo, como mínimo, lo mismo más un tres por ciento”, apuntó González Gago, quien confió en que supere la tramitación parlamentaria.

Plan de drogadicción

En el orden del día del Consejo de Cooperación Local también se recoge el Anteproyecto del Plan Autonómico de Castilla y León sobre Adicciones 2024-2030, que supondrá una evolución del anterior VII Plan Regional sobre Drogas, y que tendrá el objetivo de sensibilizar, evitar y atajar los problemas derivados del consumo de drogas, del juego patológico y de la utilización problemática de pantallas.

Además, se ha puesto en conocimiento el borrador de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027, que aúna, planifica y dirige en un único documento todas las actuaciones que desde la Junta de Castilla y León se realizan en relación con el comercio minorista, constituyendo un catálogo de actuaciones en apoyo de este tipo de actividad, especialmente la de proximidad, junto con el apoyo a su modernización y digitalización, sin abandonar la apuesta por el establecimiento físico.

Por último, en el apartado de carreteras, se ha trasladado, para su conocimiento, el cambio de titularidad recíproco del camino de circunvalación y de la travesía de Los Campos entre la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Las Aldehuelas. También se ha comunicado el cambio de titularidad del tramo de carretera de conexión de la CL-600 y la VP-9903 en el entorno de Puente Duero, que pasa a formar parte de la red de carreteras de la Diputación de Valladolid.