CSIF avisa de un "otoño caliente" si Castilla y León no equipara los salarios de los profesores con los mejor retribuidos
La Central Sindical Independiente de Funcionarios augura un “otoño caliente” si la Junta no se compromete a ello
Un aula en una imagen de archivo
La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, recalcó hoy que el curso 2024/2025, que mañana arranca con la llegada a las aulas de los alumnos de Primaria y Secundaria, tiene que ser “el de la negociación de la mejora de las condiciones laborales del profesorado de la educación pública”. “Es intolerable que los docentes cobren 700 euros menos en relación con las autonomías con mayores retribuciones. Exigimos equiparación salarial”, apuntó además de denunciar que los profesores son “los únicos funcionarios de la autonomía sin una verdadera carrera profesional”. “El resto no tienen que renunciar a complementos y nosotros debemos renunciar a los sexenios para optar a la carrera profesional”, explicó.
En declaraciones recogidas por Ical, Madruga aseguró que “existe un compromiso incumplido de paliar este agravio comparativo” y auguró que “tendremos un otoño caliente si no se negocia esa mejora salarial”. “Estos agravios no se pueden prolongar más en el tiempo”, apuntó antes de advertir que prevén movilizar al profesorado de la educación pública para lograr “un verdadero reconocimiento a su labor docente, demostrada en los informes PISA”. “La Junta tiene que ir más allá de las meras y buenas palabras”, reclamó, según informa Ical.
En el encuentro que protagonizó con los medios, también exigió que se siga avanzado en cuestiones como la reducción horaria lectiva (17 horas en Secundaria y Otros Cuerpos y 24 en Maestros), conforme al acuerdo alcanzado en enero de 2022; o en la recuperación de las 35 horas de 2023, cuestiones ambas que precisan un incremento de profesorado.
Madruga compareció acompañada por el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González, que aseguró que, una vez más en el inicio de curso, “el exceso de burocracia distrae al profesorado de su verdadera función: enseñar”. “La Administración exige programaciones cada vez más extensas y detalladas, documentos extensísimos de escasa o nula operatividad”, afirmó.
Además, lamentó que los estudiantes de segundo de Bachillerato, nuevamente, se enfrente a la “incertidumbre” de una nueva prueba de acceso a la Universidad (PAU), de la que a día de hoy “no se tiene información clara y precisa de cómo se va a desarrollar”.
También apuntó que “siguen pendientes” cuestiones como la atención a la diversidad, donde falta profesorado especialista de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa, y las ratios de atención de alumnado son excesivamente altas. Y señaló que tampoco se ha avanzado lo suficiente en la mejora y mantenimiento de los centros docentes, las retribuciones de los equipos directivos de los Colegios Rurales Agrupados (CRA), renovar el acuerdo de itinerancias, nuevas convocatorias de acceso a Cátedras y avances en licencias y permisos, que permitan facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
La FP, “gran protagonista del curso”
Para González, “la gran protagonista del curso es la Formación Profesional”, donde “la incertidumbre se multiplica” con la nueva normativa, a la que se han ido añadiendo Reales Decretos que establecen una nueva ordenación y regulación de estas enseñanzas que, “como sucedió con la Lomloe, han llegado tarde y esto ha supuesto que los decretos autonómicos de Castilla y León sobre FP todavía estén en fase de borrador”. “La Junta echa la culpa al Ministerio pero al final el gran perjudicado es el profesorado. Es un cambio muy profundo, veremos cómo va afectando”, afirmó.
Desde el sindicato reclaman información y transparencia del proceso de reestructuración de FP, para que no suponga menoscabo de las condiciones laborales de los docentes, y exigen que se reconozca la difícil labor de los responsables de las aulas de emprendimiento y de los viveros de empresa. “En Castilla y León el 96 por ciento de las empresas son microempresas, con menos de diez trabajadores. En ese contexto será difícil buscar las prácticas requeridas”, advirtió, además de mostrar su preocupación por la “creciente privatización de la FP”. “La FP tiene que ser pública, porque es la educación pública la que está presente en el medio rural. Es fundamental el refuerzo de la FP pública, porque de ello depende el mundo rural”, sentenció.