El Consultivo aconseja un dictamen sobre la Ley de Concordia

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, sostuvo ayer que sería beneficioso efectuar un dictamen sobre la proposición de Ley de Concordia impulsada por PP y Vox, en referencia a la petición tramitada por el Grupo Socialista a la Mesa de las Cortes en este sentido y que fue rechazada por los socios que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.

Sánchez de Vega aseguró que el Consejo Consultivo puede asumir competencias que serían beneficiosas para el Estado democrático, y se refirió expresamente a «traspasar a la función consultiva el umbral parlamentario», con la emisión de dictámenes sobre las proposiciones de ley. Realizó esta reflexión durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Comisión de la Presidencia para informar sobre la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2023, en la que se recogen 539 dictámenes y 180 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

El presidente del Consejo Consultivo, a modo de consideraciones generales, argumentó que, en estos casos, la garantía jurídica que supone la intervención de un órgano externo e independiente de la dinámica política de mayorías y minorías, se extiende a la vida parlamentaria, en sintonía con la que se sigue en los anteproyectos de ley de la Junta.

También, aludió, en declaraciones que recogió Ical, al «control pre-normativo» de los decretos-leyes como norma general y problemática más amplia y advirtió de que «su profusa utilización por los ejecutivos como instrumento de gobierno provoca la consolidación de una posible mutación constitucional y estatutaria».

Dictámenes

Aseguró además que los dictámenes y recursos plasman las señas de identidad institucional, como la independencia, imparcialidad, objetividad, neutralidad política, transparencia y eficacia y añadió que las administraciones siguen confiando en el Consultivo, como garante de la legalidad de los procedimientos y de la actuación administrativa. También, afirmó que los ciudadanos ven protegidos sus derechos, principalmente a través de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones; y que el Tribunal ofrece una justicia administrativa que genera «una sólida confianza prejudicial».