La Plataforma Social de Castilla y León denuncia que la Junta "privatiza" los servicios de atención a la dependencia

La Plataforma Social de Castilla y León denuncia la "privatización" de la Ley de la Dependencia por parte de la Junta de Castilla y León tras la última publicación de los datos sobre su desarrollo, los cuales reflejan una reducción de 1.625 beneficiarios de servicios públicos mientras se incrementa en 2.192 el número de personas que reciben un 'cheque' para acudir a una residencia privada.

"En los seis primeros meses de 2024, la Junta sigue apostando por los servicios privados en la atención a las personas en situación de dependencia y disminuyendo los servicios públicos", lamentan desde la agrupación formada por la Unión de Consumidores de Castilla y León, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales, la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Antonio Machado’, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, el de Terapeutas Ocupacionales y la Plataforma Social de Castilla y León.

Las declaraciones de su portavoz, Jorge Félix Alonso, se escudan en los datos publicados por el IMSERSO sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que se creó para brindar el respaldo necesario a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, junto con la falta o pérdida de autonomía, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Los registros recogen 409.663 personas en Castilla y León potencialmente dependiente a 30 de junio de 2024, de las cuales 159.961 solicitaron acceder al SAAD, 98.462 relativas a población de 80 o más años y 29.449 de 65 a 79. De ellas, actualmente tienen derecho una prestación 124.717 personas, de las cuales un 92,17% la han hecho ya efectiva.

"En Castilla y León hay muy poca lista de espera -0,13% en la región frente al 8,5% en la media nacional-, pero la cuestión es cómo se gestiona, porque lo que estamos viendo es que la Junta insiste en privatizar el sistema", argumenta Jorge Félix Alonso, que muestra su discrepancia con el reparto público-privado en la aplicación de la Ley de la Dependencia, pese a qué esta permite los conciertos privados como estipuló la normativa creada en el año 2006 por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los datos reflejan una reducción en el número de personas que reciben las prestaciones públicas para ayuda a domicilio, al pasar de 22.630 beneficiarios en diciembre de 2023 a 21.053 en junio de 2024 (-1.577); de 8.506 a 8.476 (-30) en el mismo periodo para la atención residencial; y de 8.048 a 8.030 (-18) en seis meses para los centros de día/noche. 

Pero el balance empeora por las concesiones de prestaciones económicas –cheque servicio– para comprar un servicio privado, al incrementarse en 2.192 el número de beneficiarios, con especial relevancia en la ayuda a domicilio que crece en 1.829 'cheques' desde diciembre de 2023, de 12.778 a 14.607. Por otro lado, ascienden en 365 las ayudas vinculadas a los centros de día/noche, de 13.585 a 13.950; mientras las de atención residencial se reduce el número en dos, de 20.993 a 20.991.

"El servicio público de Ayuda a Domicilio es el que más está sufriendo la política privatizadora de la Junta", expone el portavoz de la Plataforma Social de Castilla y León, por lo que considera que se está "favoreciendo" esta privatización mediante el incremento del tiempo de espera para acceder a este servicio. "Las personas dependientes se ven obligadas a aceptar la prestación económica vinculada para comprar un servicio si no quieren engrosar la lista de espera agravando aún más su situación de dependencia", razona al respecto. "Pedimos a la Junta que siga apostando por los servicios públicos en la atención residencial", concluye Jorge Félix Alonso.