El Procurador pide el bus gratuito en Castilla y León para los acompañantes de discapacitados
El Defensor del Pueblo insta a los ayuntamientos a crear una tarjeta para asistentes tras una denuncia en Burgos / Varias ciudades de España, entre ellas Zamora, ya lo han aprobado
El pago del billete de autobús por parte de quienes viajan como asistentes de una persona con una discapacidad «implica un sobrecoste» y supone un «agravio», reflexiona el Procurador del Común en una actuación de oficio y, por eso, ha enviado una comunicación a los ayuntamientos de las capitales de Castilla y León y al de Ponferrada para que en estos casos, «cuando el acompañamiento resulte una necesidad», su tique sea gratuito.
Ya hay iniciativas así en otras ciudades, como Barcelona, Madrid, Sevilla, Vitoria, Bilbao o Córdoba, cita la institución presidida por Tomás Quintana, con un ejemplo mucho más cercano dentro de la propia Comunidad, pues Zamora sí tiene recogida en su ordenanza municipal dicha exención. «Las personas con discapacidad beneficiarias de bonificación podrán ir acompañados de una persona quien, a su vez, se beneficiará de la misma bonificación», recoge en su articulado el consistorio zamorano.
A juicio del también conocido como Defensor del Pueblo, la gratuidad en el transporte público de los acompañantes de personas con discapacidad es una medida que impide que haya «factores de discriminación frente a otros pasajeros» en un medio que ayuda a «fomentar su vida independiente», a «favorecer su autonomía» o a la «integración en sus actividades cotidianas».
Bajo estos criterios, el Común ha pedido a los Consistorios de la autonomía que expendan una tarjeta para sufragar el coste del billete a quienes viajen como asistentes de un usuario que precise apoyo en sus desplazamientos, y se acoge a diferentes artículos de normativas sobre los derechos de este colectivo para refrendar su instancia, impulsada a partir de una denuncia presentada en Burgos en el año 2022.
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Después de varios requerimientos al ayuntamiento burgalés sin que le respondieran sobre por qué no se reconoce una bonificación o exención para los acompañantes de personas con discapacidad para facilitarles la utilización de la red de transporte urbano, el Procurador no sólo consideró necesaria la petición de la medida en la ciudad donde se cursó la petición, sino que la extendió, ya de oficio, a Ponferrada y al resto de capitales de provincia de Castilla y León, salvo a Zamora porque allí sí se contempla este supuesto.
Además, puesto que cada ciudad tiene potestad para elaborar la ordenanza que regula su transporte público, el ‘repaso’ realizado por el Procurador del Común antes de enviar sus resoluciones permite observar la disparidad de casuísticas en cada enclave y evidencia que algunos acompañantes sí viajan gratis, pero dependiendo del tipo de discapacidad que tengan acreditada.
En Valladolid, por ejemplo, se recoge la exención para acompañantes de invidentes, y en Palencia están exentos los acompañantes de usuarios en sillas de ruedas. Se trata de dos excepciones, pero hay otro tipo de discapacitados que también pueden necesitar asistencia y no tienen ningún tipo de bonificación.
Además, los beneficios y los precios de los billetes también son dispares para los propios discapacitados dependiendo de la ciudad en la que residan. En León, Palencia, Ponferrada, Salamanca y Segovia cuentan con abonos especiales o bonobuses específicos, según se desprende de la información recogida por el Procurador del Común en sus informes, en Soria la institución no especifica si los hay, y en Ávila enumera tres exenciones de pago.
Independientemente de las deducciones que se puedan aplicar a los discapacitados, el Procurador insiste en que cuando necesiten asistencia en sus desplazamientos, esos acompañantes no tendrían que pagar billete porque supone un «graven añadido al que se ven obligadas a afrontar de forma cotidiana». «Supone un agravio para aquellas personas con discapacidad que, por sus características físicas o psíquicas, solamente pueden hacer uso de este servicio acompañadas de otra persona», insiste. De momento su petición está a la espera de contestación por parte de los ayuntamientos.