Los pueblos de Castilla y León en pie de guerra contra proyectos invasivos

Vecinos de pequeños pueblos que se unen contra los intereses de las grandes compañías combaten día a día en desigualdad de condiciones en Castilla y León. Quieren mantener su entorno de toda la vida como ha permanecido siempre, sin irrupciones ni molestias del exterior. Son paisanos del medio rural que emprenden, sin pensárselo dos veces, luchas que a priori parecen perdidas y que luego, en épicas ocasiones, terminan con un resultado tan inesperado como el de David contra Goliat.

En la mayoría de las veces se trata de evitar que grandes granjas de porcino se instalen en las inmediaciones del pueblo, o plantas de biogás, para evitar la invasión de los indeseados purines. También abundan los que se oponen a la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, con la supresión de tierras de cultivo que llevan aparejadas; o a la apertura de vertederos de residuos industriales, o a fábricas de productos peligrosos.

Hay decenas de ejemplos a lo largo y ancho de las nueve provincias de la Comunidad, aunque por razón de espacio solo se hable de los más mediáticos –que no siempre coincide con los más importantes–. «Lo que más estamos recurriendo últimamente son macrogranjas [de porcino], y más concretamente ampliaciones de macrogranjas», apunta en respuesta a este periódico el portavoz de Ecologistas en Acción, Javier Gutiérrez. «Como han quitado las competencias a las comisiones territoriales, ahora van todas a la Comisión Regional, en Valladolid. Las que más nos preocupan son las que quieren instalar en terrenos vulnerables, una calificación que hace la propia Junta de Castilla y León cuando en la zona existe un exceso de nitratos en el agua».

Las provincias donde más se dan estos casos son, explica, Valladolid y Segovia. «Están instalando estas granjas básicamente en los alrededores del acuífero de Los Arenales, en Segovia, Mata de Cuéllar, por esa zona, y en Valladolid también». En esos casos, Ecologistas plantea alegaciones que ponen de manifiesto el carácter vulnerable del terreno, y sobre todo el problema de la gestión de los purines, que «contribuyen de manera importante a las emisiones a la atmósfera de amoniaco y metano, contaminantes que en la actualidad y desde hace años incumplen respectivamente el techo nacional de emisión establecido por la normativa europea», apuntan desde la organización. En Soria, donde también están aprobando muchas granjas, «lo están haciendo en zonas que no son vulnerables», añade Gutiérrez.

Los casos de macrogranjas porcinas en Segovia llevaron a la creación de la plataforma ‘Futuro Limpio’ en 2021, fundada por la «preocupación de los vecinos de la Campiña Segoviana por el creciente deterioro que se está produciendo en el suelo, el aire y, especialmente, el agua de nuestra tierra, motivado por las enormes cantidades de purines que se vierten en estos campos como consecuencia de la creciente ampliación de granjas y creación de nuevas granjas de explotación intensiva de porcino», explican desde la organización.

‘Futuro Limpio’ trabaja para impedir que se desarrollen los proyectos pendientes de nuevas instalaciones de cerdos o ampliaciones en lugares como las localidades segovianas de Bernardos, Domingo García, Añe, Migueláñez, Juarros, Nieva, Paradinas y Balisa, proyectos que «elevarían exponencialmente el número de cabezas de ganado porcino en la Campiña Segoviana hasta hacerlo insostenible medioambientalmente».

Estas son algunas de las batallas pendientes a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma:

Granjas de Segovia

Están en marcha numerosos proyectos de granjas de porcino, en estos días los más destacables son las de las localidades de Sangarcía, Martín Muñoz de las Posadas y Mata de Cuéllar, donde una Sociedad Cooperativa Limitada pretende ampliar una explotación de 2.220 cabezas a 5.304 de cebo. Además de Ecologistas en Acción, la plataforma ‘Futuro Limpio’ se opone a la construcción o ampliación de explotaciones en zonas vulnerables de Añe, Armuña, Balisa, Bernardos, Domingo García, Migueláñez, Miguel Ibáñez y Sangarcía.

Cogeces del Monte

La oposición vecinal logró terminar en este pueblo vallisoletano con el proyecto de una gran granja porcina que se iba a instalar sin respetar la distancia mínima del núcleo urbano (880 metros en lugar de los 1.000 requeridos). Fue el BOCYL del pasado 6 de mayo el que publicó la Orden de la Consejería de Medio Ambiente que deniega la autorización ambiental para la empresa promotora, ‘Pinos Albos, SL’ . La modificación suponía ampliar el número de plazas de la explotación porcina de 3.288 a 4.952, cuyos purines se gestionarían como abono agrícola en 242 hectáreas de los términos municipales de Torrescárcela (Valladolid) y Olombrada (Segovia). También en Valladolid, permanece la lucha del vecindario contra estas granjas en otras localidades como El Campillo, donde se pretende ampliar una granja de 2.498 plazas a 5.691 cabezas de porcino de cebo.

Montemayor de Pililla

Caso mediático en los últimos días, también relacionada indirectamente con las granjas de porcino, es el de esta la localidad vallisoletana, ya que sus vecinos, así como los de otros pueblos cercanos, se manifiestan este 15 de junio contra la instalación de una planta de biogás. El pueblo se opone porque «con la justificación de tratar los residuos de gran cantidad de macrogranjas de los alrededores, instalan macrovertederos de residuos orgánicos». Instalaciones que «no crean riqueza, pero sí afectan a los vecinos». La planta de biogás proyectada en la zona pretende gestionar 150.000 toneladas por año de purines y estiércol, y su instalación supondría que unos cien camiones atraviesen el municipio cada día.

San Martín de Valvení

El municipio vallisoletano acaba de vencer en su lucha contra el vertedero de residuos industriales que iba a construirse en su término municipal, junto Cabezón de Pisuerga y a 800 metros del río, aguas arriba del propio Cabezón, así como de Santovenia y Valladolid ciudad. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el miércoles la declaración de caducidad del proyecto promovido por Urbaser, que había sido declarado Proyecto Regional en 2019 para protegerlo. El Ayuntamiento, los vecinos y entidades ecologistas se habían opuesto desde el primer momento. Terminan así diez años de trámites con los que se pretendía construir un vertedero de 2,5 millones de toneladas de capacidad, en un tramo fluvial declarado como Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Quintana y Congosto

Más de 650 alegaciones rechazaron en marzo la construcción de una planta embotelladora del municipio leonés de Quintana y Congosto, firmadas tanto por los vecinos como por entidades conservacionistas y asociaciones. Solicitan la revocación de la solicitud de autorización del aprovechamiento de un millón de metros cúbicos al año de agua, para una planta embotelladora, en la localidad de Quintanilla de Flórez. El proyecto del grupo Pascual (Bezoya) encendió todas las alarmas de los vecinos del valle del Jamuz ante lo que supondría «una considerable reducción de los recursos hídricos de la zona y una intromisión en del derecho a la propiedad privada para los dueños de los terrenos afectados por la concesión», señalaron desde Ecologistas. Otro de los aspectos más preocupantes del proyecto son los exclusivos derechos que la concesión otorga al promotor sobre los terrenos afectados por la explotación, tanto públicos como privados e incluso el núcleo urbano de Quintanilla de Flórez, al establecer un perímetro de protección de más de 2.000 hectáreas.

Bembibre

Vecinos, asociaciones y entidades conservacionistas han pedido a la Consejería de Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y al Ayuntamiento de Bembibre la paralización del procedimiento de autorización ambiental de una Planta de producción de amoniaco renovable que promueve una filial de la empresa Capital Energy. El amoniaco producido sustrayendo anualmente cerca de mil millones de litros de agua potable del abastecimiento urbano de Bembibre, «no es verde ni renovable», consideran. El proyecto requerirá la construcción de una línea aérea de alta tensión de 11,4 kilómetros para tomar la energía eléctrica de la red de transporte; y un hidroducto de 3,4 kilómetros para evacuar el hidrógeno excedente a la red gasista nacional de los que «no se ha evaluado el impacto».

Fuentesaúco

También se ha opuesto a la construcción de una planta de porcino esta localidad zamorana. El proyecto contempla la instalación de una granja de 6.990 cerdos en la zona de recarga del manantial que abastece Fuensaúco. Vecinos y asociaciones denuncian que sus purines se verterían «sobre acuíferos de los que se abastecen otros pueblos, en especial de Fuentetecha, que ya tienen más de 50 miligramos por litro de nitratos en el agua del grifo». La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) reconoce la grave situación de contaminación por nitratos incrementada por la contaminación por arsénico, e impone medidas «suaves e ineficaces para evitar la contaminación de una granja porcina». Entidades como Asden-Ecologistas en Acción de Zamora han solicitado su denegación ante «la amenaza que supone para el abastecimiento de agua potable de la zona».

La Robla

Otra batalla distinta se libra en este municipio leonés, que se opone a una fábrica de metanol de origen renovable que los promotores califican de ‘verde’ y que se ha tramitado de urgencia la Consejería de Medio Ambiente. El proyecto ha cosechado numerosas alegaciones a la autorización ambiental. Prevé la producción de 100.000 toneladas al año de metanol, más conocido como alcohol de madera o de quemar. Para entrar en funcionamiento, necesitará que se construyan, previa o simultáneamente, una central térmica de biomasa, una planta de captación del CO2 que emita la térmica, y una fábrica de hidrógeno electrolítico. Todas esas instalaciones ocuparán el futuro polígono industrial ‘El Crispín La Robla Green’, a desarrollar sobre terrenos de naturaleza rústica pendientes de urbanización.

La Pedraja de Portillo

También ha recibido un aluvión de alegaciones un proyecto urbanístico que pretende dar cabida en este municipio vallisoletano, de poco más de mil habitantes y a 20 kilómetros de Valladolid, nada menos que a 1.150 viviendas a lo largo y ancho de 115 hectáreas. Se trata del Plan Parcial del Sector 2 de suelo urbanizable, promovido por Estudios y Proyectos Pradamap, SLU. Entidades como Ecologistas en Acción consideran que esta macrourbanización es «un residuo de la época de la burbuja inmobiliaria, que actualmente carece de justificación», más allá de evitar que en aplicación de la ley autonómica los terrenos pasen a ser clasificados automáticamente como suelo rústico el próximo 19 de octubre. Las asociaciones consideran que el impacto ambiental hace que el proyecto sea «inasumible», ya que se destruirían 50 hectáreas «actualmente ocupadas por pastizales húmedos, salgüeros, juncales y pinar de gran valor ecológico, e implicaría un consumo anual de agua de más de 400.000 metros cúbicos del río Eresma, con una carga de aguas residuales de 4.000 habitantes equivalentes».

San Justo de la Vega

La amenaza en este municipio leonés es la instalación de un vertedero de residuos industriales y peligrosos que, a juicio de vecinos y Ecologistas, se proyecta «sobre un acuífero muy permeable, entre dos arroyos» y al lado del CTR. Se trata de la construcción, en realidad, de tres nuevos vertederos con capacidad para 6 millones de toneladas de residuos industriales, de los que un millón serían peligrosos. Se trata del llamado Proyecto Regional de Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos, que procesaría entre 35.000y 55.000 toneladas año.

Ólvega y Ágreda

Las localidades sorianas se oponen al mal funcionamiento de la depuradora de las aguas residuales, que realiza vertidos industriales «deteriorando gravemente el río y embalse de El Val», algo que ocurre «desde su inauguración en el año 2010». Los vecinos denuncian fallos de la EDAR, mal estado de los colectores y sobre todo «la falta de control de los ayuntamientos sobre las empresas que presuntamente están realizando vertidos ilegales a la red de alcantarillado». Los vertidos son objeto de investigación de la Fiscalía de Soria.

La Maragatería

Municipios de esta comarca leonesa, como Valderrey y Santiago Millas, han presentado alegaciones a la construcción de las plantas fotovoltaicas Somoza Solar y Maragato Solar 1, de 363 Megavatios (MW) de potencia pico, que pretenden ocupar 567 hectáreas de suelo rústico. El Val de San Lorenzo y Santa Colomba de Somoza se verían también afectados por el primer tramo de 14 kilómetros de la línea eléctrica de evacuación, soterrada. Según Ecologistas, proyectos fotovoltaicos de la provincia incumplen la Ley de evaluación ambiental en la práctica totalidad de los de más de 100 hectáreas, en los últimos tres años.

Renedo y Villalar

En ambos municipios vallisoletanos la batalla está también en las plantas fotovoltaicas. La de Villalar acaba de ser recurrida. En Renedo el Ayuntamiento paralizó el proyecto de dos plantas denominadas ‘Los Hornillos 1’ y ‘Los Hornillos 2’, que sumaban 35 megavatios con una inversión de 35 millones. Esta batalla ha terminado ganándola el municipio, ya que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid desestimó el pasado 17 de junio un recurso de la empresa promotora, por lo que las dos estaciones solares no se podrán instalar.

Otero de Herreros

La instalación de un yacimiento minero polimetálico para extraer minerales como wolframio, estaño, zinc, cobre y plata en el término segoviano es el combate en el que está metido Otero de Herreros. Vecinos, asociaciones y entidades conservacionistas se oponen al proyecto frente al que, ya en 2014, presentaron un informe a la Junta de Castilla y León. Alegan riesgos para la contaminación del agua y otros impactos en la salud y el medio ambiente. La Junta de Castilla y León vendió recientemente, explica Ecologistas en Acción, los derechos de explotación de la mina Segoviana Oeste, situada en el municipio segoviano, a Hispania Resources, compañía canadiense de explotación de recursos minerales. La zona en la que se ubica el proyecto posee una elevada calidad y protección ambiental, ubicada en un Área Crítica de Águila Imperial y catalogada como ZEC y ZEPA.