Transparencia exige otra vez a Educación que difunda las notas de la Ebau por centros

De nuevo ha tenido que intervenir la Comisión de Transparencia para recordarle a la Consejería de Educación que las notas de la Ebau desglosadas por centro educativo son información pública. Y que está obligada a proporcionárselas al ciudadano que lo pida. En una resolución recién publicada por este órgano independiente– adscrito al Procurador del Común– estima la reclamación de una persona que había solicitado diversa información sobre alumnado en Castilla y León, entre ella, la nota media obtenida por cada colegio e instituto en las pruebas de selectividad. Ese ranking de centros fue publicado por primera vez por este periódico en 2019, entonces también pese a las reticencias iniciales de la Junta, siendo entonces consejero Fernando Rey, y gracias a una pionera resolución del garante de la Transparencia en la Comunidad.

Después de varios cursos aviniéndose a divulgar esa información, el departamento que ahora dirige Rocío Lucas ha vuelto a enrocarse en la negativa a facilitarla, esgrimiendo en cada caso motivaciones distintas.

En el caso sobre el que acaba de pronunciarse Tomás Quintana, la Junta inadmitió la petición del reclamante con el razonamiento de que se trataba de una solicitud «abusiva» y «no justificada» de información y que satisfacerla requeriría una «acción previa de elaboración». Esas posibles causas de inadmisión están previstas en la ley nacional pero a juicio del Comisionado de Transparencia no concurren en este caso, al constatar que la Consejería dispone en sus sistemas informáticos de bases de datos con el nivel de detalle solicitado por el reclamante.

Se aferraba Educación a la «indefinición» de la petición, que no concretaba a qué años se refiere la solicitud (pedía datos sobre el número de alumnos por centros, nota media de la Ebau en Castilla y León y en cada uno de los centros educativos, número de alumnos que promociona en la ESO y número de solicitudes presentadas, admitidas e inadmitidas en el proceso de admisión en todos los colegios públicos, concertados y privados). Al no precisar a qué curso o cursos se refería el solicitante, la Consejería decidió interpretar que la petición abarcaba toda la serie histórica, desde la transferencia educativa a las comunidades. «Se deduce que requiere la información de todos los cursos escolares desde que esta Comunidad asumió las competencias en materia de educación, es decir, 25 años», justificó el departamento que dirige Rocío Lucas en su escrito remitido a la Comisión de Transparencia. Esa oportuna ‘deducción’, sirvió de base para «categorizar claramente el carácter abusivo de la petición». Transparencia, sin embargo, sostiene que no se puede constatar que la solicitud aludiera a ese periodo de dos décadas, y plantea que «debería ser la correspondiente» al último curso disponible, es decir, el 2021/2022, ya que la petición se formuló en diciembre de 2022.

Llega a esgrimir Educación que elaborar la información solicitada «supondría un esfuerzo desproporcionado en recursos materiales y personales». Más aún: que podría generar un «colapso» en la Consejería porque «supondría un ímprobo e ingente esfuerzo en las unidades administrativas que, obviamente, obstaculizaría el funcionamiento ordinario y normal de la actividad administrativa».

Esas justificaciones son rechazadas de plano por Tomás Quintana. Considera que «las alegaciones de la Consejería de Educación no vienen avaladas por una ponderación razonada basada en indicadores objetivos, sino que son meras manifestaciones genéricas sin ningún dato que las avale».

Uno a uno, evalúa para cada uno de los puntos solicitados para analizar si el argumento de Educación es válido. Y en todos ellos concluye que no lo es, repitiendo con idénticas palabras la misma «evidencia», repetida en cinco ocasiones a lo largo de su resolución: «que la información solicitada obra en poder de la Consejería de Educación, en una base de datos con el nivel de detalle solicitado por el reclamante». No puede, por tanto, considerarse una petición abusiva, anota Transparencia, ni sostener que pueda «obstaculizar el funcionamiento ordinario de la actividad administrativa de una Consejería porque son datos que ya han sido remitidos al Ministerio, añade la resolución.

Tampoco admite Transparencia que se trate de información que carezca de interés público, como también pretendía sostener Educación.

En el apartado concreto de las notas de la EBAU por centros, el Comisionado de Transparencia recuerda que ya en 2019 se pronunció sobre este mismo asunto, entonces en respuesta a una reclamación presentada por este periódico. Y que a raíz de su fallo, Educación proporcionó las calificaciones desglosadas por centros educativos entre los años 2008 y 2018 en Valladolid. En años posteriores, además, la Consejería volvió a difundir el listado en cada uno de los centros de toda Castilla y León.

Sin embargo, las últimas peticiones para obtener esa información han sido denegadas. Si el cambio de postura es llamativo, no lo es menos las nuevas razones para sostenerlo. El verano pasado, Educación despachó varias peticiones (entre ellas, una de este periódico) explicando que la Coebau, que es la comisión organizadora de la selectividad, había acordado «estudiar un protocolo de actuación para la difusión de información relativa a la Ebau». Es decir, que se negaba a atender peticiones de información ya registradas en base a una mera intención planteada en una reunión celebrada con posterioridad. Algó así como aplicar con retroactividad un protocolo que ni siquiera existe todavía.

«Esta Comisión, integrada por los Rectores de las Universidades Pública de Castilla y León, además de por distintos miembros de la Consejería de Educación, tiene entre sus funciones la de establecer los mecanismos de información adecuados sobre la prueba de la que se requiere información», apostillaba la respuesta de Educación, también recurrida al Comisionado de Transparencia y pendiente de respuesta. Al respecto, también solicitamos las actas de esa reunión de la Coebau de septiembre y las posteriores, sin que Educación haya respondido todavía (el plazo legal es de un mes, aunque lo supera con creces de forma sistemática).

Este periódico ha preguntado a la Consejería por su intención de cumplir la nueva resolución vinculante de la Comisión de Transparencia, sin haber obtenido respuesta.