Dos sanitarios son agredidos cada día en Castilla y León: «Tengo miedo a sufrir otra agresión»

Carmen acudía, como cada jornada y desde hacía cuatro años, a pasar consulta a su variada lista de pacientes. Un trabajo, el de ser enfermera, en el que se embarcó por «curiosidad» y en el que nunca había tenido ninguna complicación. Su caso casi era tratado como una excepción, tanto por no contar con vocación sanitaria como por no ser una de las profesionales que habían sido agredidas por pacientes o familiares en el desarrollo de su profesión. Pero esa ‘suerte’ estuvo cerca de cambiar el 21 octubre del año 2021, cuando la hija de una paciente profirió «amenazas» e «insultos» a Carmen.

La violencia sí se cruzó en el camino de otra sanitaria, Ana, una TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) que en septiembre de 2020 sufrió la ira y descontrol de un paciente. Ni siquiera la ayuda de los psiquiatras de guardia fue suficiente, sufriendo un empujón contra unos armarios metálicos de la sala en la que se encontraba. «Después del golpe caí en el suelo, haciéndome daño en la espalda, brazo izquierdo y cuello», recuerda. Y lo que parecía un simple incidente fue derivando en dolores continuos hasta que el diagnóstico reveló que tenía una rotura del manguito del brazo izquierdo y lesiones a la altura de las cervicales y lumbares. ¿Resultado? Año y medio de baja. Pero no solo los daños físicos afectaron a su trabajo, sino también los psicológicos, siguiendo con medicación más de cuatro años después de su caso. «Tengo miedo a sufrir otra agresión».

No hace mucho, especialmente en época pandémica, los sanitarios llevaban aparejados la etiqueta de ‘salvadores’. Basta con recordar cómo cada tarde durante la cuarentena, cuando los relojes marcaban las ocho de la tarde, los balcones y terrazas se convertían en palcos de grandes teatros para dedicar una ovación a la labor realizada por médicos y enfermeros. Pero en un pequeño lapso de tiempo, de la oda se pasó al drama, repuntando las cifras de agresiones a profesionales año tras año.

De los 329 profesionales agredidos en Sacyl en todo el año 2020, el número aumentó hasta 599 al año siguiente, hasta 793 en 2022, mientras que solo entre enero y setiembre de 2023 la cifra se fijó en 603 trabajadores afectados -92 por agresión física-, según los datos del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. Y si se tiene en cuenta su distribución, las mujeres son el principal foco de los pacientes, al acaparar el 82,6 % de las agresiones en 2021, (495 frente a 104 hombres), el 86,4% en 2022 (685 frente a 108 hombres) y el 87,9 % en 2023 (530 frente a 73 hombres).

Ana, desde aquel septiembre de 2020, fue un número más de ese recopilatorio de datos, mientras a Carmen poco le faltó. En sus relatos, las palabras fluyen como si el recuerdo fuese imborrable pese a que hace ya cuatro y tres años de sus episodios. Pero cuando el miedo invade un cuerpo, la ciencia dice que la memoria retiene con mayor facilidad esas imágenes.

Y ese temor provoca que, primero, el sector sanitario no sea proclive a denunciar, y segundo, por revelar una identidad que podría desencadenar represalias tanto personales como laborales. De hecho, el balance a 30 de septiembre de 2023 revela que los profesionales de Sacyl presentaron 22 denuncias por vía penal, lo que supone que únicamente de las 3,65% agresiones sufridas por trabajadores en ese año se denunciasen.

Pero tanto Carmen como Ana no se ocultan y la única información que prefiere no desvelar son los nombres de las persona que les provocaron el mayor infierno en sus trabajos, coincidiendo ambas en la falta de «apoyo» por parte de la Sanidad de Castilla y León para solucionar sus caso.

Ana va más allá y apunta que la agresión que sufrió ocurrió en el Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, concretamente en su quinta planta. «Era la primera noche del mes que me tocaba por planilla y sobre las 6 de la mañana, un paciente ingresado se alteró y descontroló. Acudí a atenderle, pero por su estado pedí ayudas a mis compañeras, a los psiquiatras de guardia y Servicio de Seguridad», describe con precisión. Sin ser suficiente la presencia de más y más profesionales, en el intento de ponerle las sujeciones de seguridad su vida dio un giro radical. «El paciente consiguió incorporarse en la cama y fue directo hacia mí, me golpeó empujándome hacia unos armarios metálicos y caí en el suelo», explica, interviniendo rápidamente médicos y el Servicio de Seguridad del hospital que, con medicación directa, lograron calmar al usuario.

Desde ese día, Ana se convirtió en una más de los 329 trabajadores de Sacyl que sufrieron algún tipo de agresión entre enero y septiembre de 2021. Pese a la gravedad de lo ocurrido, ella continuó con su trabajo a base de analgésicos hasta que con la atención a otro paciente se le agravó el dolor. Le concedieron la baja, pero los problemas continuaron. «Cada día me encontraba peor y acudí al traumatólogo. Comenzaron a hacerme pruebas y me encontraron una rotura del manguito del brazo izquierdo, además de diversas lesiones a la altura de las cervicales y lumbares», apunta la sanitaria, quien también tuvo que acudir a un psiquiatra. «A día de hoy sigo con medicación, revisiones y controles por su parte. No he vuelto a ser la misma», asevera.

El episodio de Carmen mezcla las consultas domiciliarias con el ámbito rural, dos apartados en eterna dificultad ante las desatenciones recibidas por pacientes y la ausencia de sanitarios. La seguridad de un trabajador, entonces, siempre podía estar en duda por tratarse de un sector en el que cada día dos sanitarios son agredidos y el contacto de ‘tú a tú’ es prácticamente inevitable.

Carmen ya llevaba más de tres años realizando visitas en casas de variados pueblos castellano y leoneses tras comenzar como auxiliar de enfermería. Durante cientos de consultas, los problemas nunca se habían cruzado en su camino hasta que se encontró con el desacuerdo por parte de la hija de una de sus pacientes afectada por una deformación en el pie.

«Venía muchísimo a la consulta por un problema con un callo. Y yo, al no ser podóloga, no se lo podía quitar, por lo que le recomendaba primero ir a un especialista», afirma Carmen.

Las consultas siguieron repitiéndose y, al no encontrar esta familia ninguna solución, se inició el enfrentamiento por parte de la hija de la paciente. «Me ordenó que, si no le quitaba el callo, le mirase el pie a su madre aunque ya lo hacía», asegura la enfermera, que apunta a una intromisión «excesiva» ya que la hija «no vivía habitualmente con su madre».

«El enfrentamiento era constante y buscaba bronca por cualquier motivo, fuese en su casa, en el centro de salud o en el consultorio del pueblo», explica Carmen, hasta que la situación sobrepasó el límite. «Un día hubo gritos por todos los lados y me empezó a decir que yo no estaba bien de la cabeza, que era una vaga y no quería trabajar, y que era la peor enfermera que había estado por allí», recuerda, que apunta a que su caso podría haber sido mucho peor: «Ella actuó así, pero podría sacado un palo o un cuchillo, a saber».

Y aunque no llegó a ser una agresión física, sí fue «psicológica» hasta el punto de no poder volver a cruzarse con esa persona. «Tenía el miedo de que si volvía a haber un enfrentamiento con esa persona, que lo siguiente que hiciese fuese soltarme un guantazo», manifiesta Carmen, que reconoce a su vez haber evitado ese encuentro: «Fue un poco tenso todo el volvernos a ver. Yo sí que la reconocí y a raíz de cruzarnos empezó ya a montar el numerito. Entonces, yo ya no la atendí más y lo organicé con mi compañera para que tuviese con ella la consulta».

Sus correspondientes episodios marcaron a ambas sanitarias, por lo que buscaron una solución definitiva. Ana, del «agobio, preocupación y dolor» acudió al sindicato CSIF y le acompañaron a comunicar el incidente a Prevención de Riesgos Laborales pese a estar fuera de plazo desde que tuvo lugar la agresión. Tras un año y medio de baja, comenzó el expediente para recibir la incapacidad total permanente, pero con un abogado ajeno al sindicato y «sin ayuda de mis superiores directos ni de Sanidad» no se la concedieron y, en proceso de recurrirlo, se percató de lo incompleto que estaba su expediente. «Pedí el acta de la intervención del Servicio de Seguridad de la noche de la agresión y la respuesta fue que no habían registrado nada. Llamé a mi supervisora para que me facilitara el informe de la agresión y me contestó que no lo había realizado. Y fui al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y no tenían nada en mi expediente referente a la agresión. Es como si no hubiera pasado nada», asegura Ana.

Sin querer denunciar por «la falta de información y el temor que produce actuar sin conocer sus consecuencias», a esta sanitaria «los daños físicos y psicológicos» le afectaron en su trabajo hasta el punto de no poder volver al mismo servicio en el Clínico de Salamanca. «Además de tener mucho miedo a sufrir otra agresión, el daño es irreparable por la actitud negligente por parte de mis superiores, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de Sanidad».

Carmen, por su parte, decidió presentar un «parte de agresión verbal» a una de las gerencias de Salud de Castilla y León. Pero lo que no se esperaría esta enfermera es que, en lugar de una solución, se encontrase un nuevo problema. «Me dijeron que podía tramitar la queja, que es como una carta que se le mandaría a esta persona poniéndole en constancia que podía tener una sanción económica porque somos autoridad pública y que tenía la opción de cambiarse de profesional de enfermería», rememora la sanitaria para que, a continuación, le comunicasen la opción de interponer una denuncia y que fue rechazada por ella. «Yo dije que no quería denunciar, que fuera una queja y ya está porque la situación que viví no tenía que ir más allá», explica. Pero de un día para otro, «sin saber por qué y sin tener ninguna explicación», la gerencia terminó tramitando la denuncia sin su autorización.

De forma paralela, comenzó un nuevo proceso que Carmen no quiso que se ejecutase por la vía judicial. Y, de nuevo, la situación de «estrés y ansiedad» repercutió en la enfermera tras llegarle a una citación de la Guardia Civil para declarar en sus dependencias y por ser «obligada» a abrir una diligencia.

Al no haber aceptado sus peticiones, Carmen decidió volver a ponerse en contacto con Sanidad para que, al menos, le indicasen el modo de proceder a continuación. «Pero me sentí sola porque sus explicaciones eran: ‘No sabemos por qué ha llegado ahí’ y ‘no te preocupes, que esto no va a ningún lado’», lamenta.

Con todo ello, Carmen se encontró ajena a su voluntad testificando durante dos horas y media para, después, llegarle una citación a un juicio como denunciante.

«Yo he quedado al final como que perdonaba a esa persona y yo no quería que llegara hasta ese punto. Entonces, en ningún momento he recibido ni apoyo ni nada por la gerencia», explica la enfermera, quien vuelve a insistir que Sanidad interpuso una denuncia en su nombre sin su consentimiento que, si bien pudo tratarse de «un error humano», al menos esperaba que le brindasen «apoyo». Pero no, solo le remitieron un escrito titulado ‘Carta de apoyo e información al trabajador’.

La falta de comunicación supone, entonces, un punto clave en ambas historias. «La asesoría jurídica me dijo que hablase con sus seguros. Lo hice y a los 15 días me volví a poner en contacto porque no me daban una solución. Finalmente me dijeron: ‘Bueno, ya te llamaremos o te mandamos un correo’. Pero nunca me llamaron», recuerda Carmen.

Fue en ese momento cuando Carmen se consideró «afortunada» de estar afiliada a SATSE ya que decidió buscar ayuda a través de su equipo. Y dicho y hecho, ya que le empezaron a ayudar con los trámites para resolver su situación: «Sin ánimo de lucro, me han ofrecido y apoyado con toda la cobertura legal necesaria e interesándose en todo momento por mi situación y, lo más importante, poniendo fin a este conflicto».

Vislumbrado el final de sus relatos, la confianza de ambas sanitarias en la Sanidad de Castilla y León se vio mermada. Por ello, Carmen remitió posteriormente una carta a la gerencia para que «en futuras ocasiones, estas situaciones se puedan solventar con un apoyo y ayuda real para los afectados, adoptando cuantas medidas se consideren oportunidades por parte de Sacyl para tal fin», mientras Ana demanda que «se informe a todos los trabajadores en el momento de su incorporación del protocolo de actuación si se sufre una agresión».