Castilla y León ofrece alojamiento a las mujeres maltratadas con problemas de salud mental

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León impulsa el servicio de atención dual a víctimas de violencia de género con enfermedad mental grave, que ofrece alojamiento y un tratamiento personalizado para estas mujeres, con el objetivo de abordar la situación en sí y afrontar las consecuencias de la violencia de género en las personas con discapacidad por enfermedad mental, así como proteger a las víctimas y minorar las secuelas.

Este servicio se presta en la actualidad en Valladolid y Zamora, pero se atiende a personas de toda la Comunidad mediante la Fundación Intras, a través de la concertación social, que es la encargada de llevar a cabo las intervenciones, centradas en prestar una atención integral y en ofrecer una residencia segura a las víctimas, aunque trabaja con las miras puestas en su futuro planificando su reinserción social y barajando alternativas residenciales, informa Ical.

La meta del servicio es que las mujeres que han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual y que padecen una enfermedad mental grave puedan alcanzar el grado máximo posible de autonomía hasta llegar a la independencia, para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida.

Para ello, la Fundación Intras presta un servicio que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha diseñado para que funcione de manera coordinada con otros recursos de la Junta, como la Sección de Mujer de la Gerencia de Servicios Sociales, Salud Castilla y León y la Red de Salud Mental, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sociales locales, servicios jurídicos, empresas y centros de trabajo, centros especiales de empleo de la zona, el Servicio Público de Empleo y los centros educativos, en el caso de que la víctima tenga menores a su cargo.

El servicio de Atención Dual se integra en una estrategia más amplia, como es el modelo de ‘In-on-out’, que aborda la valoración de cada caso para que, con los apoyos profesionales y recursos que precisen, recuperen su autonomía. En este sentido, la ley contra la violencia de género autonómica ya recoge la especial protección de la red de atención a colectivos doblemente vulnerables, como son las mujeres dependientes.

De acuerdo con indicadores como la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad o los datos aportados por el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres con algún tipo de discapacidad sufren hasta un siete por ciento más este tipo de violencia que las que no lo presentan.

Dentro de este colectivo doblemente vulnerable, se encuentran aquellas cuya discapacidad está relacionada con una enfermedad mental grave, factor que puede aumentar el riesgo a recibir malos tratos. Los factores de riesgo están relacionados con la mayor dependencia de la asistencia de otras personas, unas marcadas dificultades a la hora de acceder a información y recursos y, además, el propio estigma asociado a la enfermedad, que muchas veces provoca un menor grado de autoestima y reconocimiento personal.