Ocho ‘soplos’, cuatro de ellos anónimos, en el primer año del canal de denuncias de la Junta

El sistema interno de denuncias de la Junta –creado para canalizar cualquier información sobre una posible infracción dentro de la Administración autonómica– ha recibido ocho comunicaciones en su primer año en funcionamiento. La mitad de ellas fueron formuladas por personas que se identificaron y las otras cuatro, por denunciantes que prefirieron mantener su anonimato.

Ofrecer garantías a quien tiene conocimiento o sospechas de una irregularidad administrativa es uno de los objetivos de este canal de denuncias que Castilla y León puso en funcionamiento en mayo de 2023 para cumplir con la ley nacional 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, que a su vez traspone una directiva europea, la llamada directiva 'whistleblowing', que alude al concepto anglosajón de ‘tocar el silbato’.

En este primer año de vida, ocho denunciantes han activado ese ‘chiflo’ para trasladar alguna información sobre presuntos incumplimientos en el seno de la Junta, según los datos proporcionados por la Consejería de la Presidencia en respuesta a una solicitud de información pública formulada por este periódico.

A través del llamado Sistema Interno de Información, cualquier persona puede realizar una comunicación a través del formulario disponible en la página web de la Junta. Se puede presentar de forma anónima o ‘no anónima’, de modo que no es obligatorio rellenar los campos destinados a los datos personales del informante. El denunciante puede limitarse a relatar los hechos que puedan ser irregulares, añadiendo, si lo desea, documentación relacionada con esa posible irregularidad. Tanto si es anónima como identificada, al denunciante se le asigna un código para que pueda consultar el estado de tramitación o aportar información complementaria más adelante.

La entrada en vigor de esa normativa en España supuso ampliar el abanico de posibles denunciantes, que pueden ser tanto trabajadores del sector público como del privado, cuando tengan conocimiento de la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración autonómica. Durante este primer año en vigor, al menos una denuncia ha llegado desde el sector privado y otras tres, de los propios empleados públicos. En los cuatro casos restantes se desconoce la procedencia de la denuncia.

Por provincias, Valladolid es la que registra más denuncias (tres), seguida de Soria (dos). Mientras, Zamora, Salamanca y Palencia contabilizan una comunicación cada una. De las cuatro provincias restantes no ha llegado ninguna.

En cuanto a los departamentos o centros de trabajo señalados en las ocho denuncias formuladas, la Junta se ha limitado a indicar que tres de ellas afectan a la Consejería de Educación, otras dos a Sacyl, dos más a la Consejería de la Presidencia y una última a Medio Ambiente.

Preguntado por el tipo de infracción denunciada en cada caso, el departamento que dirige Luis Miguel González Gago sólo apunta que siete de ellas señalan ‘irregularidades administrativas’ y una al ‘acceso a la información pública’.

La respuesta de la Consejería de la Presidencia no abunda tampoco en las investigaciones iniciadas a raíz de estas ocho denuncias, aunque indican que sí han dado lugar a la apertura de actuaciones. En cuanto al estado actual de la tramitación, explican que las ocho siguen abiertas en este momento.

La regulación autonómica también amplió el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados. Desde hace un año, a través de este canal interno se pueden denunciar ‘las informaciones que contemplen acciones u omisiones que puedan constituir determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave’ en la ley nacional que traspone la directiva europea.

De partida, el ámbito de aplicación de la ley autonómica atañe a la Administración General y los organismos autónomos adscritos a ésta (Ecyl, Sacyl y Gerencia de Servicios Sociales). El texto abre la vía a que las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia y un máximo de 50 trabajadores puedan suscribir un convenio de colaboración para adherirse al mismo Sistema Interno de Información. De momento, ninguna entidad lo ha hecho, según la Consejería de la Presidencia.

El sistema considera denunciada a las personas físicas o jurídicas afectadas por la información, a las que se haga referencia en la comunicación y a quienes se atribuye la infracción o con la que se asocia la infracción, cualquiera que sea la condición del empleado público, alto cargo o personal a su servicio, o el vínculo jurídico que mantiene con la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o los Organismos Autónomos adscritos.

Ninguna de las denuncias ha dado lugar a la remisión de información Ministerio Fiscal.

La ley nacional procura varias medidas de protección para los informantes. Entre ellas, «gozarán de la garantía de que no serán removidos de su puesto de trabajo, cualquiera que sea su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable. Sólo de forma excepcional y mientras se sustancia el procedimiento, el denunciante podría ser trasladado a otro puesto: en este primer año no se ha adoptado esa medida.

Tampoco se han registrado ninguna denuncia falsa a sabiendas de que lo era, un extremo que conllevaría la apertura de un régimen disciplinario según lo establecido en el decreto ley.

El canal interno garantiza la confidencialidad y seguridad de la información y de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación.

El nuevo sistema de 'whistleblowing' en Castilla y León fue creado en Castilla y León mediante el decreto-ley 3/2023, de 20 de febrero. Con su publicación en el Bocyl, el 15 de mayo de 2023, quedaba derogada la anterior regulación autonómica, que en 2016 ya se propuso crear un marco de seguridad para animar a los informantes a trasladar este tipo de informaciones a la Inspección General de Servicios, adscrita a la Consejería de la Presidencia.

El responsable de la gestión del Sistema Interno de Información recae en la Inspección General de Servicios, una asignación que ya figuraba en la normativa anterior y que despertó las críticas de los trabajadores públicos al depender directamente de la Secretaría General de Consejería de la Presidencia. El texto ahora en vigor indica que la Inspección General de Servicios «desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma, no pudiendo recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio».

Por email o por teléfono

Un año después de su aprobación, el pasado 13 de junio el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo decreto para regular el procedimiento para la gestión y la tramitación de las comunicaciones que se reciban.

«Dicho Decreto recoge los principios de actuación con los que la Inspección General de Servicios tratará las comunicaciones recibidas: independencia, objetividad, respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor de los afectados, garantía de anonimato y confidencialidad, celeridad en las tramitaciones, proporcionalidad en las actuaciones, y pluralidad de vías de acceso para la presentación de las informaciones», informó la Junta en una nota de prensa.

Entre otras cosas, prevé que las comunicaciones puedan presentarse a través de la web de la Junta, por correo electrónico, mediante llamada telefónica al servicio de atención al ciudadano 012 o a su equivalente gratuito 983 327 850, por escrito en las oficinas habilitadas a este efecto, o de forma presencial mediante la solicitud de reunión.