El PP prescinde de siete altos cargos de VOX y se queda con cinco

El nuevo gobierno en solitario del PP en la Junta de Castilla y León tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de VOX continúa dando pasos. El último fue este jueves, con el cese de los altos cargos de las consejerías que ostentaba la formación de Santiago Abascal en Castilla y León, a excepción de Cultura, Turismo y Deporte, que se mantiene con Gonzalo Santonja al frente. Así, el PP acometió una limpieza en las cúpulas y prescinde de siete de los doce altos cargos de VOX, que aún permanecían en sus cargos en las consejerías de Industria, Comercio y Empleo y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En ambas áreas, la nuevas consejeras, María González Corral (Agricultura) y Leticia García (Industria) cesan a toda la cúpula anterior, viceconsejero, secretario general, directora general de Industria y de la Cadena Alimentaria y directora general de Producción Agrícola y Ganadera, en el caso de Agricultura; y secretario general, director general de Industria y director general de Trabajo, en el área del exconsejero Mariano Veganzones.

Una batería de ceses que, si bien no abarca a todos los altos cargos, sí elimina a aquellos en puestos con un perfil más político y que han protagonizado más polémicas a lo largo de los dos años y medio de legislatura. El mejor ejemplo es que los otros cargos menos activos políticamente han conservado sus puestos.

Sin duda el más significativo de los ceses, especialmente por su larga trayectoria en el Partido Popular hasta un sorpresivo salto a las filas de VOX, es el del hasta ahora números dos en la Consejería de Agricultura. María González Corral cesa a Juan Pedro Medina, quien ostentaba el cargo de Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural y que ahora recaerá en Jorge Llorente Cachorro.

Conviene recordar que Medina siempre fue del Partido Popular, donde llegaba a ostentar cargos orgánicos en el dirección provincial del partido en Palencia. Pero hace ahora poco más de dos años, cuando se conformaba el nuevo gobierno de PP y VOX, se pasaba a la formación de Abascal de manera sorprendente. Tanto es así que, tal y como publicaba este periódico, ocultaba y negaba hasta el último momento su paso a VOX y enviaba un burofax con su baja del Partido Popular apenas un día antes de oficializarse su nombramiento como viceconsejero. Ahora, después de que VOX ya no forme parte del Ejecutivo autonómico, el PP prescinde de él.

Pero Medina no es la única baja en la cúpula de Agricultura. Corral también ha cesado, como confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al secretario general, Joaquín Sagarra, en favor de Ana Álvarez-Quiñones-Sanz. De nuevo, este cese se produce en un cargo de mucho peso dentro de una consejería que también goza de extrema importancia dentro de la estructura de la Junta, algo que Mañueco ha remarcado en muchas ocasiones. Es más, tanto Llorente como Álvarez-Quiñones conocen bien el departamento, ya que estuvieron al frente de cargos importantes dentro de él en anteriores etapas.

Asimismo, en medio de esta batería de despidos de altos cargos, Carriedo también señaló dos bajas más en la Consejería de María González Corral: el de María José González Garrachón como directora general de la Industria y de la Cadena Agroalimentaria, y el de Teresa Rodríguez Vidal como directora general de Producción Agrícola y Ganadera. Ambas serán sustituidas por Cristina Frías Rivera y Rubén Serrano Fernández, respectivamente.

Precisamente, Rodríguez Vidal adquirió mucho protagonismo en el plano político dentro de la Consejería por ser la responsable de toda la conflictividad con la sanidad animal durante la etapa de Gerardo Dueñas. Fue, además, una elección realizada por VOX entre sus filas, ya que antes de acceder al cargo era procuradora en las Cortes por Salamanca, donde es ganadera, hasta que tuvo que dimitir para integrar la cúpula de la Consejería de Agricultura. Ahora, con su cese, se queda fuera de la política.

Y mientras buena parte de los altos cargos de la cartera que ahora ocupa González Corral han sido cesados, la consejera los ha reemplazado por la que fue su cúpula en Movilidad y que se compone, además, de varias personas que conocen bien el departamento. De esta forma, aunque cambia de consejería no renuncia a su núcleo duro, además de que mantiene en sus responsabilidades a nombres de dilatada trayectoria, como el de Rafael Sáez, que seguirá al frente del Instituto Tecnológico Agrario por ser un gran conocedor de este organismo y también de la Política Agraria Común.

Ayer también se confirmaron algo que ya se sabía desde que Mañueco lo anunció el pasado viernes, la supresión de la estructura de la Vicepresidencia y el cese de los altos cargos nombrados por García-Gallardo. De esta forma salen José María Barrio Gil-Fournier como director del Gabinete del Vicepresidente, Ana Belén Ruiz como directora de Coordinación y Acción Social; y Álvaro Ramos-Catalina Ysasi como director general de Relaciones con la Sociedad Civil.

Por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en esta nueva etapa con Leticia García al frente, los ceses han afectado al secretario general, Alberto Díaz Pico; al director general de Industria, Jesús Jiménez; y al director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte. De nuevo, se trata de los cargos con mayor peso político en la etapa de Mariano Veganzones, y que ahora recaen en Saturnina Moro Malmierca, Mariano Muñoz Fernández y José Manuel Barrios.

De los 12 altos cargos que se mantenían sin dimitir en Empleo y Agricultura, pese a la salida de VOX del Gobierno, el nuevo ejecutivo monocolor del presidente Alfonso Fernández Mañueco mantiene a cinco, tres en Agricultura y dos Empleo: Ángel María Gómez (director general de Política Agraria Comunitaria), Jorge Izquierdo (director general de Desarrollo Rural) y Rafael Sáez (director general del Itacyl), en el caso de la Consejería de Corral; y María Petit (directora general de Comercio) y Emma Fernández (directora general de Economía Social y Autónomo), en el área de Leticia García.

Además de reestructurar toda la cúpula de la Consejería, García nombra gerente del Ecyl a Jesús Blanco Martínez. Un cargo por el que con Veganzones habían pasado hasta tres personas diferentes, con largos periodos en los que estuvo vacante y que, tras el último cese, se habían quedado para sí el exconsejero y ahora cesado secretario general, Alberto Díaz Pico.

Los cambios en la cúpula de Empleo van también encaminados a cumplir con uno de los principales objetivos que García se marca y que para Mañueco supone una prioridad, como es la recuperación del Diálogo Social en Castilla y León. Si tanto el presidente como la consejera lo han venido poniendo de manifiesto en los últimos días, este jueves fue Fernández Carriedo quien hizo una vez más hincapié en que la nueva titular llega al cargo con la «máxima intención» de alcanzar acuerdos en el seno del Diálogo Social, y fruto de ello es que ha convocado para el lunes, solo una semana después de tomar posesión de su cargo, una reunión con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, lo que «refleja la prioridad» de la propia consejera.

Carriedo señaló que Leticia García ya se ha dirigido a los máximos responsables del Diálogo Social. «Espero que de la reunión del lunes salga un principio para la base de alcanzar acuerdos, también por instrucción del presidente de la Junta», espetó, para confiar en que sindicatos y patronal acudan «con la misma sintonía».

«Estos acuerdos tienen que ir siempre centrados en favor de las personas. La consejera y su equipo llegan con esa máxima intención y es su principal prioridad: reconocer el papel de los participantes en el Diálogo Social y los acuerdos alcanzados», resumió, informa Ical.

Por otro lado, Fernández Carriedo también aseguró que la Junta pondrá «la mejor voluntad» para aprobar este año la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, tras la ruptura del Gobierno por parte de VOX y que deja al Grupo Parlamentario Popular en minoría en las Cortes. Por ello, apeló a la «responsabilidad» de los grupos para sacar adelante las cuentas autonómicas, que ya cuentan con la orden de elaboración del Presupuesto y un primer borrador de la ley de medidas y acompañamiento. «Seguiremos avanzando en esa dirección», se posicionó Carriedo.

Al respecto, vaticinó que la Junta «tratará de encontrar el respaldo parlamentario para su aprobación». «No depende de nosotros, pero pondremos nuestra mejor voluntad para aprobar esa ley y los grupos parlamentarios tendrán que asumir su responsabilidad», trasladó, si bien expresó que el Ejecutivo es «muy respetuoso» con las Cortes.

Por otro lado, se refirió también a la advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la posibilidad de superar la regla de gasto del 2,6%. Al respecto, el consejero señaló que esta entidad hace un análisis de las administraciones públicas españolas, «toda vez que comenzamos la senda de regresar a las reglas fiscales que establece la UE, que son en torno a tres variables: deuda, déficit y regla de gasto o evolución del gasto neto primario». En este sentido, apuntó que Castilla y León «es de las regiones menos endeudadas de España, por debajo del 20% del PIB, y un nivel de deuda que se ha venido reduciendo en los últimos ejercicios». Además, remarcó que cuenta con un nivel de déficit público «también entre los más reducidos del conjunto nacional, por debajo de la media».

Así, Carriedo explicó que lo que resalta Airef es la «importancia de la puesta en práctica en el futuro inmediato de esta regla de gasto o el incremento del gasto sobre el año anterior de las administraciones públicas, lo que se llama gasto neto primario, que significa la dificultad que todas las autonomías y el Gobierno de España tienen de que el incremento del gasto público quede por debajo del 2,6% de crecimiento respecto del año anterior». «Es una advertencia que, respecto de esta variable, hace con carácter general Airef para las 17 comunidades, incluidas las de régimen foral. Y que en función de las competencias asumidas de las autonomías, hay una dificultad para que el crecimiento del gasto en estas variables quede por debajo de ese porcentaje sin comprometer los servicios públicos esenciales», mencionó.