Veganzones defiende eliminar "propinas" a sindicatos y afirma que "nadie en su sano juicio" financiaría el Serla
El consejero de Empleo asegura que "con el fin de que todas las organizaciones sindicales y empresariales puedan desarrollar las funciones constitucionalmente definidas, deben estar dotadas de plena libertad, independencia y autonomía"
![El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, durante su comparecencia en las Cortes.](https://imagenes.diariodecastillayleon.es/files/image_large/uploads/2024/07/03/66858b39aee74.jpeg)
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, durante su comparecencia en las Cortes.
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha defendido la eliminación del "gasto político ineficaz" como las "propinas" de "millones de euros" a organizaciones sindicales y ha subrayado que "nadie en su sano juicio" financiaría el servicio privado del Serla, que suponía un "chantaje" para la Junta.
En su intervención este miércoles en la Comisión Industria, Comercio y Empleo para hacer balance del ecuador de la legislatura, el consejero ha subrayado que "los más de 20 millones de euros" que han dejado de percibir sindicatos "de extrema izquierda" y patronal, han servido para poder diseñar una estrategia "disruptiva" de protección del trabajador.
Una de las primeras medias fue la reducción del dinero destinado a "participación institucional", que se redujo un 50%, pues "de los 4 millones de euros de 2022 se ha pasado a 1,5 millones en la actualidad", ha apuntado, para celebrar que "además se ha reconducido a una participación más democrática y plural reconociendo a todos los agentes sociales y económicos, tal y como fijan las sentencias del Tribunal Supremo".
En este sentido, ha señalado que el Diálogo Social debe ser "plural y democrático" y en el se deben reconocer los "consensos" por encima de los "vetos de la unanimidad". "Para cambiar este mal hábito y con el fin de que todas las organizaciones sindicales y empresariales puedan desarrollar las actividades y funciones constitucionalmente definidas de forma correcta, deben estar dotadas de plena libertad, independencia y autonomía", ha apostillado, informa Europa Press.
En materia de relaciones labores, ha ensalzado la línea denominada ATRER, "un instrumento realmente eficaz para ayudar a trabajadores y empresas que solicitan ERTES", y ha ensalzado el giro de su gestión que ha promovido pasar de "dar propinas al primero que llegaba" a "tener una herramienta estratégica para el futuro de las empresas de la región".
Asimismo, ha subrayado que en 2024 las políticas en materia de relaciones laborales incorporan "una gran novedad", como es el programa para mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción del absentismo laboral, "una forma de actuar de forma preventiva y anticipada" ante uno de los "problemas fundamentales".
Al respecto del absentismo, ha criticado las medidas del Ministerio de Sanidad como "auto justificar las bajas por enfermedad leve" o "la absurda propuesta asociarse a un sindicato o a asociaciones feministas para tratar los problemas de ansiedad, depresión y estrés derivados del trabajo". "Estas ideas son un insulto a los trabajadores y a sus familias", ha manifestado.
"Nosotros vamos a iniciar un programa, con un crédito inicial de 500.000 euros que se implementará por fases. En este momento estamos redactando las bases que combinan las medidas para reducir el absentismo con las de mejora de la competitividad empresarial, mediante el estímulo a la contratación, durante la baja de larga duración", ha avanzado al respecto.
Por otro lado, el consejero ha aseverado que desde el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Consejería, el SMAC, se han atendido 15.117 procesos de mediación previos a la vía judicial en conflictos laborales de los trabajadores, casi el 50% de las celebradas se resolvieron con avenencia.
Así, ha apostado por este servicio público y gratuito que se ofrece en todas las provincias frente a "las duplicidades y sobrecostes del servicio privado del Serla, que solo se ofrece en Valladolid y que deja sin citar una gran cantidad de demandas individuales".
"Con un coste para los ciudadanos de casi un millón de euros al año, nadie en su sano juicio financiaría este servicio privado pudiendo acogerse a un servicio público, de calidad y gratuito, como son los SMACS", ha sentenciado al respecto.
De este modo, ha defendido que se haya reducido la partida dedicada a financiar el Serla un 60%, "atendiendo las necesidades reales de un servicio de este tipo, que solo encontraría una posible justificación real en los conflictos colectivos, y sometido a un control del gasto que hasta ahora brillaba por su ausencia". Al respecto, ha criticado los dos requerimientos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Asimismo, ha aplaudido que "gracias a las últimas modificaciones en la Ley de 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León establecidas por la Ley de 47/2014 de 9 de mayo de medidas tributarias, financieras y administrativas, se podrá evitar el chantaje que para la Junta suponía el funcionamiento del Serla por parte de los sindicatos de extrema izquierda". "Esta variación permitirá un importante ahorro de costes y una mejora sustancial del control del gasto y de la calidad del servicio", ha valorado.
En materia de prevención de riesgos laborales, ha apuntado a un "giro estructural" de las políticas que previamente eran "ineficaces y equivocadas" para reducir la siniestralidad. "Los millones de gasto político ineficaz que se repartían en las subvenciones de participación institucional, el Serla y las visitas en PRL, han servido para iniciar nuevos programas para las empresas; para invertir en la salud laboral de los trabajadores; para eliminar los riesgos en los puestos de trabajo y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores", ha señalado.
En este contexto, ha puesto en valor la nueva Estrategia de Seguridad Salud y Bienestar Laboral, aprobada por la Junta de , "totalmente disruptiva y compuesta por 7 misiones, 6 objetivos generales, 25 específicos y 101 medidas". Esta "tiene como visión, superar los conceptos clásicos de protección y prevención y llegar hacer realidad el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de las empresas".
Por último, ha denunciado que el Gobierno central "no incentiva a las empresas para mejorar su seguridad" y "las ahoga con subidas de impuestos y trabas, las quema con más costes laborales". "España ya es el segundo país de la UE más caro para crear el empleo", ha advertido el consejero, quien ha precisado que Castilla y León pasó de 52 accidentes laborales mortales en jornadas de trabajo en 2022 a 38 en 2023.