La Junta regulará algunos aspectos de las viviendas de uso turístico y exigirá licencia previa

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio adoptará «alguna medida normativa» en materia de viviendas de uso turístico «porque su proliferación tiene efectos directos sobre el mercado local habitual y permanente», ya que «está reduciendo la oferta de viviendas con el consiguiente encarecimiento de la misma». Así lo trasladó ayer el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su comparecencia en las Cortes para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura.

Quiñones mencionó además los «negativos efectos secundarios que provocan» estas viviendas «en el corazón de las ciudades», como el «deterioro de la convivencia vecinal, la proliferación de actividades turísticas y de ocio, que rompen el equilibrio del entorno urbano, la transformación social de las zonas afectadas por la pérdida de residentes y la saturación de las infraestructuras y servicios de la ciudad, entre otros».

Por ello, avanzó que «se sujetarán a previa licencia los cambios de uso de viviendas existentes» y se establecerá el carácter temporal de esas licencias, para el que su departamento propone un plazo de cinco años. También habló de «habilitar» al planeamiento urbanístico municipal para que pueda identificar las áreas donde la alta concentración de estas VUT «genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano»; y defendió la incorporación al régimen legal de infracciones y sanciones el supuesto de cambio de uso de vivienda a VUT sin licencia urbanística municipal.

Otra de las medidas será una moratoria para la concesión de licencias a nuevas VUT (en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, durante el tiempo necesario para que un estudio elaborado por la consejería pueda delimitar los ámbitos donde se produzca una saturación de VUT con los consiguientes perjuicios para el acceso a la vivienda permanente).

Por otro lado, el consejero insinuó que los propietarios de inmuebles acuden preferentemente al uso turístico de los mismos porque la ley estatal de vivienda, promulgada por el Gobierno de España, «no lucha contra la okupación, sino que la favorece» al tardar «demasiado» en recuperar su posesión en estos casos.

Suárez-Quiñones, quien recordó que las competencias en esta materia están repartidas entre los municipios y el ámbito autonómico, especialmente en turismo y normativa urbanística, explicó en declaraciones que recogió Ical que la Junta está estudiando medidas que se puedan adoptar «incluso de forma urgente» al respecto. «Pero la lectura que hay que hacer es por qué los propietarios de las viviendas se van a un uso turístico de las mismas y no se van a la habitación, al alquiler, a su uso residencial estable y habitual, que es lo correcto. Y no se van por, digamos, por temor a esa ley de vivienda estatal que favorece o por lo menos no lucha contra la okupación», insistió el consejero. Además, incidió en que esta normativa «desincentiva» el uso de alquiler estable con «medidas confiscatorias y intervención».

Por el contrario, la Junta de Castilla y León trata de avanzar en el sentido inverso con políticas como las ayudas al alquiler, que «dan tranquilidad al propietario porque tiene que justificarse el pago bancario para poder obtenerlas» o a través de «numerosas políticas de construcción de vivienda», en definitiva, «una política responsable, que da seguridad al propietario».

Incendios

Por otra parte, Quiñones defendió que su departamento ha implementado mejoras en la protección del patrimonio forestal y natural, con énfasis en la lucha contra incendios, de tal manera que «habrá duplicado» el presupuesto destinado a este fin en 2025, con un incremento consolidado de 65 millones, subida que alcanzará los 126 millones de euros en la legislatura, para mejorar infraestructuras, recursos, tecnologías y condiciones laborales para más de 4.700 profesionales involucrados.

También recordó que se han aprobado directrices para la prevención y extinción de incendios forestales, y se ha avanzado en la tramitación del Plan Especial de Protección Civil frente a Incendios Forestales (Infocal), con «aportes de inversión suplementaria impulsada por los fondos europeos».

En cuanto a la estabilidad y consolidación laboral, señaló que «se ha logrado la cobertura de todas las plazas de operadores de centros de mando y se han realizado llamamientos para el personal de autobombas y puestos de vigilancia». Los contratos vigentes para las cuadrillas terrestres «aseguran una duración mínima de trabajo de nueve meses, y se ha invertido en la renovación de vehículos y tecnologías.

Otro de los programas que sacó a la palestra fue el de uso de biomasa forestal, impulsado por Somacyl, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros para el despliegue de redes de calor sostenible, pasando de 40 kilómetros de redes y 65 megavatios de potencia renovable instalada a 212 kilómetros y 302 megavatios, es decir, cinco veces más.

El consejero destacó también la participación de la Junta en proyectos de empresas privadas e indicó que entre 2024 y 2025 se construirán y pondrán en operación la Red de Centros Logísticos Comarcales de biomasa forestal (CLC) de Castrocontrigo (León), actualmente en obras, con 742.000 euros, y que finaliza el 30 de octubre; Llamas de la Ribera (licitación en septiembre) y Almanza (en julio) y Alar del Rey.

Medio Ambiente licitará nuevas obras y firmará protocolos con diputaciones sobre el ciclo del agua para renovar redes en 225 núcleos en 2024. Quiñones señaló que la Consejería ha puesto en marcha programas por importe de 455 millones de euros para garantizar el suministro y depuración de agua en toda la Comunidad, en colaboración con entidades locales y recordó que en el ámbito del abastecimiento, se destinan 180 millones de euros para extender el suministro de agua desde fuentes fiables a núcleos con problemas, renovar redes de distribución obsoletas y realizar mejoras puntuales en infraestructura.

También se refirió al Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Demográfica y Desarrollo del Medio Rural de Castilla y León, que «está en fase elaboración», en el marco de su tramitación, que abordará la regulación de ambas materias y que, defendió, «dado su carácter transversal, corresponden al ámbito competencial de todas o casi todas las consejerías».

Transmitió, igualmente, que este «enorme esfuerzo autonómico» se debe complementar «de una financiación estatal adecuada que valore la extensión, la dispersión y el envejecimiento de la población».

La oposición afea la «nula» política de Quiñones en materia demográfica

Los grupos Socialista y Mixto reprocharon ayer al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, los «incumplimientos» de su departamento, y le afearon principalmente la «nula» política en materia demográfica. «En una comparecencia de 46 folios, solo uno y medio para el principal problema de Castilla y León», sentenció el procurador socialista José Luis Vázquez; mientras que el ex de Ciudadanos, Francisco Igea, criticó, en declaraciones que recogió Ical, que la Junta «anuncia para cada enero» la «prometida» ley de dinamización demográfica.

Vázquez, que empezó su discurso con un ‘Bonjour a tous’ por el resultado de las legislativas francesas, ironizó «qué dos años ha llevado esta Consejería y qué mal para la Comunidad». «Sus incumplimientos de leyes y sentencias han bendecido el negacionismo de la ultraderecha del cambio climático. Este fanatismo no está de moda», apuntó el procurador socialista, quien aseguró que «tendría que haber defendido a Castilla y León del cambio climático, favorecer el acceso a la vivienda y la creación de empleo sostenible, competencias de la Junta» que, prosiguió, «ha contado en cinco años con más de 16.000 millones de euros que los siete años del PP de Rajoy».

Achacó a la «negligente gestión» el «agravamiento de los incendios» y pidió un operativo «público». También recordó que la Junta «tiene contabilizada más del 60% de aguas subterráneas como contaminado».

Vázquez explicó que los propios funcionarios ambientales de la Junta «requieren que se aumente el personal para cumplir la ley» y recordó que el Consejo de Cuentas «ha reprochado a la Consejería la irrelevancia de la estrategia de cambio climático». Acusó a la Junta de «modificar la ley de ruido a escondidas de los ayuntamientos»; y de no contar con «políticas de vivienda propia».

Por su parte, Igea ironizó que «mañana acaban las comparecencias con la traca final», en referencia al vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el «anuncio de fin de Gobierno». Sobre la comparecencia, señaló que es «difícil aunar tantos fracasos en una sola consejería» y que es la legislatura «más catastrófica de los últimos lustros y décadas, no solo por la magnitud de la destrucción forestal, sino por las aguas, los acuíferos, la política contra la contaminación ambiental, ruido, reciclaje, etcétera».