El CES pide a Veganzones volver al modelo del Diálogo Social y cumplir con los acuerdos

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) mostró su  “profunda preocupación” por la “inexistencia de procesos” de Diálogo Social en el ámbito de la Administración laboral y del empleo en la Comunidad, competencias de la Consejería de Industria, Comercio y Empelo que dirige Marino Veganzones (VOX). El CES alerta que la situación  “se agrava con la casi inexistencia de participación institucional en los órganos tripartitos”. “Todo ello en contraposición a lo acontecido históricamente en Castilla y León”, indica en las recomendaciones de su informe anual presentado hoy.

El órganos consultivo recuerda que el proceso de concertación entre agentes económicos y sociales y Junta “sufre desde hace tiempo dificultades en su desarrollo” y denuncia que “no se produjeron nuevos acuerdos durante el año 2023, algo completamente insólito en los años anteriores”.

Agrega que la Comisión Permanente del Consejo de Diálogo Social, que es el órgano encargado de encauzar todos estos procesos, lleva sin convocarse, y por tanto sin celebrar reuniones, más de 22 meses, “incumpliendo la propia Ley 8/2008, muestra clara del deterioro institucional y de los procesos de diálogo social durante este período”.

A la “parálisis” en nuevos acuerdos, se une, indica, que parte de los actuales 17 acuerdos firmados y en vigor “están siendo incumplidos por la Junta de Castilla y León y en particular por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo", informa Ical. 

En este contexto, la institución propia insta al Gobierno regional y específicamente al departamento que dirige Mariano Veganzones a retomar el modelo de Diálogo Social Tripartito y a cumplir con los acuerdos vigentes, puesto que considera que “la firma de cualquier acuerdo de Diálogo Social supone la asunción de un compromiso por parte de todos los firmantes”.

El presidente del CES, Enrique Cabero, apeló a recuperar el ambiente y la confianza en todos los ámbitos del Diálogo Social, como “principio rector de la política pública”, porque la normalidad en los procesos de concertación siempre ha dado lugar a acuerdos “positivos” para toda la sociedad”. “recuperemos transversalmente el clima de confianza”, dijo.

Por otra parte, el relación al Serla, el CES defiende su importancia y apela a “reforzar este servicio, dotándolo de recursos económicos suficientes para garantizar su correcto funcionamiento en el ejercicio de las funciones constitucional y legalmente reconocidas a los órganos de solución autónoma de conflictos”.

Denuncia al respecto que como consecuencia de una aportación dineraria insuficiente de la Junta de Castilla y León a la Fundación Pública Serla, “la situación durante este año 2023 se ha agravado con relación al año anterior, de modo que no ha podido hacer frente a sus obligaciones”.

El CES también recrimina que la modificación de la ley de fundaciones para acabar con la unanimidad en la toma de decisiones del servicio, se aprobó a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad, “sin emisión previa de informe de los órganos consultivos”.

“Desde el CES consideramos que la Fundación Pública SERLA debe ser apoyada, impulsada y financiada de forma adecuada y suficiente desde la Administración Autonómica, por ser quien tiene que ejecutar las competencias transferidas en esta materia, y por ser el Serla el servicio público que lleva a cabo las funciones de solución extrajudicial de conflictos laborales, las cuales están constitucional y legalmente reconocidas a los órganos de solución autónoma. Por ello recomendamos el cumplimiento de los acuerdos firmados para establecer una confianza mutua entre las partes”, resume.

Por último, en relación al Servicio Público de Empleo de la Comunidad, el ECyL, el CES sostiene en su informe que “sigue siendo necesario un reforzamiento” tanto en sus medios personales, como materiales, incluyendo la dotación de mayores funcionalidades a su página web.

“La falta de convocatoria por parte del ECYL de los órganos consultivos de participación, entre los que destaca el Consejo General de Empleo y sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, hace que desde el CES solicitemos al ECyL reconducir esta circunstancia para volver a la senda del diálogo, consulta y participación”, indica.

Formación e inmigración

Por otra parte, en materia de formación, el CES insiste en la necesidad de desarrollar efectivamente un mapa de necesidades formativas que, con la participación de agentes económicos y sociales más representativos, se adapte constantemente tanto territorial como sectorialmente a las circunstancias del tejido productivo teniendo muy en cuenta el contexto actual y donde la cualificación y recualificación en los ámbitos de la economía de los cuidados y la transición verde y digital deben ocupar un papel importante".

Así, recomienda que, en el marco del Diálogo Social y con la participación del Consejo Económico y Social, se cree el distintivo de empresa formadora para reconocer la implicación amplia y de calidad de las empresas y otras entidades empleadoras en los procesos formativos en los niveles de formación profesional y universitarios, favoreciendo en este ámbito la iniciativa público-pública y público-privada.

Para finalizar, en inmigración, apuesta por la creación de la figura ‘Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación’, para otorgar a las víctimas de discriminación y, en particular, a las personas inmigrantes, la orientación precisa y la atención integral que necesitan, así como favorecer la incorporación laboral de las personas trabajadoras más vulnerables, entre ellos las personas inmigrantes

Asimismo, el CES pide que se trate en el seno del Diálogo Social el nuevo Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León.

8.000 millones

Por otro lado, el CES estima que Castilla y León "no debería recibir menos de 8.000 millones" de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en consonancia con su participación en el PIB total español.

El órgano consultivo asegura en las recomendaciones de su Informe Anual de Situación Económica y Social de la Comunidad de 2023, que dada la estructura productiva de Castilla y León “estos recursos supondrían una oportunidad única que no debemos desaprovechar, puesto que esta cantidad supera el montante total de fondos estructurales recibidos por nuestra Comunidad Autónoma en lo que va de siglo”, informa Ical.

En este contexto, el CES muestra de nuevo “su firme voluntad de participar con la Junta y las Cortes de Castilla y León en la definición, el avance y la evaluación del desarrollo autonómico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Advierten, desde el CES, de la necesidad de que haya una coordinación público-privada consensuada para lograr “una efectiva canalización y capilaridad de los préstamos, en tiempo y forma”. Asevera que se debe evitar, con un tejido productivo con elevado predominio de pymes, que “una parte importante” pueda quedar al margen de los beneficios que estos fondos pueden aportar para mejorar su competitividad”. “Este aspecto es clave y pensamos que es donde está el verdadero reto: modernizar las cadenas de valor en su integridad y alcanzar la autonomía estratégica abierta en el ámbito productivo a través de un proceso de reindustrialización de alto valor añadido”, agrega.

Por último, el CES considera que para lograr los objetivos perseguidos con los PERTE “resulta necesario que las ayudas lleguen de manera sencilla y con rapidez a sus destinatarios”.