El PSOE exige que la Junta se haga cargo de las solicitudes de contratos predoctorales al incumplir el plazo de resolución

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Pablos, denunció hoy en Valladolid que la Consejería de Educación ha incumplido el plazo de resolución de la convocatoria para adjudicar 90 plazas de contratos predoctorales, después de que el pasado viernes finalizaran los seis meses sin la resolución. En este sentido exigió que no se desestimen las solicitudes, correspondientes al año 2024, además de doblar el presupuesto para llegar al máximo número de jóvenes investigadores, siempre y cuando cumplan los requisitos y así puedan realizar sus tesis doctorales.

Pablos aseguró, según recogió la Agencia Ical, que este incumplimiento demuestra, una vez más, que el Partido Popular hace “mucha propaganda” con la ciencia y la investigación pero, luego, no se traduce en resultados. En este sentido, recordó que el año pasado la Junta intentó traer a premios Nobel a Castilla y León con contratos “precarios”. Además, señaló que la Comunidad no cuenta con ningún centro de investigación de excelencia ni unidades de investigación, que se beneficien de las convocatorias Severo Ochoa y María de Maeztu del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Unas convocatorias que, precisó, reparten “muchísimos” recursos durante cuatro o cinco años para investigar.

El socialista señaló que en el año 2017, con el anterior consejero de Educación -Fernando Rey-, se crearon unas ayudas específicas para preparar a los centros de investigación antes de presentarse a estas convocatorias. Unas ayudas que, lamentó, no se han convocado durante cuatros años, hasta finales de 2024. “Nuestros investigadores no son peores que los de otras comunidades pero tienen mucho menos apoyo de la Junta, algo que es fundamental para la internacionalización y que nuestros científicos disfruten de estancias de investigación en lugares de prestigio”, añadió. Eso se traduce, en que no haya ningún centro ni unidad de investigación entre los 31 existentes en España, repartidos en comunidades como Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia, Madrid, Andalucía y Canarias.

En cuanto a los proyectos de investigación, el Grupo Parlamentario Socialista pidió aumentar el presupuesto y, sobre todo, modificar las bases para que puedan acceder a las ayudas autonómicas los investigadores noveles y, especialmente, los que realizan investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Básicas. No en vano, se les obliga a tengan contratos previos con empresas privadas, algo “prácticamente” imposible en este tipo de investigación. De ahí que demandara eliminar estos requisitos, al igual que ocurre en otras comunidades.

Fernando Pablos reconoció que la política de investigación y ciencia es un tema “fundamental”, del que se habla mucho y se pide su promoción para cambiar el modelo productivo de la Comunidad. Aunque señaló que cada convocatoria de la Junta en esta materia tiene retraso, es incompleta o cuenta con una gestión “deficiente”.

Puso el ejemplo de que Castilla y León cuenta con una legislación “obsoleta” en materia de ciencia, que data de marzo de 1999, que impide un impulso y generar recursos. “Con una ley obsoleta, es imposible estar a la altura de lo que se requiere ahora”, sentenció. Y eso que manifestó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmó por escrito en julio de 2020 en el Pacto de Reconstrucción la próxima modificación de la Ley de la Ciencia. Algo que reiteró en 2023, con motivo del Debate sobre el Estado de la Comunidad.