El Supremo rechaza el recurso de la Junta y anula el plan de emergencias de Castilla y León

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado este lunes el recurso de casación de la Junta contra la sentencia que anulaba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad, como fue promovido por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (PBPCyL).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó sentencia el 30 de junio de 2022 en favor de la PBPCyL que, tras examinar la memoria, comprobó que en el apartado 4 del Plan Sectorial de Emergencias de Castilla y León que se ocupa del 'Impacto Económico y Presupuestario' no se justificaba la inestimación del coste para los municipios de 20.000 habitantes que acogen los Parques Tipo 1. "La Memoria no va acompañada de ningún estudio que justifique esa afirmación, por lo que realmente no sabemos de dónde sale la misma", señaló la plataforma, sin ser esa afirmación "congruente con el propio Plan", sin poder llegar a su finalidad si no se dotaban a estos municipios "de unos elementos o de una organización que antes no tenían".

Por ello, la misma PBPCyL consideró obligada "la suscripción de convenios entre las administraciones y otras entidades", pero que resultaba "contradictorio" decir "que no hay impacto presupuestario para los municipios de más de 20.000 habitantes y al mismo tiempo reconocer, como no podía ser de otro modo, que estos convenios (o instrumentos equivalentes de colaboración) han de ser suscritos".

"A nuestro juicio no hay ninguna seguridad del impacto presupuestario del Plan para los municipios, ya que, por un lado, no consta un análisis del mismo y, por otro, depende de una variable que no están analizadas de manera individualizada y en última instancia dependen de cada municipio", continuó la plataforma, según el escrito a la que ha tenido acceso este periódico. 

Contra la sentencia, la Junta de Castilla y León interpuso un recurso de casación de la sentencia de instancia y que se dictase «otra en sustitución la que, desestimando el recurso contencioso-administrativo originariamente interpuesto, se confirme el Decreto y Plan impugnado.

Por «la falta de previsión económica», el TSJCyL terminó declarando la «nulidad» del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, que se ratificó ayer tras rechazar el Supremo el recurso de casación del Ejecutivo autonómico. «Hemos de concluir que la aprobación del Plan va precedida de un estudio de la incidencia presupuestaria, pero de las consideraciones que se concluyen en la sentencia se llega a la taxativa declaración de que ‘no hay ninguna seguridad del impacto presupuestario del Plan para los municipios, ya que, por un lado, no consta un análisis del mismo y, por otro, depende de unas variables que no están analizadas de manera individualizada y en última instancia dependen de cada municipio’», reflejó el Supremo en su escrito.

Por otro lado, sobre la afirmación los Parques de Tipo 1 ubicados en municipios de 20.000 habitantes y que no comportaba carga presupuestaria en el Plan, según la Junta, el alto tribunal considera que se trata de «una afirmación que no aparece respaldada por ningún argumento coherente, sino todo lo contrario, porque se establece que estos parques tipo 1 deben dotarse de unos elementos o de una organización que antes no tenían para adecuarse a la finalidad del Plan, de donde necesariamente ha de concluirse que sí existe incidencia presupuestaria que se debía haber reflejado en el procedimiento de aprobación del Plan.

El PSOE acusa a la Junta de “desproteger” a los ciudadanos

Tras conocerse el auto del Supremo, el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, acusó a la Junta de “desproteger” a los ciudadanos y al territorio, concretamente desde 2007, año en el que se aprobó el Plan Sectorial de Emergencias de Castilla y León.

En este sentido, recordó que ya en 2021 el PSOE planteó una nueva Ley de Servicios de emergencias para Castilla y León, que fue “desatendida con absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular”.

“Catorce años después nos encontramos que Castilla y León sigue desprotegida por parte de la Junta, con una anulación más por parte de la justicia, de la acción, de la mala acción, de la falta de gestión a la hora de garantizar la protección de nuestra gente, de nuestro territorio, frente a una situación que de todos actualmente es reconocida como es la emergencia climática ante la que nos enfrentamos”, señaló en un comunicado recogido por Ical.

A su juicio, Castilla y León tiene “un Gobierno irresponsable, que no protege, no asume sus competencias e incumple con sus obligaciones de protección de los castellanos y leoneses, nuestro territorio y nuestra seguridad”, remarca.