El Consultivo avala que la Junta recurra ante el Constitucional la Ley de Amnistía
El consejo dictamina que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para que se interponga el “recurso de inconstitucionalidad” contra esta Ley Orgánica
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, imagen de archivo. ICAL
La Junta de Castilla y León avanza contra la Ley de Amnistía. El Consejo Consultivo de la comunidad avala que el ejecutivo autonómico recurra ante el Constitucional esta Ley Orgánica, ya que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para que se interponga el “recurso de inconstitucionalidad”.
Su dictamen para el que ha sido ponente el presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, fue aprobado el día 8 de agosto, por mayoría de votos, y cuenta con un voto particular. Este recoge que hay "fundados argumentos" para mantener que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, "no tiene cabida en la vigente Constitución Española; por lo que su aprobación, conforme a los principios y valores constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución", según aseguran en un comunicado.
El Consejo mantiene que "la Ley de Amnistía vulnera el derecho de igualdad (art. 14 CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes".
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Por el contrario, consideran que "no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el bloque de la constitucionalidad, por haber sido utilizado el procedimiento legislativo de urgencia para la aprobación de la 'Proposición de Ley de Amnistía'".
La función del Consejo Consultivo en asuntos como este, cuya misión es la de dictaminar previo a la toma de decisiones la adecuación de estas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es "ofrecer a la Junta de Castilla y León elementos de juicio suficientes para que la decisión de recurrir la inconstitucionalidad de la ley orgánica estatal sea finalmente tomada con las máximas garantías jurídicas".
Por ello, "el dictamen recuerda que la intervención del Consejo opera a modo de garantía constitucional-estatutaria previa al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo autonómico pretende interponer".